La mayor dificultad de la presidenta Sheinbaum remite a un viejo dilema del presidencialismo: la tensión entre régimen político y responsabilidad de Estado. En el antiguo presidencialismo siempre hubo confusión en ambos planos, pero prevaleció el sentido de Estado, tan es así que el reformismo, producto de la presión social, llevó a la destrucción del régimen presidencial de origen, fundado en el partido hegemónico y luego dominante. El accidente también jugó su parte: lo más relevante fue el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y el arribo de Ernesto Zedillo a la presidencia. La realidad es que el régimen priista no sobreviviría la vuelta del siglo; relevante fue la elección intermedia y, como consecuencia, la alternancia.
Hace falta una visión más profunda, seria y objetiva del colapso del PRI, al margen de la crónica interesada. La pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 dio ocasión a un nuevo régimen político, más próximo a una democracia. No sin problemas ni dificultades, el voto se instituyó como el origen legitimador de la autoridad, junto con un juego institucional con contrapesos, producto del gobierno dividido, autoridades al margen de la parcialidad partidista y una razonable libertad de expresión y escrutinio social del poder. La pausa concluyó con el triunfo de Morena en 2018: veintiún años de pausa democrática.
El colapso del régimen democrático requiere también una explicación. Sin duda, tuvo sus pecados: partidocracia, corrupción, violencia y la insuficiencia de un crecimiento incluyente. Igual ha pasado con los siete años del proyecto político que se planteó como solución; pero las cosas cambiaron: un creciente deterioro de la legalidad, primero con un caudillismo sexenal y luego con el arribo de un grupo político al margen del presidencialismo.
Esta ha sido la mayor dificultad para entender qué sucede hoy día. Buena parte de los analistas cotidianos se instala en el reproche, enojo o frustración porque la presidenta Sheinbaum no suscribe y actúa conforme al código del presidencialismo mexicano. Hoy, muchos observadores serios y rigurosos insisten en que la presidenta se desempeñe como no puede: el ejercicio unipersonal del poder formal e informal que ha acompañado históricamente a la presidencia y no puede porque la realidad se sobrepone.
La génesis del régimen actual ocurrió el 5 de junio de 2021, cuando López Obrador convocó a los aspirantes a la candidatura presidencial, ante la cúpula política morenista, para conocer el modelo de sucesión presidencial, claramente funcional para quien ya tenía resuelto fuera su sucesora. Se utilizarían encuestas, no habría campaña, sin debates ni proselitismo, y se prohibiría concurrir a medios hostiles. Sin embargo, lo más importante, incentivo para participar y aceptar las reglas fue la determinación de que no habría un ganador único: todos los aspirantes, denostados como corcholatas, tendrían un pedazo del pastel. Juego sin perdedores, ganarían todos.
De esta decisión derivan dos efectos. Por una parte, se redefine la condición de quien resulte ganador, no como en el régimen presidencial tradicional, un poder unipersonal, sino de grupo. Los coordinadores parlamentarios no serán definidos por los integrantes de las Cámaras ni por influencia del presidente, sino predeterminados por el resultado de la competencia. Incluso, una cartera importante del gabinete se resolverá de ese modo, contrario a las facultades libres de todo presidente para nombrar a sus secretarios. Por otra parte, hay una transferencia de las llamadas facultades metaconstitucionales, a las que se refería Jorge Carpizo en su caracterización del régimen presidencial, que quedarán en manos de quien define el juego sucesorio: el árbitro mayor y líder originario del proyecto, el presidente que dejará de serlo.
Conceptualizar al régimen actual en estos términos —al margen del paradigma presidencialista— permite entender la inercia en la cúpula para mantener el equilibrio del equipo en el poder, incluso en los gobiernos locales, así como las limitaciones de la presidenta para designar y cambiar las fichas del juego, incluidos los gobernadores. La nueva morfología del poder ofrece una realidad difícil de procesar. La presidenta es una ficha más —la más importante— del juego político, pero el jugador único es el expresidente López Obrador, quien simplemente requiere de estar, no hacer ni decir, para mandar.
El modelo fundado en la omertá, o código de silencio, no resiste el paso del tiempo. No se trata de una dificultad asociada a las limitaciones o debilidades de los jugadores, sino de un problema mayor, producto del pecado original del obradorismo en el poder: la impunidad por la adicción al efectivo, tema de próxima colaboración.