No es un debate estadístico. O no debería serlo. Reducirlo a porcentajes o a números absolutos significa despojarlo de su humanidad. Estamos ante un hecho que lastima profundamente a la sociedad. Enfrentarlo, por consiguiente, requiere de una dosis elevada de humanismo, no de fría aritmética.
La desaparición de personas es una tragedia espantosa para familias y amistades de quien nada se sabe. Pocas situaciones generan tanto sufrimiento, tanta angustia y tal vacío existencial. Es imposible negarlo. Pero tampoco tiene sentido ignorar los esfuerzos del gobierno actual, concentrados en objetivos urgentes: verdad, justicia, memoria, reparación y, sobre todo, la obligación del Estado de modificar las instituciones y prácticas que permitieron que este delito echara raíces durante décadas.
Hay una diferencia de fondo con el pasado: con la 4T, la desaparición ya no es un delito ejecutado o encubierto desde el poder político central. Esta es la base del diagnóstico; cualquier intento de tergiversarlo es pura deshonestidad intelectual.
El ruido de la international commentocracy
Sin embargo, cuánto estorba la international commentocracy —¿estará bien dicho en ingles?—. Alimentada por el nado sincronizado del periodismo tradicional, esas columnas y noticieros que generan ruido en redes sociales, la élite de opinión ignora que el problema viene de muy lejos, de los años de barbarie antidemocrática del PRI y el PAN.
La intervención del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha alterado el debate con argumentos más cercanos a la coreografía que a la objetividad. Ese comité no supo leer la complejidad del territorio, que impide atender cada foco delictivo simultáneamente, ni consideró la mutación del crimen organizado. Ya no hablamos de bandas regionales, sino de corporaciones globales que lavan dinero en centros financieros del primer mundo y se abastecen de armas extranjeras que dotan a sus sicarios de un poder de fuego superior al de muchas entidades federativas de nuestro país.
El camino allanado
No olvidemos que la alfombra roja para esta oleada de violencia se tendió entre 2006 y 2018. Primero, con el fraude electoral de Calderón que detonó la fallida guerra contra el narco, y luego con un gobierno priista, el de Peña Nieto, que se limitó a contemplar la avalancha. Aquella estrategia no solo incrementó la violencia, sino que permitió a la delincuencia diversificarse mientras las autoridades, corrompidas, alimentaban la hoguera combatiendo únicamente a los grupos que sus propios aliados mafiosos señalaban.
No hay estudio serio sin diagnóstico del pasado. Omitirlo es quedarse en la descripción del síntoma sin tocar la causa; así no se diseñan soluciones de largo plazo.
La realidad frente al dogma
A pesar de la apertura de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la CNDH para abrir expedientes, el CED insiste en una narrativa inaceptable. La desaparición en México no es una condición uniforme de la geografía nacional; es un problema atomizado que varía según el cártel de cada región y la fragilidad de las instituciones locales.
Eventos como San Fernando (2010) y Allende (2011) demuestran que grupos como Los Zetas operaban con una lógica de exterminio civil, amparados por la porosidad de las policías locales. En Nayarit, en 2017, la fiscalía y la policía estatal fueron los protagonistas de 150 desapariciones en apenas cuatro meses. Esto habla de la captura de los gobiernos locales por el crimen.
En Guerrero, la herida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa sigue abierta. Su búsqueda, que fue negligente y burocratizada bajo el viejo régimen, es hoy una responsabilidad institucional ineludible para una administración de izquierda que no ve en las víctimas una carga, sino una prioridad.
La “camisa de fuerza” conceptual
El comité de la ONU ha llegado al exceso de pretender imponer una camisa de fuerza conceptual. Cae en la falacia de calificar como sistemático lo que son omisiones o colusiones criminales específicas de gobiernos locales. En Tierra Blanca (2016), hubo policías implicados, sí, pero el control del acto era estrictamente criminal. Es una naturaleza híbrida que la burocracia internacional no logra ver —o de plano no quiere observar—. Prefieren la comodidad de un relato que culpa a una estructura estatal de represión que hoy ya no existe.
De la impunidad cínica a la soberanía
Desde 2019, el eje cambió. La CNDH ya no archiva recomendaciones en el fondo de un cajón. El autoritarismo de antaño ha dado paso a un sistema que reconoce la competencia de la ONU para casos individuales y escucha a las ONGs, incluso a aquellas cuyas conclusiones parecen dictadas por la oportunidad mediática.
México transita hacia un sistema de protección más robusto. Negar la responsabilidad de los cárteles y la erosión de las policías locales es absurdo. Hoy, la prioridad son las víctimas y los colectivos de búsqueda, atendidos sin intermediarios.
Lo que no es aceptable es la politización de la tragedia. La 4T debe mantener el diálogo con el CED, pero sobre la base del respeto absoluto a nuestra soberanía. La meta es solucionar el problema, no regalar argumentos a la oposición nacional y a grupos extranjeros que apuestan por la demolición de nuestras instituciones.