El joven Hugo Carbajal, de 15 años de edad, fue asesinado el fin de semana pasado en Jilotzingo, Estado de México. A raíz de este lamentable hecho, su familia, justificadamente enardecida contra las autoridades estatales antes su inacción contra el culpable, decidió el martes iniciar un plantón sobre el periférico norte que conecta el Estado de México con la capital del país, con el propósito de exigir la detención del presunto autor del homicidio.
Derivado de esto, la circulación en ambos sentidos permaneció cerrado durante horas, lo que provocó un caos vial, infligiendo daños y perjuicios a miles de automovilistas y transeúntes que, por motivos personales, de trabajo o de salud, tenían de la necesidad de desplazarse hacia la Ciudad de México o su área metropolitana. Afortunadamente para los familiares de Hugo, el culpable fue arrestado y será eventualmente procesado.
Estos sucesos atrajeron inevitablemente la atención de todos los medios y sirvió para movilizar a las autoridades; se instalaron mesas de negociación frente el parque Naucalli, localizado en el municipio de Naucalpan, y los familiares de Hugo tuvieron derecho de interlocución con las autoridades de justicia del Estado de México. El propio AMLO, tras la pregunta expresa de una reportera, hizo mención del asunto en la mañanera del pasado 6 de abril.
Lo ocurrido el pasado martes puso de manifiesto uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país: el fallido sistema de justicia. Si bien los amigos y familiares de Hugo obtuvieron sus exigencias, el precedente es terrible. A partir de ahora, cualquier agraviado ante una ausencia de acción por parte del Estado podría sentirse motivado para iniciar un acto ilegal, ilegítimo, y que a todas luces atenta contra el interés público; trátese de cerrar unilateralmente una vía vital para el tránsito, o de algún otro atentado deliberado contra las normas de convivencia social.
En suma, el penoso caso del joven Hugo Carvajal es doblemente grave. Por un lado, ha recordado a los mexicanos que el sistema de justicia (en este caso particular, del Estado de México) está roto y que sufre de dramáticas deficiencias tanto en su estructura como en su funcionamiento; y por el otro, que ha establecido un precedente perverso: los ciudadanos, en aras de justicia, estarán legitimados para iniciar cualquier acción violatoria de la ley y del interés público.
México exige justicia y una reforma estructural al sistema de justicia penal. No se permitirá más que crímenes no seas castigados. Para ello, el presidente de la República, en concierto con la Fiscalía General y los gobiernos y fiscalías estatales, deberán encauzar cambios profundos que hagan posible que todos los mexicanos tengamos acceso igual a la justicia, que nuestras quejas sean escuchadas, que los delincuentes sean castigados y que los agraviados no se vean impelidos a cometer actos ilegítimos que atentan contra el bienestar general. El caso de Hugo no debe sentar precedente.
José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4