La advertencia sobre el despotismo o la omnipotencia de la mayoría es vieja, ya lo señalaba Alexis de Tocqueville en su clásico trabajo de “La Democracia en América”, escrito hace casi dos siglos; no tardaría mucho tiempo para que La historia política mostrara lo acertado de esa admonición, pues los sucesos ocurridos después de la primera guerra mundial dieron cuenta de la consolidación de reconversiones de corte autoritario en el marco de regímenes democráticos.

Se había considerado que el ascenso continuo de los regímenes democráticos, en el marco de una tendencia caracterizada por la ampliación de las libertades y por el control que ejercía la mayoría sobre el poder a través de los sistemas republicanos, resultaba imbatible e irrefrenable; pero lamentablemente no fue así. Tuvieron razón los clásicos cuando mencionaban la proclividad de mudanza de los regímenes políticos en su traslado entre la monarquía, la aristocracia y la democracia y de las formas degeneradas de éstas respecto de la tiranía, la oligarquía y la demagogia.

Cierto, el desarrollo de las democracias no fue inmutable; las mayorías podían ser anuentes- y lo fueron- a dar pie, bajo ciertas circunstancias, al fascismo, al nazismo y a los distintos géneros de populismo. América Latina no fue ajena a este fenómeno, más bien lo confirmó dando hospitalidad a expresiones populistas en buena parte de los países que la conforman.

Por su parte, México tuvo una expresión peculiar de ese fenómeno a través del proceso registrado del caudillismo, al presidencialismo y su conexión con el sistema de partido hegemónico, en el contexto de un régimen en el cual se mantuvo el dominio de un solo partido en condiciones de compatibilidad con la práctica regular de elecciones libres, y en coexistencia con una línea de asenso de los niveles de bienestar de la población, del crecimiento económico y, además, en medio de una estabilidad política consolidada. Ello, sin menoscabo del relevo de los gobiernos conforme a las disposiciones legales establecidas.

El caso mexicano, dada su peculiaridad, fue objeto de reiterados estudios por parte de analistas y estudiosos nacionales y extranjeros. Eso que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, no tenía tal perfección, ni tampoco podía acreditarse como una dictadura, por más que la permanencia de una sola fuerza política en el poder le generaba alguna semejanza; sin embargo, la plasticidad de la expresión empleada por el brillante y destacado escritor peruano fue sugerente y cautivante. En medio de la controversia, el país buscó cómo abrir su sistema político sin caer en la fractura o en la crisis.

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Se experimentó un gradual ascenso hacia la pluralidad en términos de la participación de diversas fuerzas políticas y de su protagonismo como integrantes del Congreso federal. Más adelante, La transición democrática y la alternancia política distanciaron plenamente a México de su eventual perfil dictatorial; con ese impulso y, como en otras partes y momentos, se consideró que el despliegue democrático del país iría en ascenso, pero también, como sucedió en distintos confines, esa marcha fue interrumpida a través de la irrupción de la tiranía de una mayoría conformada a partir de las reglas republicanas para conquistar el poder, pero presta a instrumentar un régimen que reencontrara los mecanismos encaminados a garantizar la permanencia de la fuerza política gobernante, repudiando así la pluralidad política y el relevo de partidos en el poder.

No sólo se ha tratado de una ambición para conservar el poder político; sino, como cada vez resulta más evidente, una fórmula para preservar complicidades, vínculos inconfesables y asegurar impunidad a quienes contribuyeron a lograr la conquista presidencial en 2018 y después en 2024. El desenfreno de la corrupción, la alta dispersión de recursos emanados de ella y la actuación endeble de las autoridades para combatir la ilegalidad, marcan una línea de explicación a la instrumentación de reformas y acciones que son nocivas para la vida democrática del país, pero que exacerban el control presidencial.

Las evidencias de intervención del crimen organizado en los procesos electorales como es innegable ocurrió en Sinaloa en 2021, así como del desdén del gobierno para esclarecer esos hechos, muestra un tejido político que entremezcla el poder con la delincuencia y que convierte a ésta en actor político.

En tal circunstancia, la conservación del poder y su concentración, no solamente se explican por la naturaleza autoritaria del régimen que se instaura, ya que obedece también -y de forma prioritaria- a la vía paralela de interacción que se realiza desde la ilegalidad tolerada. Ahí tiene su origen la brutal corrupción que acompaña al gobierno, como ha ocurrido con Segalmex o con la operación del huachicol fiscal, donde la actuación de las autoridades ha sido pasmosa y permisiva.

El gobierno se manifiesta irritado con la corrupción exhibida en la reciente gestión de quien fuera presidenta del Consejo General del INE, e intenta deshacerse mediáticamente de sus nexos con ella, para lo cual pide una extensa auditoría del ejercicio del gasto del Instituto dentro de un periodo que abarca a otras gestiones del organismo, como un evidente recurso para quitar el foco de atención sobre quien presidió esa instancia autónoma y, de paso, desacreditar al INE y desdibujarlo como emblema de la democracia en el país.

Pero la magna corrupción en torno al huachicol fiscal no aparece en esa dura acometida, lo que evidencia que se carece de una verdadera política para erradicar la corrupción y, en cambio, se cuenta con un aparato para defender la narrativa oficial y para denostar a los personajes incómodos.

La mayoría morenista que alcanzó el 54% de los votos con sus aliados, se convirtió en una representación del 73% en la Cámara de Diputados; ese salto fuera de toda proporcionalidad no fue un milagro, más bien se trató de un impulso regresivo para detener el pluralismo y traicionar la vocación para evitar la sobrerrepresentación excedida en ese órgano legislativo, así como para impedir los candados y límites establecidos para la conformación de mayorías calificadas.

Es evidente que la mayoría morenista se manifiesta como dictadura y que pretende perpetuarse en esa condición a partir de someter al gobierno a los intereses de su partido, de predominar a partir del predominio presidencial y de encubrir a sus cómplices. Ahí está la dictadura de la mayoría.