La devastación causada en Acapulco por el huracán Otis en 2023, fue el ejemplo más claro de cómo una emergencia puede desbordar por completo a un gobierno sin planeación, coordinación ni mecanismos institucionales de respuesta. Aquella tragedia dejó al descubierto la fragilidad del Sistema Nacional de Protección Civil y el vacío que provocó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden.
Dos años después, en 2025, la historia se repite. Las lluvias torrenciales e inundaciones que golpean a varios estados del país, especialmente a Veracruz, han dejado miles de familias damnificadas, comunidades enteras bajo el agua y decenas de personas fallecidas. En Poza Rica, las alertas llegaron tarde y los refugios se abrieron cuando el agua ya inundaba calles y viviendas. Más de diez mil familias continúan sin electricidad y decenas de municipios siguen en emergencia.
La magnitud del desastre ha reavivado una pregunta que el gobierno prefiere evitar: ¿qué habría pasado si el Fonden siguiera existiendo? Nadie cuestiona que haya recursos para atender la crisis; lo preocupante es que no se sabe cuántos son, quién los administra ni bajo qué reglas se ejercen. No hay lineamientos ni transparencia. Todo depende del criterio político del gobierno y de la disponibilidad presupuestal del momento.
Cuando el Fonden fue eliminado, junto con otros 108 fideicomisos, en 2021, contaba con alrededor de 45 mil millones de pesos. Ese dinero estaba destinado precisamente a emergencias como la que hoy vive Veracruz. Sin embargo, su destino sigue siendo incierto. No se ha informado qué ocurrió con esos recursos, y el gobierno ha evitado someter el proceso de extinción a una revisión pública o a una auditoría exhaustiva.
El Fonden, creado en 1999, no era un simple “guardadito” ni una caja chica del gobierno. Era un fideicomiso público con reglas de operación, órganos de gobierno, protocolos de actuación y mecanismos de fiscalización. Su estructura institucional garantizaba que los recursos se aplicaran con rapidez, pero bajo control. Contaba con un Comité Técnico encargado de aprobar los apoyos, supervisado por la Secretaría de la Función Pública y auditado por la Auditoría Superior de la Federación. Esa combinación de agilidad y vigilancia permitió detectar y sancionar irregularidades cuando las hubo, algo imposible hoy, en un esquema sin reglas ni contrapesos.
Una vez decretada la emergencia, los gobiernos locales presentaban evaluaciones de daños y el Fonden liberaba recursos en cuestión de días. Cada peso tenía un destino específico: reconstrucción de infraestructura, vivienda, hospitales, escuelas o caminos. Las erogaciones se auditaban y se publicaban. Había procedimientos, había tiempos y había rendición de cuentas.
Hoy, en cambio, los recursos se concentran en la Secretaría de Hacienda, sin reglas de operación, órganos colegiados ni vigilancia ciudadana. El propio gobierno reconoce que existe un programa presupuestal para desastres, pero cada año sufre recortes y ajustes discrecionales. En este modelo, los apoyos se entregan cuando el gobierno lo decide, sin obligación de informar ni de transparentar el gasto.
La corrupción no se combate eliminando los mecanismos de control, sino fortaleciéndolos. El gobierno de López Obrador optó por lo contrario: desmontó un sistema que, aunque perfectible, funcionaba y lo sustituyó con su fe en la “buena voluntad” del poder.
El argumento de que “había corrupción en los fideicomisos” sirvió para justificar la destrucción de una política pública que, con todo y sus defectos, respondía con eficacia a las crisis. Hoy el país paga las consecuencias. El mismo gobierno que presumió “austeridad republicana” nunca pudo explicar qué ocurrió con los recursos del Fonden.
Mientras tanto, miles de familias veracruzanas viven el mismo abandono que padecieron los damnificados de Otis en 2023. Las tragedias cambian de nombre, pero el patrón se repite: falta de previsión, lentitud en la reacción y exceso de discurso. En lugar de fortalecer las instituciones, el gobierno anterior las desmanteló y convirtió las emergencias en escenarios de propaganda.
El Fonden no era un lujo ni una ocurrencia. Era un instrumento de Estado, producto de años de aprendizaje institucional, que combinaba eficacia, planeación y rendición de cuentas. Su desaparición no fue un error técnico, sino una decisión política derivada de la voracidad presupuestal de López Obrador, que absorbió sus recursos sin ofrecer un sustituto funcional ni transparente.
Los caprichos salen caros, sobre todo en medio de un desastre natural. Y hoy, una vez más, los mexicanos lo estamos pagando con vidas, con pérdidas y con la certeza de que no se aprendió nada de Otis.