Es bien conocido el desdén del presidente Trump hacia la ley y el orden institucional. A semejanza de su homóloga mexicana -y del predecesor de ésta- ha hecho expreso su repudio en relación con las restricciones o limitaciones impuestas por jueces federales.
Lo sucedido estos días en Los Ángeles no tiene precedente desde tiempos de Lyndon B. Johnson, cuando el demócrata federalizó, sin el consentimiento del gobernador, la Guardia Nacional del estado de Alabama con el propósito de proteger a los manifestantes frente a las autoridades locales y organizaciones racistas abiertamente contrarias a los derechos civiles de los afroamericanos.
Trump y el gobierno federal han aseverado que no han contravenido la ley. Sin embargo, conviene señalar que, de acuerdo al marco legal estadounidense, el presidente puede enviar a la Guardia Nacional bajo estrictos condicionantes, tales como la existencia de un intento de insurrección
El gobernador de California, Gavin Newsom, en colaboración con la alcaldesa Karen Bass han sostenido repetidamente que, a diferencia de lo que argumenta Washington, los disturbios en Los Ángeles se han limitado a ciertos distritos del centro de la ciudad, y no representa -a juicio de los funcionarios demócratas- una amenaza que exija el apoyo de fuerzas federales.
En adición al despliegue de la Guardia, Trump ha enviado 700 marinos a la ciudad, a la vez que el secretario de defensa insistía el lunes por la presencia de soldados en las calles.
El presidente también se ha excedido en la aplicación de la ley migratoria. Mientras sus antecesores habían limitado el despliegue de las autoridades federales a la zona fronteriza, el gobierno de Trump lo ha hecho ahora en el corazón de las ciudades santuario; situación caótica que podria extenderse hacia ciudades como Chicago o Nueva York.
Como se mire, Trump ha mostrado de nuevo su rostro autoritario. Por un lado, ha abusado del poder federal en el ejercicio de la detección de los migrantes (bajo perfiles raciales) y por el otro, mediante una interpretación perversa de las competencias de las autoridades federales en materia de salvaguarda del orden.
Lo ha hecho -se estima- como elemento de sus promesas incumplidas durante su primer mandato; cuando, según ha trascendido, miembros sensatos dentro de su gabinete le recomendaron que no cruzase la línea roja en materia migratoria.
Los disturbios han continuado a lo largo de las últimas horas, mientras los indocumentados, muchos de ellos hombres y mujeres que respetan la ley y cumplen con sus obligaciones fiscales, temen por su futuro en Estados Unidos.