“Las autocracias modernas no destruyen inmediatamente las instituciones democráticas; las vacían de contenido mientras conservan su apariencia”.
Steven Levitsky y Lucan Way
Llevamos demasiados años escuchando lo mismo como si fuera parte del paisaje nacional. Narcotraficantes confesando haber financiado campañas. Alcaldes asesinados por negarse a pactar. Candidatos ejecutados por insistir en competir. Gobernadores señalados por vínculos criminales. Regiones enteras donde el crimen organizado decide quién puede hacer campaña, quién puede ganar y quién simplemente desaparece.
Y aun así, fíjense bien, la gran preocupación de Morena no parece ser la intervención del narco en las elecciones. No. Para nada. La prioridad, según Ricardo Monreal y de la presidenta Sheinbaum, es la “intervención extranjera”. Así, en abstracto. Así de ambiguo. Así de peligrosamente manipulable.
Cuando una ley se redacta con conceptos deliberadamente vagos, deja de ser norma jurídica y se convierte en herramienta política. La iniciativa del legislador huele exactamente a eso: darle al poder la facultad de decidir, según su conveniencia, cuándo una elección “vale” y cuándo debe anularse.
La propuesta habla de financiamiento ilícito, desinformación, presión política extranjera y participación de “individuos”. Individuos —nótese. Ni siquiera gobiernos. Es decir: un comentario en redes sociales. Una entrevista. Una opinión incómoda. Una crítica internacional. Un artículo. Un video. Una declaración de algún extranjero que incomode al régimen.
Qué curioso. Para eso sí alcanzó la imaginación legislativa. Para la infiltración criminal, no.
Aquí aparece el detalle grotesco de toda esta simulación: si se trata del crimen organizado, los posibles señalados todavía tienen derecho a decidir si quieren ser investigados. Si se trata de “intervención extranjera”, basta con que el poder diga que existió. Ahí está la verdadera perversión de esta nueva reforma.
Pero ahí no para el robo antidemocrático. La supuesta comisión contra narco-candidatos dependería del INE, la UIF y la FGR (¿todos ellos controlados por quién?, ¡pues por Morena!). Suena rimbombante hasta descubrir la trampa central: la participación de candidatos y partidos sería voluntaria. Voluntaria.
Es decir, el candidato presuntamente ligado al crimen tendría la delicadeza de decidir si acepta ser revisado. Como si el problema del narcotráfico electoral fuera la falta de cortesía administrativa…
Uno imagina la escena:
—“Oiga, ¿usted trabaja con el cártel?”
—“No quisiera contestar.”
—“Perfecto, gracias por participar en este ejercicio democrático”.
Los de la 4T, además de corruptos, ladrones, hipócritas, cínicos e ineficientes, son descarados.
Ya no solo no buscan combatir la infiltración criminal en sus filas; buscan administrar políticamente el concepto de ilegalidad. El problema dejó de ser el narco financiando campañas. El verdadero objetivo parece ser controlar quién puede competir y quién puede ser descalificado. Y eso cambia todo.
Entiéndanlo de una buena vez: en México, el crimen organizado ya opera como poder territorial. Decide candidaturas, impone operadores, controla municipios y financia estructuras locales. Lo hemos visto demasiadas veces como para seguir fingiendo sorpresa. Las propias agencias estadounidenses han documentado testimonios de integrantes del Cártel de Sinaloa afirmando haber entregado dinero a campañas políticas. Ahí están las declaraciones de Jesús “El Rey” Zambada. Ahí están las acusaciones sobre apoyos criminales en Sinaloa. Ahí están Los Ardillos operando como mecanismo de presión política en Guerrero.
Frente a eso, Morena propone… una comisión controlada por ellos mismos y de participación voluntaria.
En cambio, para la “intervención extranjera”, el castigo potencial sería la nulidad electoral. La asimetría no es casual. Resulta profundamente reveladora.
La iniciativa parece diseñada no para blindar elecciones, sino para fabricar una nulidad a contentillo. A conveniencia del oficialismo. A discreción del poder. Una especie de botón de emergencia político por si algún resultado incómodo aparece en las urnas. Y encima lo presentan como defensa de la soberanía.
La ironía sería magnífica si no fuera tan peligrosa. El mismo movimiento que hoy se escandaliza por posibles opiniones extranjeras pasó años importando operadores políticos, propagandistas y asesores internacionales. Ahí estuvieron Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero orbitando alrededor de Morena. Ahí están Abraham Mendieta y otros activistas extranjeros participando activamente en propaganda política nacional. Ahí estuvo Evo Morales convertido prácticamente en figura ceremonial del obradorismo. Ahí desfilaron personajes del PSOE español y operadores ideológicos latinoamericanos cuando eso convenía al relato oficial.
Entonces, quiero saber, ¿cuál intervención extranjera sí vale y cuál no?
¿La que favorece a Morena es solidaridad internacional y la que critica al gobierno se convierte en atentado contra la soberanía?
Si van a jugar a eso, habría que preguntar si también debería anularse la participación política de asesores extranjeros contratados por Morena. O las campañas digitales operadas desde fuera. O la presencia de operadores cubanos en estructuras locales. O los contratos multimillonarios para médicos cubanos pagados con recursos públicos mexicanos mientras médicos nacionales siguen abandonados.
Pero no. La “intervención extranjera” únicamente aparecerá cuando sirva como herramienta útil para conservar el poder. Todo lo demás será romanticismo bolivariano.
Lo verdaderamente inquietante ni siquiera es la iniciativa en sí. Lo más preocupante es la normalización social que se ha hecho de toda esta farsa. El deterioro gradual de estándares democráticos disfrazado de reformas patrióticas. La conversión de conceptos jurídicos en armas políticas. La elasticidad moral de un régimen que relativiza la infiltración criminal mientras endurece el discurso contra críticos externos.
Y hay otra ilegalidad que en la 4T ya ni provoca un pestañeo: las campañas adelantadas. Cuando Andrea Chávez llenó Chihuahua de espectaculares, caravanas médicas y promoción personalizada muchos meses antes de cualquier calendario electoral, el oficialismo apenas murmuró. Cuando Claudia Sheinbaum recorrió el país antes del proceso formal, con bardas, propaganda y giras disfrazadas de “asambleas informativas”, la estructura completa de Morena lo presentó como ejercicio ciudadano. Marcelo Ebrard y Adán Augusto López hicieron exactamente lo mismo en 2023. El INE incluso ordenó frenar esa estrategia sistemática de posicionamiento nacional. Nada cambió. Se siguió igual. Y no fue un detalle menor: parte importante de la ventaja política de Sheinbaum nació precisamente ahí, en la construcción anticipada de presencia, exposición y narrativa pública bajo reglas hechas a la medida.
La indignación aparece únicamente cuando el adelantado viene de enfrente. Si Samuel García mueve una pieza, si alguien de la oposición acelera tiempos, entonces sí llegan los sermones sobre legalidad, piso parejo y respeto institucional. La vara cambia según el color del chaleco. Los propios pueden arrancar antes, saturar bardas, aparecer en espectaculares y tensar la ley hasta volverla irreconocible; los otros deben esperar quietos y además pedir permiso. Ahí está el patrón completo: frente al narco, silencio; frente a campañas adelantadas propias, indulgencia; frente al adversario, castigo. La ley convertida en trámite para los aliados y en garrote para cualquiera que estorbe. Ni siquiera intentan ocultarlo ya.
Steven Levitsky ha explicado cómo los regímenes tendiendo hacia el autoritarismo rara vez cancelan elecciones; prefieren conservarlas bajo reglas cada vez más asimétricas. Mucho más rentable vaciar la competencia que prohibirla. Exactamente ahí empieza a oler mal todo esto.
Cuando el crimen organizado puede negociar su revisión, pero la disidencia puede convertirse en “intervención extranjera”, ya no estamos frente a una reforma electoral. Estamos frente a una sofisticación de la simulación. Ante el descaro toral.
Giros de la Perinola
(1) ¿Qué pesa más para Morena? ¿Las declaraciones de narcotraficantes asegurando haber financiado estructuras políticas a cambio de protección? ¿Las zonas completas donde candidatos opositores simplemente no pueden hacer campaña? ¿Los asesinatos políticos ligados al control territorial del crimen? ¿O un comentario incómodo en redes sociales hecho por algún extranjero? Respuesta: lo último.
(2) Ricardo Monreal presume doctorado en Derecho. Resulta inquietante imaginar cómo sería esta iniciativa si no lo tuviera.