A pesar de que no se conocen aún los detalles de la reforma electoral que se viene, puede anticiparse que no aportará nada benéfico para la democracia mexicana. Por el contrario, si se consideran los antecedentes contenidos en los fallidos plan A y B de AMLO (uno obstaculizado por la oposición y el otro por la Suprema Corte de Norma Piña), se vaticina un conjunto de modificaciones a la Constitución que podrían traducirse en una mayor desnivelación del terreno electoral en favor de la coalición oficial.
Las preguntas que conviene plantearse son las siguientes: ¿cuál es la necesidad de la presidenta Claudia Sheinbaum de enzarzarse en un nuevo torbellino político enfrente de retos mayúsculos tales como la relación con Estados Unidos, el combate contra el crimen organizado, el crecimiento económico, la corrupción, la posible intervención de fuerzas estadounidenses en suelo mexicano, la recuperación del prestigio internacional tras el apoyo al régimen venezolano, entre otros?
¿No controla acaso el obradorismo el Tribunal Electoral y operó para que este confirmara una sobrerepresentación inconstitucional en 2024? ¿No tienen ascendencia sobre la mayoría de los consejeros del INE incluida la presidenta Guadalupe Taddei? ¿No cuenta el oficialismo con la mayoría de los gobiernos estatales y lo que ello conlleva en términos de movilización electoral y aportaciones de recursos ilícitos? ¿No son amos y señores de la voluntad de nueve ministros cuyos cargos derivaron de una operación de Estado dirigida por el régimen gobernante?
¿No tienen ya –como torpemente lo ha señalado el diputado Reginaldo Sandoval del PT- el poder ejecutivo, legislativo y judicial? ¿No cuentan con una extraordinaria maquinaria electoral perfectamente capaz de asegurar su triunfo en las urnas? ¿No cuentan también con un buen número de medios de comunicación afines que no harán más que cantar las maravillas traídas por la autoproclamada 4T? ¿Qué necesidad, entonces, de una reforma electoral en medio de un panorama sobremanera convulso marcado por la próxima negociación del T-MEC con el presidente Trump?
Tal vez la presidenta Sheinbaum, lejos de plantarse como una auténtica jefa de Estado, no se ha dado cuenta de que una nueva controversia política no hará más que debilitarla; pues no únicamente le inaugurará un nuevo frente, sino que le exigirá esfuerzos adicionales para sacar adelante una reforma que, mismo de la perspectiva obradorista de control de los procesos electorales, resulta innecesaria, y si se quiere, como he señalado, perjudicial para los intereses de la jefa del Estado y del país.
Un gran número de analistas y conocedores de la historia de México han apuntado hacia la existencia de un obradorato, en referencia al Maximato impuesto por Plutarco Elías Calles sobre los tres presidentes que le sucedieron. ¿Se tratará la reforma electoral de un deseo inacabado de AMLO de dar continuidad a sus grandes fracasos en la materia? ¿Habrá llegado la iniciativa de Palenque?
La historia contará su propio relato.