Un máximo de participación de casi 13 millones de votos ante un padrón con más de 97 millones de electores ha generado matices en la lectura del ejercicio electoral judicial vivido este domingo.
Lejos de engrandecer o minimizar lo vivido, en los hechos esta elección fue producto acelerado de una reforma igualmente acelerada, que impidió contar con tiempo suficiente para que los votantes pudieran tomarse el tiempo de analizar perfiles y entender a profundidad lo que se está votando.
En términos utilitaristas, esta elección no fue un fracaso pues permitió concretar el objetivo principal que era una primera renovación parcial y escalonada de los espacios en el poder judicial. Entre restricciones presupuestales así como listas interminables de opciones, gran cantidad de personas definieron con su voto el rumbo del próximo poder judicial. Tampoco fue un éxito pues la cantidad de presupuesto gastado para las millones de boletas que se quedaron sin utilizar es obsceno. Aunque los resultados no demuestran las afirmaciones acerca de los 36 millones que deseaban la reforma judicial, el hecho es que el primer ejercicio servirá como base para pulir los que vienen y la reforma de la reforma tendrá que corregir varias cosas, como facultar al INE a cancelar candidaturas de sujetos vinculados con crímenes y con grupos delictivos.
Dentro del balance positivo, se destruyeron varios mitos como el del desinterés de la gente y el mito de Lenia Batres, que colocaba a esta ministra como la favorita por excelencia y la esperada para presidir la Corte en función de la expectativa de ser la más votada.
Toda la campaña permitió que se debatiera sobre la corrupción y el papel de los juzgadores, se les investigó y exhibió gracias a que al debate estuvimos llamados todos los mexicanos, algo que nunca sucedió cuando el sistema era discrecional o derivado de la carrera judicial y designaciones directas. Conocimos perfiles y sus historias , algunos lograron lo imposible y sorprendente como Hugo Aguilar Ortiz.
Sus más de 3 millones de votos son indicio de tres cosas: en Oaxaca hubo un profundo ejercicio de movilización activa con la que un abogado con raíces indígenas abrió debates sobre las grandes deudas de la justicia con las comunidades pluriculturales, ese ejercicio se tradujo en una expresión institucional a través del voto qué condensó el descontento convirtiendo a su favorito en el posible próximo presidente de la Corte y toda esa participación, a su vez, sirvió para demostrar que era falso que ya se hubiera decidido quienes y como integrarían la Corte.
Demostró con su triunfo que ni fue una elección con la que se hubiera apostado a la maquinaria ligada a los programas sociales o a las bases partidistas y que tampoco fue una elección en la que típicamente se comprara el voto.
Fue una elección auténtica y su llegada, así como la reivindicación de la agenda de los pueblos originarios, oxigenan la democracia. Es un error pensar en que una reforma de tal calibre saldría bien a la primera pues todo se va construyendo y en algún momento de nuestra democracia, posiblemente las elecciones judiciales tengan tanta relevancia como otras.
Si se confirma en el conteo final la posible victoria de Hugo Aguilar como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendremos un jurista indígena mixteco en la cúspide del poder judicial, lo que parece una reivindicación simbólica y política de los ideales de justicia social y representación que la Cuarta Transformación ha prometido desde su inicio.
Sin embargo, detrás de esta figura inspiradora se esconde una elección profundamente problemática para los cargos de magistraturas y jueces. Además de que sus listas eran interminables y eso provocó que varias de las boletas de estos cargos resultaran nulas, parte de lo que explica la baja participación es que sus candidatos no eran políticos y no hubo movilizaciones partidistas claras a excepción de las convocadas por gobernadores.
Lo mejor sería que en la próxima reforma a la reforma se establezca el voto digital para magistrados y jueces, dejando únicamente el voto tradicional para ministros de la Corte y probablemente para integrantes del Tribunal de Disciplina.
Otro mecanismo para ministros pudiera ser una segunda vuelta, pues más de 20 candidatos para menos de 5 vacantes hizo que esta elección se hiciera saturada.
Partiendo de que la elección judicial fue un error que se hace visible el día de hoy, necesitamos replantear cómo será la renovación programada para 2027. Se hicieron visibles los errores de diseño, de ejecución y de fondo.
Faltó mucha participación popular auténtica qué permitiera acordeones hechos por uno mismo y no por quienes los distribuyeron, nos quedaron a deber un proceso con garantías democráticas sólidas. La idea de un ejercicio de empoderamiento ciudadano terminó siendo confuso y demostró que a pesar de la inconformidad con el poder judicial, colocarle rostro y nombre no es algo que se haga en menos de tres meses. ¿Cómo esperar legitimidad de un proceso que no logra convocar ni al 20% del electorado? ¿Cómo confiar en los resultados cuando el sistema mismo es opaco?
Y sin embargo, aquí estamos. Con Hugo Aguilar al frente. Su perfil —jurista competente, defensor de derechos humanos, con una trayectoria comprometida con los pueblos originarios— . Inexplicable que parece ser, César Mario Gutiérrez Priego no será ministro ni Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Como todo en democracia, las elecciones judiciales son perfectibles.
Es el momento idóneo de replantear los “cómos” para que 2027 no nos sorprenda con los mismos errores.
X: @ifridaita