En Yucatán se habla de un “rompimiento” entre el Gobierno del estado y un sector del empresariado por el aumento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN). Pero conviene preguntarnos: ¿rompimiento con quién y por qué motivos? ¿Con el desarrollo del estado o con la renta de privilegios históricamente intocables?
Durante años, Yucatán construyó una narrativa de estabilidad basada en acuerdos tácitos donde ciertos grupos empresariales influyeron —y en ocasiones dictaron— la política económica local.
Hoy, ante un ajuste fiscal que busca proteger a las familias, fortalecer los programas sociales y cubrir necesidades que ya no pueden esperar, algunos de esos sectores han reaccionado no desde la razón, sino desde el enojo.
El gobernador Joaquín Díaz Mena ha explicado con claridad el contexto: Yucatán enfrenta un boquete financiero heredado, así como compromisos que requieren responsabilidad y no discursos vacíos.
En ese marco, el incremento al ISN no es un capricho ni un castigo, sino una medida moderada para garantizar que los recursos alcancen donde verdaderamente hacen falta: salud, educación, seguridad, infraestructura y apoyo directo a quienes nunca han tenido silla en la mesa de las decisiones.
Es importante subrayar que las micro y pequeñas empresas —el verdadero motor económico del estado— pueden incluso amortiguar totalmente el incremento, pues la regulación permite que al hacer el cálculo, el aumento se neutralice o quede en ceros. Este detalle, perdido en el discurso de ciertos líderes empresariales, demuestra que el golpe no es para las empresas que crean empleos dignos, sino para aquellas grandes estructuras que durante décadas han disfrutado incentivos constantes y que hoy se resisten a aportar un poco más al bienestar común.
Hay que decirlo claramente: no existe desarrollo sin corresponsabilidad. Ningún modelo económico sostiene crecimiento si una parte insiste en que el gobierno debe hacer más con menos mientras ellos aportan lo mismo de siempre. Yucatán necesita inversión, sí, pero también justicia fiscal.
El gobernador ha abierto el diálogo, ha explicado punto por punto la urgencia de ordenar las finanzas y ha mostrado disposición para ajustar lo necesario… excepto una cosa: regresar al esquema donde los intereses privados prevalecían sobre el interés público.
Quienes hoy levantan la voz hablando de “autoritarismo fiscal” omiten que durante décadas fueron ellos quienes impusieron condiciones. Que hoy tengan que sentarse con la misma humildad que se les exige a todos los contribuyentes no es una ruptura: es el inicio de un nuevo equilibrio. El verdadero rompimiento no es entre gobierno y empresarios.
El verdadero rompimiento es entre un Yucatán que quiere avanzar para todas y todos, y un pequeño grupo que quiere seguir avanzando solo para sí mismo. Joaquín Díaz Mena ha optado por el lado correcto de la historia: el de la mayoría.