No puede resultar sorprendente para nadie que, de acuerdo a los resultados de la última edición de la prueba PISA, los jóvenes mexicanos no estén habilitados para hacer frente a los desafíos del mundo actual.
Según el estudio, apenas uno de cada cien jóvenes puede realizar operaciones matemáticas complejas y un mismo porcentaje cuenta con las competencias para comprender un texto. Estos lamentables resultados no son más que una muestra del estado de pobreza de la educación pública en México.
Los gobiernos de los presidentes AMLO y Claudia Sheinbaum, lejos de diseñar políticas de Estado, decidieron revertir la reforma educativa de 2013, devolver el control de la política educativa a los poderes fácticos como el SNTE y la CNTE, y en consecuencia, entregar el futuro de los niños y jóvenes mexicanos a un grupo de intereses de facciones cuya prioridad no es la educación, sino la consolidación de los apoyos políticos para obtener prebendas a cambio de movilización electoral.
En este contexto, numerosos analistas se han planteado la pregunta sobre por qué los mexicanos no han hecho nada para defender su débil democracia. ¿Por qué no han salido a las calles a protestar ante el aniquilamiento de los contrapesos? ¿Por qué no han inundado la Ciudad de México ante la reforma judicial, la desaparición de los organismos autónomos y frente a la captura de un Estado por parte de un régimen que amenaza las libertades?
La respuesta está, a mi juicio, en dos latitudes. Por un lado, la ausencia de liderazgos de oposición ha provocado que esas voces disidentes, reflejadas, por ejemplo, en los 90 millones de mexicanos que decidieron quedarse en casa el día de la elección, no cuenten con una voz que se exprese en su nombre. La oposición se ha convertido en viento, sin una voz legítima que tome el megáfono y denuncie las arbitrariedades del régimen.
Otra razón –quizás sea la más importante– es la educación. Como he señalado en las primeras líneas de este texto, las pruebas ostensibles de las pobres competencias de los jóvenes mexicanos han sido obstáculos para el desarrollo de sus capacidades análisis crítico y les ha cegado frente a la comprensión de los sucesos nacionales.
Muy poco les importa a muchos qué es el Poder Judicial, qué era el INAI, qué representa la democracia liberal, qué hacen los jueces, qué decisiones toma la Suprema Corte, y mucho menos, qué es la división de poderes.
Estos temas torales han quedado limitados al debate de un grupo de intelectuales cuyas voces difícilmente alcanzan a los más vulnerables.
Por el contrario, ante su desinterés y la ausencia de un Estado que garantice una educación de calidad, un gran número de mexicanos ha sucumbido a una propaganda oficial dirigida a imponer una versión única de una realidad alterna.