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La decisión del gobierno de la cuarta transformación (4T) de eliminar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha servido a la oposición y medios de comunicación para emprender una campaña de linchamiento contra la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, como si el fideicomiso desaparecido fuera a solucionar o prevenir la tragedia que provocó el huracán Otis y John en las costas de Guerrero.

Lo que se tendría que entender es que lo que desapareció la actual administración federal es el fideicomiso del Fonden, el cual tenía dos componentes, acumulación de efectivo y transferencia de riesgos, con el fin de tener recursos para atender a la población víctima de los fenómenos naturales, y así poder mitigar el impacto negativo en las finanzas públicas, sin embargo, este plan se prestaba a corrupción además de tener un alto costo burocrático, por lo que se instrumento una nueva estrategia que ha resultado más efectiva.

La acumulación de efectivo para la atención a la población victima de desastres naturales por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se hace a través de tres componentes, el primero es que en el presupuesto de egresos se asigna un promedio de 18 mil millones de pesos para ayuda a las personas afectadas por fenómenos de la naturaleza recurrentes, es decir que cada año pasan.

La segunda fuente de recursos financieros para la atención de la población que sufre daños por desastres naturales menos frecuentes, pero más letales es el pago anual por parte de la administración federal de reaseguramientos por un monto de 5 mil millones de pesos.

Para la atención a la población afectada por fenómenos naturales que causan grandes daños como son los sismos de gran intensidad o ciclones y huracanes de categoría cinco, por lo que se tiene un instrumento financiero que es la emisión de un bono catastrófico.

Los recursos con que cuenta la 4T este año para la atención a la población ante desastres naturales son por más 32 mil millones de pesos y si esta cantidad no es suficiente, se tiene recursos presupuestales adicionales para atender los requerimientos de las víctimas de estos fenómenos.

La estrategia de la actual administración federal para atender a las personas que sufren daños por catástrofes naturales ha demostrado ser más efectiva ya que los recursos llegan más rápido, pues no se tiene que pasar por otros intermediarios, hay más transparencia en su uso y los costos de operación son menores.

Los desastres naturales en México constituyen una fuente significativa de riesgo para las finanzas públicas, sobre todo por los recursos fiscales que se tienen que destinar para la atención de los diversos fenómenos naturales que afectan cada año (huracanes, tormentas, inundaciones, sismos y erupciones volcánicas) y que causan muertes y daños materiales a la vivienda e infraestructura.

El fideicomiso para atender las tres fases en las poblaciones víctimas de los desastres naturales que es ayuda humanitaria, recuperación y la reconstrucción en de las entidades federativas y ayuntamientos que eran afectados por fenómenos naturales se convirtió, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en una especie de caja chica de los gobernadores coludidos con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación para usar los recursos del Fonden que, por sus características, estaban sujetos a pocos y muy laxos controles.

Los mandatarios de los estados solían hacer una cuantificación exagerada y un área de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encargaba de autorizar la cuantía, y los dineros fluían en adjudicaciones directas sin verificación de lo adquirido en los diferentes rubros a los que solían destinarse los recursos del fideicomiso.

Los mayores abusos del Fondo de Desastres Naturales se daban en las declaraciones de desastre extraordinarias y por medio de contrataciones de empresas privadas poco fiables para realizar los trabajos. Solo en los 6 años de gobierno de Felipe Calderón se gastaron en promedio 13 mil 550 millones de pesos anuales de las arcas del fondo, mientras que en el sexenio de Peña Nieto lo que se otorgó del fideicomiso fue un monto de 19 mil 452 millones de pesos.

Según datos proporcionados en octubre del 2020 por la Coordinación Nacional de Protección Civil, en el gobierno de la cuarta transformación, hace cuatro años, hubo 77 declaratorias de emergencia y desastres naturales, mientras que, en 2018, el último año de la pasada administración federal, de Enrique Peña Nieto se reportaron 157.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) reveló que, de los 2,500 millones de pesos destinados por la federación para las entidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017, la Secretaría de Hacienda reasignó 1,795 millones de pesos y, hasta ahora, no se sabe cuál fue el destino final de ese dinero, ya que no fueron utilizados esos recursos para obras en las entidades federativas que fueron afectadas por los movimientos telúricos.

Además, detalló la ASF que en Oaxaca el 65% de los municipios con declaratoria de emergencia no fueron beneficiados con construcción de vivienda o de infraestructura.

El Fondo de Desastres Naturales fue originalmente establecido a finales de los años noventa del siglo pasado como un instrumento presupuestario a través del cual fondos federales eran anualmente presupuestados para financiar gastos en respuesta a emergencias por desastres. Desde entonces, el fondo evolucionó significativamente.

El fideicomiso para desastres estaba compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios: el Programa Fonden para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fodepren), y una parte mínima del Fideicomiso Preventivo (Fipreden).

El fideicomiso para desastres naturales estaba operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) quien era el ente fiduciario.

El Fondo de Desastres Naturales era financiado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, y se le otorgaba al inició de cada ejercicio fiscal una cantidad no menor al 0.4% del presupuesto federal anual, destinado al Fonden, al Fopreden y al Fondo Agropecuario para los Desastres Naturales, y en caso de que esta asignación fuera insuficiente, la ley estipula que recursos adicionales pueden ser transferidos de otros fondos.

El Fonden, a través de Banobras, que era la institución fiduciaria del fideicomiso, contrató en el mercado mecanismos financieros para transferencia de riesgos del propio fondo, tales como seguros y bonos catastróficos.

En 2006, el Fondo de Desastres Naturales transfirió parte de su riesgo de desastres al mercado internacional de capitales, a través del primer bono catastrófico emitido por un gobierno (Cat Mex), con una vigencia de tres años, el cual brindaba una cobertura por 450 millones de dólares contra la ocurrencia de terremotos de grandes magnitudes en las tres zonas de mayor riesgo del país.

Para el 2017 y 2018 México emitió bonos sustentables usando los programas del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF), que aseguró al país contra pérdidas derivadas de sismos y huracanes, y por este motivo se recibió un bono catastrófico por 2,700 millones de pesos tras el terremoto de 8.1 grados que sufrió el sureste del país el 7 de septiembre de 2017.

Sin embargo, el bono, que tanto presumieron los gobiernos del PRI y el PAN le costó en realidad más de 77 millones de dólares a México en los 14 años que cotizó, ya que sólo se utilizó para el pago de los sismos del 7 de septiembre de 2017 y cuando el huracán Patricia azotó Colima, en 2015.

El gobierno de México emitió en el 2020 un bono catastrófico a través del Banco Mundial por un monto de 485 millones de dólares para cubrir riesgos de desastres naturales, que incluyó una cobertura por sismos y huracanes de gran intensidad, por lo que es probable que este instrumento financiero ya lo haya cobrado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los desastres dejados en Acapulco por el huracán Otis de octubre del año pasado.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador renovó este año y hasta el 2028 la cobertura contra terremotos y huracanes a través de cuatro bonos catastróficos por un monto de 595 millones de dólares.

Los adversarios a la administración morenista, hacen mucho escandalo por la desaparición del fidecomiso del Fondo de Desastres Naturales y acusan sin ninguna prueba que el Gobierno de la cuarta transformación se ha gastado esos recursos en “caprichos” como el Tren Maya y gasto electoral dejado de atender a la población víctimas de fenómenos naturales.

El Fonden siempre fue un instrumento sobrevalorado que no atendía como es debido las afectaciones de la población por fenómenos naturales y no es cierto que los recursos eran transferidos apenas había un evento, se tardaba días enteros entre que la Secretaría de Gobernación emitía la declaratoria de emergencia y se transferían los recursos de Banobras a los gobiernos estatales, por lo que despensas y ayuda humanitaria siempre se ha hecho desde las primeras horas de que los acontecimientos por parte del ejército y la marina con el Plan DNIIIE.

La estrategia del gobierno de la cuarta transformación ha funcionado de mejor manera que lo que se tenia con el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales.