Julio César Chávez Jr. ingresó a Estados Unidos en agosto de 2023 con visa B2 de turista, que expiró en febrero de 2024. La fecha de ingreso fue cinco meses después de que en México se emitiera una orden de aprehensión, supuestamente por delincuencia organizada y tráfico de armas desde marzo de 2023, según la Fiscalía General de la República. Es decir que para celebrar su última pelea contra Jake Paul en el Honda Center, estaba en el país ilegalmente, según DHS.
Ninguna pelea se detuvo y tampoco cambió la rutina de sus familiares cercanos. Fue este 2 de julio cuando ICE arrestó al boxeador mexicano calificandolo como “delincuente inmigrante ilegal”.
Usualmente, las investigaciones por crimen organizado involucran a los familiares y parejas así como a todo equipo cercano que por la naturaleza de ese tipo de delitos, pudieran haber sido beneficiados económicamente o haber facilitado operaciones. Apenas en abril hubo una mega clase de box en el Zócalo y el mítico padre del hoy detenido Julio César Chávez estuvo presente, desde el anuncio en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum hasta en el evento masivo. Nada sucedió y nadie sabía nada.
El espectáculo está por encima de la ley y a pesar de los múltiples argumentos que pudieran justificarlo como la derrama económica millonaria del boxeo, los contratos subyacentes a ese tipo de eventos en publicidad, transmisión, etcétera y toda la industria con cientos de familias que dependen de ello, es síntoma de que el derecho es una broma clasista de la que solo quienes tienen fama, poder o dinero pueden reír; pues el hecho es que la justicia no aplica igual para el hijo del vecino que para grandes personajes famosos. Ni en México ni en Estados Unidos, pues aún en aquel país, el “terrible delincuente” pudo pelear en un sitio anunciado en exceso con varias oportunidades previas de arresto, sin que sucediera... Actualmente se encuentra en trámite de deportación expedita de Estados Unidos. Pero el caso tiene todas las irregularidades posibles.
¿Inmigrante o narcocriminal? Los delitos por los que se detuvo a Chávez Jr. son principalmente migratorios y su deportación inmediata no deja claro qué nivel de vinculación pudiera tener con las operaciones de carteles de droga, tampoco está claro si México inició algún proceso de extradición por la orden de arresto vigente por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos supuestamente con el Cartel de Sinaloa.
Si es que estuviese vinculado en investigaciones criminales en Estados Unidos, ¿no tendría que comparecer en alguna Corte antes de la inmediata deportación?
Estados Unidos lanzó un comunicado afirmando qué “bajo la presidencia de Trump, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier grupo afiliado a un cártel en Estados Unidos es claro: los encontraremos y enfrentarán las consecuencias. Se acabaron los días de violencia desenfrenada de los cárteles.” Pero el mensaje pareciera más bien simbólico y político en contra de los latinos, aprovechando a una cara de los espectáculos deportivos qué agrupa especialmente a mexicanos y latinoamericanos en las pantallas.
La gran pregunta es si Julio César Chávez Jr. será detenido en México o si más bien, se confirma que ejecutar una orden de aprehensión se trata del capricho de alguna autoridad. Si es que quiere hacerlo, se hace pero si no, que más da. Al final, “no me vengan con que la Ley es la ley”. David Faitelson dice que ligar al deportista con el crimen podría ser mentira pues ha tenido problemas en la vida pero criminal no es. Al ojo de la opinión pública, sobran acusaciones y show pero faltan pruebas y rendición de cuentas dejando mucho a desear del mismísimo equipo de la presidenta Sheinbaum. ¿El fiscal Gertz Manero no pudo comunicarle, frente a las invitaciones a Julio César Chávez a Palacio Nacional, que el hijo tenía una orden de aprehensión y por vinculación, su padre no era el mejor promotor del evento?
Este episodio es un ejemplo perfecto de la falta de Estado de derecho, un síntoma de que en nuestro país, la justicia no es una regla cuadrada qué se aplica sino esa telaraña enorme en la que solamente quedan inmovilizados los “insectos” más pequeños en tanto que algún ser más grande o pesado, simplemente, la rompe. Esos “insectos” somos todos los demás, nosotros, los de a pie, cualquiera que pueda estar circulando por las calles y ser detenido por cualquier cosa.
En 2017, el film Tempestad documenta historias paralelas entre una madre que trabajaba en el aeropuerto de Tulum, en el mostrador migratorio, que fue acusada de trata de personas y crimen organizado, trasladada a la Ciudad de México en donde vivió ochenta días de arraigo y finalmente , entregada a una prisión de Matamoros controlada por el Cartel del Golfo junto con la historia de otra madre que sobrevive a la desaparición de su hija de veinte años, entregada a una red de tráfico de personas que era operada por hijos de policías federales.
La primera de ellas estuvo presa por años viviendo en el autogobierno narco criminal de aquella cárcel. Relata como es que la policía y el cartel eran uno mismo, cuenta que su familia tenía que depositar a la semana su “garantía de vida” mientras que la desesperación por volver a ver a su pequeño Leo le hizo pensar en que si se quedaban sin dinero, estaría dispuesta a trabajar para ellos con tal de vivir. Su delito fue fabricado y la orden de aprehensión que ejecutaron en su contra prácticamente fue hecha para cubrir cuotas y anunciar logros falsos para efectos políticos... Su captura, junto con otros trabajadores del aeropuerto, salió en los medios y fue anunciada como un gran golpe contra el crimen. El Instituto Nacional de Migración era quien denunciaba. Un capricho político más, la justicia como herramienta del punitivismo populista que no combate realmente el crimen.
En la otra historia, los verdaderos traficantes de personas hostigaron a la familia de la veinteañera que fue entregada por un amigo de la universidad a la red de trata. Los amenazaron por seguir buscado, los persiguieron y en tiempos de la AFI, en una historia que se remonta por allí de 2007, los tuvieron retenidos por seis meses sin poder salir en su domicilio, con un operativo supuestamente anti secuestro mientras que los hijos de quienes ordenaban y controlaban esa “intervención anti secuestro”, en realidad, transportaban a su hija que al día de hoy sigue desaparecida. Ese es el espectáculo de la justicia, aún más lucrativo que el box.
X: @ifridaita