La reciente decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, anunciada por el secretario Marco Rubio, de restringir visados a funcionarios extranjeros que participen en la censura de ciudadanos estadounidenses, marca un giro significativo en la política exterior estadounidense. Esta medida que busca proteger la libertad de expresión de los estadounidenses tiene implicaciones directas para países como México, especialmente en el contexto de la nueva Ley de Telecomunicaciones propuesta por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Ley de Telecomunicaciones ha generado preocupación entre organizaciones civiles y expertos en derechos digitales. El controvertido Artículo 109 permitiría al Estado bloquear plataformas digitales y redes sociales sin necesidad de una orden judicial, bajo argumentos como la protección de la seguridad nacional o el orden público. Críticos argumentan que esta facultad podría ser utilizada para censurar medios críticos al gobierno y limitar la libertad de expresión en el país.
La administración Sheinbaum ha defendido la ley negando intenciones de censura y argumentando que las medidas buscan sancionar incumplimientos fiscales o legales. Sin embargo, la ambigüedad en la redacción del texto legal ha sido señalada como un riesgo para los derechos digitales en México.
La postura de Estados Unidos, al implementar restricciones de visado para quienes participen en la censura de ciudadanos estadounidenses, podría tener consecuencias para funcionarios mexicanos que apoyen la Ley de Telecomunicaciones. Aunque no se han especificado países o individuos afectados, la medida refleja una política más agresiva de defensa de la libertad de expresión por parte de la administración Trump.
Es importante recordar que la relación entre México y Estados Unidos ha sido tensa en temas migratorios. La presidenta Sheinbaum ha rechazado medidas unilaterales de la administración Trump como el programa “Quédate en México”, y ha enfatizado la necesidad de un trato de iguales en la relación bilateral.
En este contexto, la implementación de una ley que podría ser percibida como una herramienta de censura, no sólo pone en riesgo los derechos digitales en México, sino que también podría afectar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Es esencial que el gobierno mexicano considere las implicaciones internacionales de sus políticas y garantice la protección de la libertad de expresión en el país.
La defensa de la soberanía nacional no debe ser excusa para limitar derechos fundamentales. La libertad de expresión es un pilar de la democracia y debe ser protegida tanto a nivel nacional como internacional.