El tango Como abrazado a un rencor, de Antonio Podestá y Rafael Rossi, inmortalizado por Carlos Gardel, explica mejor que cualquier análisis la crisis que atravesó la Suprema Corte de Justicia de la Nación; crisis que llevó a una reforma profunda del Poder Judicial, que ahora busca renovarse para bien.
No es excesiva la metáfora. Tal crisis fue, en efecto, una suma de rencores. Los ministros y las ministras de extrema derecha de la anterior Suprema Corte, entre ellos Luis María Aguilar Morales y Norma Piña, prácticamente nada aprobaban de la Cuarta Transformación. No le perdonaban a Andrés Manuel López Obrador haber derrotado al PRI y al PAN.
La emprendida por aquella Suprema Corte contra la 4T fue una auténtica guerra legal de exterminio. Ahí estuvo, en buena medida, la semilla de la reforma judicial.
La anterior Corte, con su abierta hostilidad hacia AMLO, generó naturalmente el rencor del propio López Obrador, quien, al fin y al cabo era un ser humano. AMLO se vio obligado a reaccionar en defensa propia. Y ya se sabe que en las guerras de exterminio hay que acabar con el enemigo antes de que el enemigo acabe contigo.
Así, antes de que Andrés Manuel impulsara la reforma constitucional para cambiar de fondo todo el Poder Judicial, envió a la Suprema Corte al perfil más polarizante de Morena: Lenia Batres, una ideóloga de izquierda bastante radical y de formas francamente ásperas. AMLO lo hizo para dar lecciones políticas a los ministros y ministras del ala ultraconservadora.
Ahora, después de la reforma judicial —es decir, después de la guerra que la 4T ganó a la derecha extrema—, importantes actores políticos de todos los partidos, incluidos los cuadros moderados de Morena, y los grandes grupos económicos, incluso internacionales, que en su momento rechazaron la reforma, ya han decidido aceptarla. Más aún: han terminado por aceptar completo el proyecto de izquierda encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se rindieron y qué bueno.
Pero en el punto final de su rendición ponen una condición: que nunca Lenia Batres presida el alto tribunal.
Esto significa que, después de Hugo Aguilar al frente de la SCJN, tendría que llegar alguien distinto a Batres, que naturalmente tendría que ser cien por ciento de la 4T y, al mismo tiempo, aceptable para los sectores más duros del movimiento de izquierda. La clase empresarial ya no rechaza a la izquierda en el Poder Judicial; parece dispuesta a convivir con ella, siempre y cuando no sea Lenia Batres quien presida la Corte.
Pero aquí aparece el problema jurídico. De acuerdo con la propia reforma judicial, la sucesora tendría que ser Lenia Batres, la segunda más votada en las elecciones. Se habla de una antinomia constitucional, pero eso no es problema. Tiene que aplicarse, y ya, el principio proveniente del derecho romano lex posterior derogat legi priori: la ley posterior deroga a la ley anterior. Es decir, la famosa contradicción en la Constitución no es tal: se resuelve en una frase originada en la antigua Roma.
Vaya problema para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha recibido peticiones expresas de grandes empresarios para marginar a Lenia de la presidencia de la Suprema Corte.
Por más vueltas que le doy, el único perfil que parece capaz de dejar razonablemente tranquilos a todos es Hugo Aguilar: tan de izquierda como Batres, pero moderado y, sobre todo, educado, bien portado.
El problema es que, para que Hugo Aguilar pudiera permanecer en el cargo más allá de 2027, habría que hacer maromas jurídicas complejas, dignas de una medalla de oro en gimnasia olímpica. Pero no hay otra.
Lo cierto es que después de una etapa de confrontación, el nuevo Poder Judicial tiene ya que dejar atrás los agravios y los rencores.
Como canta el tango, el anterior Poder Judicial murió crucificado en sus venas, como abrazado a un rencor. El nuevo Poder Judicial debe exigirse a sí mismo no repetir esa historia.
Por jurídicamente inviable que parezca, quizá haya que evitar que en esta etapa de transición lleguen a la presidencia perfiles demasiado duros.
Pero, por supuesto, tampoco sería sano que la presidencia de la SCJN a partir de 2027 recayera en quien obtuvo el tercer mejor resultado en la elección judicial, Yasmín Esquivel, por el grave error de su pasado universitario, un asunto por el que ella no se ha disculpado y que representaría un desprestigio que el alto tribunal no tiene por qué asumir. Su situación tal vez sería distinta si se disculpara por aquel pecado de juventud, que hoy de plano es un pésimo ejemplo en la crisis de la UNAM por recientes fraudes académicos.
Insisto: la única salida que veo es la acrobacia jurídica para que Hugo Aguilar permanezca otros dos años al frente de la Suprema Corte y, después, pueda normalizarse la marcha de la actual Corte.
Solo así el Poder Judicial podrá dejar de estar, como en el tango, abrazado a un rencor y comenzar a reconstruirse con sensatez.