Cinco hombres asesinados y otro más privado de la libertad en comunidades de Salamanca. La noticia es brutal…, pero tristemente ya no es excepcional. Ese es el problema más grave que vive hoy Guanajuato: la normalización del horror.

Cada masacre se suma a la anterior como si fuera parte de una estadística inevitable. Cambian los nombres de las comunidades —Uruetaro, Cuatro de Altamira, Celaya, Irapuato, León— pero el patrón es el mismo: hombres armados, ráfagas de disparos, cuerpos en el suelo y después el silencio oficial acompañado del ya conocido “se investiga”.

Mientras tanto, la ciudadanía vive entre dos realidades: la del discurso que habla de operativos, coordinación y estrategia… y la de la calle, donde la gente evita salir de noche, modifica rutas, cierra negocios temprano y aprende a tirarse al piso cuando escucha balazos. La adaptación al miedo se ha vuelto una forma de supervivencia.

Guanajuato lleva años encabezando cifras de homicidios dolosos a nivel nacional. No es un brote aislado, no es un hecho fortuito, no es “mala suerte”. Es el resultado de una violencia que echó raíces en territorios completos, donde los grupos criminales disputan control mientras las autoridades reaccionan, pero no logran recuperar de fondo la paz.

Lo más preocupante es que las masacres ya no generan indignación duradera, sino resignación. Y cuando la sociedad se resigna, la violencia gana dos veces: en las calles y en la mente de la gente.

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La pregunta ya no es solo quiénes dispararon. La pregunta es por qué, pese a años de crisis, seguimos viendo los mismos escenarios, los mismos operativos posteriores y los mismos discursos, pero no una disminución clara y sostenida de la violencia.

Guanajuato no necesita solo presencia policial después de cada tragedia. Necesita prevención real, inteligencia efectiva, reconstrucción del tejido social y, sobre todo, resultados que se noten en la vida diaria de las personas, no solo en conferencias.

Porque cuando cinco personas son asesinadas y otra desaparece en un solo hecho, no es solo una nota roja más. Es un recordatorio de que hay regiones donde la paz dejó de ser un derecho y se convirtió en un lujo.

Y eso, en cualquier estado, pero más en uno que presume desarrollo e industria, debería ser inaceptable.