¿Te has preguntado cuántas legisladoras y legisladores locales y federales, así como cuántas y cuántos impartidores de justicia (jueces, juezas, magistrados, magistrada, ministras y ministros) conocen la Constitución Política?
Escribo esta columna con una profunda preocupación por el rumbo de las instituciones en México. La lealtad partidista, la popularidad o las cuotas políticas no deben sustituir a la preparación técnica. Quien aspira a redactar las leyes de nuestro país o a resolver los conflictos de las y los ciudadanos debe entender que la Constitución no es un texto de consulta opcional, sino la base obligatoria de cada una de sus decisiones. Legislar y hacer valer las leyes no debe estar en manos de quienes no conocen la Constitución, de quienes están más preocupadas y preocupados por parecer influencer en sus redes sociales.
Es urgente que en México se establezca como un requisito básico, obligatorio e indispensable que cualquier aspirante al Poder Legislativo o al Poder Judicial demuestre conocer la Constitución de pies a cabeza. No podemos seguir permitiendo que la improvisación guíe el destino de la nación. Una legisladora, un legislador que ignora el texto constitucional trabaja a ciegas, privilegiando agendas políticas individuales por encima del pacto social que juró defender ante el pueblo mexicano.
La situación en nuestros tribunales resulta todavía más delicada. Permitir que la falta de preparación técnica o el desconocimiento de la Carta Magna definan la silla de una o un juzgador en México es abrirle la puerta a la injusticia sistemática. La protección de nuestras libertades fundamentales y de nuestros derechos humanos depende, por completo, de la capacidad analítica y del dominio absoluto que tengan las y los jueces del texto constitucional. La justicia mexicana no es un terreno para ensayar ni para pagar favores políticos.
Resulta urgente que como mexicanas y mexicanos elevemos el estándar y el costo de la incompetencia en los cargos públicos. No podemos seguir aceptando que quienes tienen en sus manos nuestras vidas, propiedades y libertades desconozcan las reglas más elementales de nuestro ordenamiento jurídico. Exigir perfiles constitucionalmente aptos y profundamente preparados debe ser una batalla ciudadana permanente para salvar nuestra democracia.
Juntas y juntos impulsemos un México donde el conocimiento sea el verdadero motor del poder, donde la ley no sea un privilegio de unos cuantos sino el escudo protector de todos y todas, y donde la excelencia de las y los gobernantes esté a la altura de la dignidad de nuestro país.
Jennifer Islas. Política y conferencista.
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