La tentación de militarizar va de la mano del deterioro de las contenciones propias del régimen democrático. Cada gobernante con sus demonios; en el caso de López Obrador el enemigo era la corrupción, los llamados delincuentes de cuello blanco, no era el crimen organizado, a pesar de la elevada cuota de sangre inocente y la amenaza al Estado; su primer despliegue fue contra el robo de combustibles y la aprehensión del responsable de la seguridad de Pemex. La fascinación por la disciplina y la obediencia hizo entregar a las fuerzas militares aduanas, obra pública, logística, puertos, aeropuertos, trenes, empresas y, desde luego, la seguridad pública, propias de autoridades civiles según las mejores prácticas en el mundo.
En EU pocos imaginaron que Donald Trump recurriera a las fuerzas militares para atender el tema migratorio. Se concedió la vigilancia de la frontera, pero no se previó que se utilizara para responder a las manifestaciones en Los Ángeles, en operativos contra migrantes indocumentados. No fue un accidente, sino un diseño a modo para solventar las necesidades políticas del presidente frente a sus rivales. Las protestas y en particular sus excesos le vinieron a Trump como anillo al dedo, respondió con el despliegue de la guardia nacional sin consentimiento del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y luego envió a 700 marines. En 1992, también en Los Ángeles, el presidente George W Bush invocó la Ley de Insurrección, pero a solicitud del gobernador y del alcalde de la ciudad para restablecer el orden después de los desórdenes por la sentencia que absolvió a varios agentes de policía por el homicidio de Rodney King. La secretaria del interior, Kristi Noem en la Casa Blanca, ante el presidente acusa a la presidenta Sheinbaum de incitar a la violencia, señalamiento infundado y con la intención de neutralizar la postura mexicana que condena el uso de la violencia.
Militarizar es una puerta falsa para encarar un problema social que expone a los derechos humanos. La migración y la delincuencia de cuello blanco o la convencional son un problema que no puede resolverse bajo la lógica de la fuerza propia de la visión castrense. La desesperación no es buena consejera; hace pensar a muchos que los militares son la respuesta para enfrentar a criminales violentos con enorme capacidad de fuego y poder de intimidación. Llama la atención que se privilegie la fuerza y no las finanzas; de la UIF en tiempos de López Obrador más se sabe por sus acciones contra políticos y periodistas que contra criminales. Al menos el secretario Omar García Harfuch ha privilegiado el tema de la inteligencia a manera de actuar con mayor eficacia, y los resultados le dan la razón, aunque necesariamente más temprano que tarde tendrá que encarar la protección política a criminales.
Militarizar para Trump es dar el curso esperado para recuperar el consenso que ha perdido por los aranceles, el desorden en su gobierno, las amenazas al sistema de bienestar social y las agresiones al régimen de legalidad y de libertades. La sociedad norteamericana comparte la idea falsa de que los migrantes son una suerte de invasores, muchos de ellos criminales. No es tal: la contribución positiva a la economía y las tasas de criminalidad no se asocian al migrante ilegal. Por cierto, Los Ángeles vive sus tasas más bajas de criminalidad; bajo cualquier estándar es una ciudad segura.
La presidente Sheinbaum no comparte con López Obrador su debilidad por los militares, como revela su política de seguridad, y su reacción ante el incidente en el Foro Alicia de la Ciudad de México. De hecho, el país y las mismas fuerzas armadas pagan las consecuencias de que los militares sean distraídos de su responsabilidad insustituible que es la salvaguarda de la seguridad nacional. Los perniciosos efectos tienen por origen la incapacidad para diferenciar los temas de seguridad pública, propios para la atención de las fuerzas civiles, de los de seguridad nacional. Antes de López Obrador presidente, el Ejército y la marina eran garantía de sobriedad, probidad y lealtad. Deseable por el bien de todos que resistan la embestida al quedar expuestos por actividades ajenas a su cometido fundamental y que son propensas a la venalidad.
El deterioro de la democracia va acompañado de la militarización. Las libertades y la certeza de derechos son problema para los gobiernos populistas. No hay coartadas para atender la corrupción y el deterioro de la calidad del servicio público, problemas que la modernidad plantea. Militarizar a rajatabla no sólo es un error, es una amenaza porque plantea eliminar al enemigo.