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Los hechos violentos que ocurrieron en Guaymas, Sonora, el pasado jueves 25 de noviembre, son una situación que simplemente no se puede tolerar, se trató de un atentado en contra de la autoridad municipal, que en realidad representa una agresión en contra de la sociedad sonorense en su conjunto y contra de todo lo que huele a autoridades, sean del municipio, el estado o la federación.

Cómo ustedes recordarán un grupo de sicarios a eso de las 7.45 de la tarde del jueves, al terminar una manifestación en contra de la violencia hacia las mujeres, atacó el Palacio Municipal del puerto, lanzaron primero una granada de fragmentación en el momento en que la alcaldesa Karla Cordova y su comisario aparecen para atender la marcha de colectivos feministas.

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Luego de que el artefacto estalla, aprovechan la confusión y sacan armas de alto poder, con las que proceden a disparar contra los presentes.

El accionar de uno de los guardaespaldas de la alcaldesa le salvó la vida a la presidenta, sin embargo, en la refriega resultaron como víctimas colaterales 2 jóvenes, una de ellas (Marisol) lamentablemente muere en el lugar al recibir disparos en la espalda, la otra resulta herida; muere el guardaespaldas de la munícipe y resulta herido también uno de los reporteros del área de comunicación social de Ayuntamiento. También falleció uno de los pistoleros.

Desde ahí se viene el caos, mandos militares, del Ejército y la Marina toman control, los destacamentos de la Guardia Nacional en la región también asumen la seguridad y vigilancia del puerto y las fiscalías estatal y federal entran en acción, la Policía Estatal de Seguridad entra como auxiliar; el gobernador Durazo se dirige al puerto y encabeza la operación de la mesa de seguridad que se declara en sesión permanente.

Durazo dice que todo ese despliegue se mantendrá en el puerto el tiempo que sea necesario y que se regresará la tranquilidad al puerto, la fiscal general de Sonora, Claudia Indira Contreras, afirma que no habrá impunidad y que se castigará a los responsables.

Guaymas permanece sitiado, pero esto no es nuevo, el municipio está incluido como uno de los 50 prioritarios en la estrategia nacional de seguridad, por los ya de por si altos niveles de violencia que ha padecido, y el hecho de que sea puerto de altura, a escasos 400 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, le convierte en un manjar muy apetitoso para las organizaciones del crimen organizado.

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Más aún, el plan que tiene la 4T para la región es relanzar Guaymas, modernizarlos y hacerlo punto de entrada y salida de mercancías, lo que representa una gran oportunidad en lo económico, pero también un interés adicional para el narcotráfico.

Por ahí, tal como venía ocurriendo en Manzanillo, Colima, hay una enorme ventana para la introducción de precursores químicos para fabricar metanfetaminas y otras drogas sintéticas como el fentanilo, con alta demanda en el mercado del norte.

Esa situación convirtió a Colima en el estado con mayores niveles de violencia en promedio de todo el país, mueve a pensar en Guaymas como el siguiente foco de violencia e interés de la organizaciones criminales, en una zona que ya de por sí es delicada por ser justamente una de las áreas a que se han utilizado para el trasiego de otras drogas como la mariguana y la cocaína, con destino también en los Estados Unidos.

Esto que ocurre en Sonora es tan real como puede ser, el narcotráfico y la violencia entre organizaciones criminales son situaciones que ocurren en la zona desde hace décadas.

El problema es que el impacto de esas actividades ilícitas rebasó con mucho el escenario de lo tolerable, al ser la sociedad, ciudadanos que no la deben ni la temen, las víctimas.

Lo pongo en claro, el atentado del jueves 25 no fue contra la alcaldesa Karla Córdova, fue contra Guaymas y contra Sonora, es un reto abierto al gobierno naciente de Alfonso Durazo y contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sonora se ha mantenido consolidado en el séptimo lugar en violencia homicida del país, lejos del “top 6″ por algunos cientos de asesinatos, sin embargo las muertes de civiles en hechos de sangre en Cajeme, en Caborca, en Guaymas, en Hermosillo, Nogales, Magdalena de Kino, en Agua Prieta y en San Luis Río Colorado.

Más lamentable aún, Sonora es el segundo estado con más feminicidios y una de las entidades con más problemas del violencia intrafamiliar.

Se espera por supuesto que el gobierno de Alfonso Durazo dé con la estrategia para aplacar a un estado como el nuestro, que es violento por naturaleza, al estar ubicado en lo que muchos conocen como el “viejo y salvaje oeste”. Sus planes son incrementar el estado de fuerza de las corporaciones municipales y estatales y lograr que las fuerzas federales, en especial la Guardia Nacional consoliden labores de vigilancia necesarias para la entidad.

Sin embargo no se puede permitir que este tipo de retos contra las autoridades, como lo que sucedió el jueves. se conviertan en moneda de uso cotidiano, el nuevo gobierno de la 4T en Sonora tuvo su primer crisis a menos de 3 meses de su arranque y claro se espera que se pueda resolver de manera correcta.

La secretaria de Seguridad Pública en Sonora, María Dolores del Río Sánchez, y la Fiscal General de Sonora, Claudia Indira Contreras, tienen un enorme paquete enfrente, y claro el gobernador Durazo tiene la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias.

El atentado en Guaymas con toda su negatividad e impacto en la sociedad sonorense, puede convertirse en la oportunidad que se esperaba en Sonora para acabar con el capítulo sangriento que hoy vive el corredor que va del sur de la entidad, pasa por el puerto y se sigue a Hermosillo y diversos puntos en la frontera.

Las autoridades en Sonora, como ya lo ha plantado el presidente no tienen derecho a fallarle al pueblo, que colocó sus expectativas y esperanzas que ahora sí se de un cambio, y el tema de la creciente inseguridad y la violencia son la prioridad.

Demian Duarte en Twitter: @Demiandu

Correspondencia a demiandu1@me.com