La reciente resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que revocó lo emitido bajo el expediente JDCI /62/2025 la imposición de un agente municipal en Santa Cruz Huatulco no es solo una noticia más. Es una sacudida a fondo a las estructuras de poder local, una victoria del pueblo sobre la imposición y un recordatorio de que la democracia vive y se defiende desde abajo.
La sentencia del TEPJF lo dejó claro: no se puede justificar la omisión del voto popular sin pruebas fehacientes. En este caso, el ayuntamiento actuó de manera discrecional, repitiendo una práctica autoritaria que desconoce por completo la participación ciudadana. La Sala Xalapa ordenó emitir una nueva convocatoria y realizar un proceso democrático abierto. Una decisión que, aunque pueda parecer técnica, es en realidad una victoria cívica que debe reconocerse.
Este episodio revela una crisis política más profunda. Nuestra democracia local ha sido secuestrada por redes clientelares, acuerdos en lo oscurito y simulaciones institucionales. En muchos municipios oaxaqueños, el ciudadano no elige: se le impone. Y esto no solo es un problema legal, es también un obstáculo para el desarrollo.
Desde la economía institucional sabemos que la legitimidad importa. Las autoridades que surgen de procesos democráticos generan más confianza, promueven mayor cooperación social y gestionan mejor los recursos públicos. En cambio, las imposiciones generan conflictos, desconfianza y corrupción. ¿Cómo exigir rendición de cuentas a una autoridad que no fue electa por la comunidad? ¿Cómo fomentar el desarrollo cuando quienes gobiernan no tienen arraigo ni legitimidad?
En Santa Cruz Huatulco esta realidad es especialmente dolorosa. Somos un destino turístico de renombre internacional, con gran riqueza cultural y natural, pero seguimos atrapados en prácticas políticas de otra época. La sentencia del TEPJF nos da una oportunidad: repensar nuestro modelo de gobierno local, democratizar la toma de decisiones y recuperar el derecho a elegir.
Esto no es un asunto menor. En términos económicos, la falta de representatividad frena inversiones locales, deteriora la planeación urbana y desvía recursos que deberían estar al servicio de la comunidad. Cuando hay gobernanza legítima, los proyectos tienen más posibilidades de éxito porque cuentan con respaldo social y vigilancia ciudadana. Sin democracia, no hay desarrollo sostenible.
Además, no podemos perder de vista que la política local es el primer contacto que la ciudadanía tiene con el poder público. Es en la agencia municipal donde se resuelven o se ignoran problemas tan sensibles como la recolección de basura, la seguridad en barrios, la gestión del agua o la regulación del comercio. Tener autoridades impuestas afecta directamente la calidad de vida cotidiana, y si no corregimos este modelo ahora, el costo social se seguirá acumulando con cada decisión que no representa al colectivo.
La situación de Huatulco es también una ventana al resto del país. Oaxaca es solo un ejemplo de muchas entidades donde las estructuras locales carecen de contrapesos reales. La democracia en México no se agota en los procesos presidenciales o en el Congreso: se construye en las agencias, en los cabildos, en las asambleas comunitarias. Por eso, esta sentencia debe interpretarse como un llamado nacional a proteger la soberanía popular desde lo más inmediato: nuestras colonias, barrios y agencias.
Es momento de exigir al Ayuntamiento de Huatulco que actúe con responsabilidad, que convoque a elecciones limpias, y que permita que sea el pueblo y no una mesa cerrada quien decida a su agente municipal. Pero más allá de este caso puntual, necesitamos una reestructuración profunda de la política local en Oaxaca: procesos claros, instituciones fuertes, y una ciudadanía activa que defienda sus derechos.
Como economista y como huatulqueño, no puedo quedarme callado. Este es un llamado a mi comunidad: despertemos, participemos, exijamos. No más imposiciones disfrazadas de tradición. No más decisiones unilaterales amparadas en una legalidad vacía. Que esta victoria legal se convierta en una nueva cultura política.
Esta victoria también abre la puerta para que otros pueblos y comunidades que han sido ignorados, desplazados o silenciados por decisiones verticales encuentren en la vía legal un camino para recuperar su voz. Debemos acompañar este proceso con una ciudadanía más informada y dispuesta a participar. Que el precedente no quede en la anécdota, sino que se convierta en jurisprudencia social: la democracia empieza por respetar la voluntad de cada comunidad.
Porque en Huatulco, como en todo México, la democracia no es un favor que se concede desde el poder: es un derecho que se defiende desde el pueblo.