Las políticas para impulsar la paridad no tienen respuesta para enfrentar el machismo que se resiste a morir en comunidades indígenas y espacios en los que tienen grabado hasta el tuétano que las mujeres deben ser sumisas y obedientes, aunque hayan sido electas por voluntad popular para algún cargo.
En San Juan Chamula, los últimos rayos de sol se cuelan por las pequeñas ventanas de adobe, pero la noche vino a teñir de terror la comunidad Bautista Chico. Allí, la regidora tzotzil Lola Patricia “N”, de 26 años de edad y segunda síndica municipal, fue acribillada por quien en otro tiempo fue su compañero de vida. Hija del tesorero local, ella vestía con orgullo la dignidad de su cargo, pero ni la autoridad ni los títulos fueron suficientes para recibir el respeto que merecía: tras una discusión en su casa, el esposo sacó un arma y le disparó al menos tres veces. Luego huyó en el vehículo de la víctima, dejando una estela de dolor e indignación. La Fiscalía de Chiapas abrió carpeta bajo protocolo de feminicidio e implementó operativos de búsqueda, mientras la noticia sacude el Altiplano andante.
Chiapas tiene algo que pudre la masculinidad de los que ni siquiera reconocen la existencia de la ley pues el horror de Lola Patricia se une a una cadena de tragedias contra mujeres. Apenas hace un par de días, en Simojovel, Elia “N.”, una niña tzeltal de apenas 16 años salió a vender tortillas para ayudar a su familia pero nunca volvió. Desapareció y fue hallada asesinada en la vía pública. Era una niña.
La Fiscalía informó que su cuerpo presentaba signos de violencia y abuso, y aunque ya detuvo al presunto agresor, Axel “N”, no se explica el repunte en violencias machistas que apenas y pueden mirarse de forma distinta entre tanta violencia y situaciones excepcionales de la frontera sur.
En Tuxtla Gutiérrez, la costurera y madre de dos pequeños, originaria de Tabasco, Yuri Cristel (30 años) sufrió un destino igualmente despiadado: tras una discusión con su esposo fue golpeada, rociada con gasolina y quemada viva dentro de su casa entre dos sujetos: el mismo esposo y un amigo de este. Vecinos relataron que la pareja discutía con frecuencia, pero nunca imaginaron el final de horror. Más al sur, cerca de Tapachula, pobladores encontraron el cuerpo de otra mujer (40-45 años) en un basurero clandestino, con múltiples golpes en el rostro y el cuerpo. Y en Comitán, los restos de dos mujeres fueron hallados en una fosa séptica de una casa abandonada cerca de la universidad local. Estos hallazgos macabros elevaron ya a 19 los feminicidios registrados en Chiapas solo en 2025. Cada caso es un nombre, una familia destrozada, una pregunta sin respuesta.
A la indignante lista de víctimas, colectivos feministas responden con exigencias claras. La Colectiva 50+1 –que da seguimiento puntual a estos casos– denuncia que las actuales alertas y protocolos son papel mojado. Subrayan que junio de 2025 es el mes más letal contra las mujeres en Chiapas y exigen revisar la Alerta de Violencia de Género pues la alerta declarada en 2016 solo aplica para siete municipios, luego fue ampliada a 16, pero aún así, ha sido insuficiente e ineficaz –en muchos casos, meramente protocolaria– pues “los feminicidios no disminuyen; al contrario, aumentan”.
Ante esta ola de violencia, el gobernador y todas las instancias de seguridad y justicia tendrían que estar observando los cambios concretos que urgen así como el exceso de falta de autoridad. Todas exigen que se identifique y castigue a los autores materiales e intelectuales, que se garantice protección real a las mujeres en riesgo y que se fortalezca el presupuesto de las instituciones de seguridad y justicia. Resultan urgentes programas educativos que desarmen la cultura machista desde las escuelas e intervenciones a la salud mental de aquellos hombres que siguen sin entender que las mujeres no son de su propiedad.
El hecho es que el cargo no exime del peligro. La historia de Lola Patricia desmantela mitos: ser hija del tesorero municipal, tener un puesto de liderazgo local o estudios formales no garantizan nada ante la violencia machista. En Chiapas, como en otras partes, los títulos y las medallas se evaporan frente a las balas y la furia del agresor. Por eso, exigir justicia para Lola Patricia y para cada mujer asesinada es un imperativo urgente. Más porque al decir que “llegamos todas” la expectativa mínima es que puedan mantenerse con vida.
Cada nombre arrebatado es un motivo más para no callar. En Chiapas, por ahora, las calles conservan la huella de estos crímenes. Encima, quieren reformar su código para imponer 100 años de prisión por feminicidio, pero nada hablan de activar medidas de protección, llevar ministerios públicos itinerantes a las comunidades más alejadas, patrullar, brindar estrategias preventivas, sacar a los agresores del domicilio con la primera llamada, entregar botones de pánico, nada. Como si los miles de años en la cárcel pudieran devolverlas o disuadir esos crímenes para los que ya existen sanciones que superan los 60 años de cárcel.