“La libertad de prensa consiste precisamente en publicar aquello que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas”.
George Orwell
Hay algo mucho más grave que gastar millones de pesos en centenarios de oro, monedas de plata y juguetes mientras el Metro se cae a pedazos. Lo verdaderamente alarmante es que quien debería explicar esos gastos prefirió amenazar al periódico que los dio a conocer.
Ese fue el mensaje del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Después de que Reforma documentara que únicamente en 2022, el Metro destinó alrededor de 130 millones de pesos a centenarios y monedas conmemorativas y otros 20 millones a juguetes para hijos de trabajadores, la respuesta no fue transparentar los recursos ni explicar la prioridad de ese gasto. Esta fue anunciar que impediría durante ocho días la distribución del diario dentro de las instalaciones del Metro.
Es difícil encontrar una confesión más clara.
La carta de réplica del sindicato ni siquiera desmiente la información publicada. Al contrario. La reconoce y la justifica bajo el argumento de que se trata de “derechos legítimos conquistados durante décadas de negociación sindical”.
Si son derechos legítimos, ¿qué tendría de escandaloso que la sociedad los conozca? ¿Por qué reaccionar contra el mensajero y no contra la información?
La ironía raya en el humor involuntario. La 4T presume haber “liberado” a los sindicatos del viejo control político para volverlos más democráticos y transparentes. Extraordinario. Tan transparentes que cuando un periódico documenta en qué gastan 150 millones de pesos, la respuesta no consiste en abrir las cuentas, sino en intentar cerrar la circulación del diario. Si esa es la nueva libertad sindical, el viejo charrismo solo cambió de uniforme.
La autonomía sindical nunca significó inmunidad frente al escrutinio público. La democracia sindical no consiste en sustituir al patrón por un dirigente igualmente opaco. Mucho menos en utilizar derechos laborales como escudo para esconder privilegios financiados con dinero público. Porque cuando la libertad sirve para administrar recursos sin transparencia, intimidar a la prensa y blindar excesos, deja de ser una conquista democrática para convertirse en una licencia para abusar.
Cuando alguien intenta censurar una noticia sin desmentirla, está aceptando que el problema no es la mentira. Es la publicidad.
Y eso resulta particularmente ofensivo cuando millones de usuarios utilizan todos los días un sistema que vive entre retrasos, fallas eléctricas, trenes averiados, escaleras descompuestas, filtraciones de agua, vías deterioradas y estaciones cuya infraestructura evidencia años de mantenimiento insuficiente.
No se discute aquí que un sindicato defienda prestaciones laborales. Debe hacerlo.
Lo que no puede defender es que cualquier privilegio adquirido sea inmune al escrutinio público, sobre todo cuando el dinero proviene de los impuestos de los ciudadanos y pertenece a una institución que transporta diariamente a millones de personas.
Hay derechos laborales. Y hay privilegios presupuestales. No son lo mismo.
Los trabajadores del Metro merecen seguridad, capacitación, herramientas adecuadas, mejores condiciones laborales y salarios competitivos. Esas son prestaciones que fortalecen tanto al trabajador como al servicio público mismo.
Otra cosa muy distinta es convertir recursos públicos en regalos cuya oportunidad resulta, por decir lo menos, difícil de justificar, que van a unos cuantos, y donde el propio sistema enfrenta un rezago permanente de mantenimiento.
La comparación resulta inevitable. Mientras los usuarios esquivan goteras, soportan frenones, retrasos y averías constantes, la discusión pública termina girando alrededor de centenarios de oro.
La austeridad mexicana siempre encuentra formas muy creativas de dejar de ser austeridad. No hay dinero para infraestructura. No hay dinero para mantenimiento. No hay dinero para modernizar instalaciones. Pero sí aparecen millones para reconocimientos que el propio sindicato considera incuestionables.
La contradicción habla sola.
Sin embargo, el episodio deja una lección todavía más preocupante. Cada vez son más frecuentes los actores públicos —gobiernos, fiscalías, congresos, sindicatos u organismos autónomos— que consideran que informar constituye una agresión y que responder con intimidación es una forma válida de ejercer el poder.
Es la pedagogía del abuso. Primero se desacredita al periodista. Después se amenaza al medio. Más tarde se normaliza que quien investiga sea tratado como enemigo.
No es casualidad que México permanezca entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La violencia contra la prensa no comienza con las balas. Comienza cuando el poder decide que preguntar constituye una ofensa y que investigar merece un castigo.
Por eso, el desplegado del sindicato trasciende los centenarios. Representa otra estación en ese recorrido nacional donde la opacidad intenta viajar disfrazada de derecho adquirido y la intimidación pretende convertirse en mecanismo ordinario de gobierno.
Una democracia empieza a deteriorarse cuando el poder deja de explicar sus decisiones. Pero acelera su destrucción cuando, en lugar de responder preguntas, amenaza a quien las formula.
Giro de la Perinola
La violencia física contra periodistas convive con una creciente normalización de amenazas, campañas de intimidación y uso del poder para inhibir investigaciones incómodas. Lo ocurrido con el Sindicato del Metro parece menor frente a un asesinato, pero forma parte de la misma lógica: el poder ya no responde; intenta silenciar. Esa es la verdadera avería que hoy recorre las vías del país.