El artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lee: “Para ser ser electo ministro de la Corte se requiere... gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión…”

A lo largo de los últimos días, tras haber trascendido que la ministra Norma Piña habría aceptado la apertura de una carpeta de investigación por supuestos actos de corrupción contra Arturo Zaldívar, la Suprema Corte de Justicia se ha visto envuelta en un escándalo sin precedente.

Por primera vez en la historia de México, o al menos, de lo que me ha venido ahora a la memoria, el máximo tribunal jurisdiccional del país ha sido víctima de una polémica que involucra a su presidente y a un ministro en retiro.

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Se trata, a todas luces, de una gravísima crisis de legitimidad pública que parece profundizar la polarización en torno a las funciones mismas de la Corte.

Por un lado, como bien se sabe, Arturo Zaldívar, seguramente motivado por sus aspiraciones políticas, y quizás aburrido de la labor judicial, decidió traicionar el espíritu de la Corte y sumarse a la campaña política de la candidata oficial.

¿O su salida de la Corte y su adhesión a la campaña de Claudia no han sembrado serias dudas en torno a su independencia mientras servía como garante de la legalidad constitucional? ¿No fue el propio AMLO quien reconoció abiertamente que él mismo llamó a Zaldívar en varias ocasiones para hablar sobre asuntos judiciales?

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Y por el otro, Norma Piña, quien ha demostrado conducirse con un impecable sentido de responsabilidad, ha quedado ahora expuesta como una supuesta corifea de la candidata opositora.

No nos equivoquemos. A diferencia de Zaldívar, el trabajo de la ministra Piña ha estado marcado por un respeto absoluto a la letra constitucional. Sin embargo, AMLO y sus propagandistas, en su afán de desacreditar al poder Judicial para justificar sus violaciones a la Carta Magna, han pretendido descalificar a la presidenta tildándola de parcial y de apoyar el proyecto político de Xóchitl Gálvez.

A reserva de que se conozca el desenlace del entramado protagonizado por Piña y Zaldívar, la realidad apunta hacia una crisis institucional en el seno de la Suprema Corte.

Esta crisis amenaza con la destrucción de la legitimidad pública del tribunal, el prestigio personal de sus ministros, y con ello, pone en riesgo a la integridad del Poder Judicial frente a los embates autoritarios anunciados por el plan C.