Las políticas públicas deficientes que implementan los gobiernos para la prevención de los delitos no son suficientes para lograr un bienestar generalizado en la población; México cuenta con un amplio entramado de leyes, códigos y normas que regulan la convivencia social y establecen consecuencias jurídicas para diversas conductas delictivas, pero no disminuyen la incidencia delictiva.
Analizando la situación que se vive en México con mi compañero de Maestría que estudiamos en Criminología, Osiel Reséndiz, abogado y criminólogo, coincidimos en que gran parte de la respuesta institucional se concentra en atender las consecuencias del delito una vez que este ocurrió, mediante investigaciones, sanciones, aumento de penas, creación de nuevos tipos penales o reformas a los ordenamientos jurídicos, pero no atienden las condiciones que favorecen la aparición de determinadas conductas que afectan a la sociedad.
Sin embargo, esto nos llevó a una pregunta fundamental: si tenemos tantas normas y mecanismos de sanción, ¿por qué la incidencia delictiva continúa siendo un problema?
Destacamos que es primordial que especialistas multidisciplinarios atiendan factores de riesgo criminógenos que pueden estar relacionados con la conducta delictiva: psicólogos, psiquiatras, neurólogos, criminólogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales y especialistas en educación, tienen que trabajar de forma interdisciplinaria; identificar las condiciones sobre las cuales pueden desarrollarse estrategias preventivas: políticas públicas.
Las y los gobernantes tienen la obligación de identificar factores de riesgo y diseñar intervenciones preventivas, particularmente en comunidades, familias, escuelas y entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Durante la charla con fundamentos, nos referimos a los legisladores que hacen populismo legislativo con la intención de engañar a las personas para conseguir simpatizantes. Se rasgan las vestiduras y anuncian mediáticamente que elaborarán o endurecerán leyes como una respuesta inmediata frente a problemas que generan indignación social. Ya no queremos leyes hechas al vapor.
Una nueva ley puede ser políticamente visible y generar una percepción inmediata de acción; en cambio, la prevención suele ser menos visible porque sus resultados pueden observarse a largo plazo y, en ocasiones, consisten precisamente en aquello que nunca ocurrió: un delito que no se cometió.
Por ello, antes de crear nuevas normas habría que preguntarse: ¿El problema es realmente la ausencia de una ley? ¿La legislación existente no es suficiente o simplemente no se está aplicando? ¿Cuáles son las causas o factores de riesgo? ¿Qué instituciones deben intervenir? ¿Qué estrategia preventiva puede implementarse y cómo se medirá su eficacia?
Se necesita un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes. Esto no significa sustituir las funciones de policías, fiscalías o jueces, sino complementar la respuesta penal con una verdadera política de prevención.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a preguntar “¿qué nueva ley necesitamos?”, sino también “¿qué está provocando el problema y qué podemos hacer para evitar que ocurra?”.
El objetivo no debe ser tener cada vez más leyes, sino contar con mejores diagnósticos, mejores políticas públicas, instituciones capaces de aplicar las normas existentes y estrategias preventivas basadas en evidencia. No corrupción y no colusión.
La sociedad que queremos no se construye únicamente sancionando a quienes ya cometieron un delito; también se trabaja identificando y atendiendo las condiciones que pueden favorecer que ese delito ocurra.