En México no estamos frente a una crisis aislada de la libertad de expresión. Estamos frente a un modelo. Un diseño político que paso a paso ha ido construyendo un ecosistema hostil para la prensa crítica, funcional para el poder y profundamente corrosivo para la democracia. Ese modelo tiene un referente claro: el chavismo. No se trata de una copia burda, sino de una adaptación tropicalizada, donde el instrumento central no es la censura directa (todavía), sino la presión sistemática desde el poder público. Las conferencias matutinas, convertidas en tribuna política cotidiana, han evolucionado de un ejercicio de comunicación gubernamental a un mecanismo de señalamiento, estigmatización y disciplinamiento mediático. Desde ahí se construye una narrativa oficial que divide, etiqueta y confronta, donde se desacredita al periodista incómodo, se exhibe al medio crítico y se premia, con acceso o recursos, a quienes se alinean. No es casualidad, es método, y el método es conocido: desacreditar para controlar.
La gravedad del fenómeno no es retórica, es medible. México se mantiene como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En años recientes, el país ha ocupado consistentemente los primeros lugares globales en asesinatos de periodistas, con cifras que oscilan entre cinco y siete homicidios anuales documentados en los reportes internacionales más recientes, y con un acumulado que supera los 170 periodistas asesinados desde el año 2000. Este dato, por sí mismo, debería ser suficiente para encender todas las alarmas institucionales, porque coloca a México en una condición comparable con zonas de conflicto armado o Estados fallidos. Pero el problema no se agota en la violencia criminal. Se agrava con el contexto político. Cuando desde el poder se normaliza el señalamiento a periodistas, cuando se les coloca como adversarios del Estado, cuando se les acusa sin pruebas de responder a intereses oscuros, se construye una atmósfera de permisividad donde la agresión encuentra justificación simbólica. El discurso también mata, porque desprotege, porque legitima el ataque y porque erosiona la percepción social de la prensa como contrapeso legítimo.
Lo que estamos observando es una captura narrativa progresiva. Los regímenes con pulsión autoritaria no comienzan cerrando medios, comienzan deslegitimándolos. En México, el poder ha optado por una estrategia híbrida: no clausura periódicos, pero los asfixia financieramente; no prohíbe voces, pero las margina del espacio público; no censura formalmente, pero instala una narrativa donde disentir es sospechoso. Este proceso ha sido acompañado por la construcción de un ecosistema paralelo de comunicación política financiado con recursos públicos, un pseudo-periodismo, la mayoría de las veces sin la menor formación profesional, que replica, amplifica y defiende la narrativa oficial desde redes sociales y plataformas digitales. Este entramado, articulado desde el aparato de comunicación del gobierno y operado políticamente desde Palacio Nacional, desde donde se han impulsado campañas, tendencias y ataques dirigidos contra periodistas, medios y analistas críticos, en una lógica que sustituye el debate por la descalificación. No es periodismo, es propaganda financiada con dinero público.
Frente a este cerco, han surgido y se han fortalecido espacios independientes que representan una forma de resistencia real al control narrativo. Plataformas como LatinUS, Atypical Te Ve, Código Magenta, Factor Kaiser y RID han abierto grietas en ese intento de alineamiento, operando fuera de la lógica del subsidio gubernamental y asumiendo el costo político, económico y reputacional de sostener una línea editorial independiente. No son espacios homogéneos ni exentos de crítica, pero su existencia es profundamente significativa, porque demuestra que incluso en contextos de presión sistemática, la información busca canales alternativos para sobrevivir. Su crecimiento no es casual, es consecuencia directa del intento de control. Cuando el poder intenta cerrar el espacio, el espacio se reorganiza, se fragmenta y se reconstruye en nuevas plataformas que escapan, al menos parcialmente, del control institucional.
La historia es clara y no admite excepciones relevantes. Todo régimen con vocación totalitaria comparte un rasgo fundamental: la necesidad de alinear a los medios de comunicación. Porque quien controla la narrativa, controla la percepción de la realidad. Venezuela transitó ese camino, Cuba lo consolidó como sistema, Nicaragua lo ejecutó con rapidez. El patrón es siempre el mismo: primero se acusa a la prensa de mentir, luego se divide entre medios “buenos” y “malos”, después se fortalece una red de comunicación oficialista y finalmente se reduce el espacio para la crítica real hasta volverla marginal o peligrosa. México no está fuera de ese patrón, está avanzando dentro de él, con sus propias características y ritmos, pero con una dirección reconocible.
Este modelo no es gratuito. Cuesta dinero público que se desvía hacia la propaganda disfrazada de información, cuesta institucionalidad al degradar la relación entre el poder y los medios, pero sobre todo cuesta libertad y prestigio internacional. La continuidad del esquema de comunicación basado en las mañaneras, ahora bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, no solo reproduce el modelo anterior, sino que lo consolida como eje central de la acción política. En lugar de ser un instrumento de rendición de cuentas, se ha convertido en una herramienta de polarización permanente, en un espacio donde la narrativa sustituye a la gestión y donde las crisis, en lugar de resolverse, se administran mediáticamente. Esa lógica no fortalece al gobierno, lo exhibe. No reduce la crítica, la intensifica. No genera cohesión, produce resistencia.
Atacar a la prensa no fortalece al Estado, lo debilita. Controlar la narrativa no construye legitimidad, apenas la simula. México enfrenta una disyuntiva profunda: preservar el espacio de la crítica libre o deslizarse, de manera gradual pero consistente, hacia un modelo donde disentir tiene costo político, social y eventualmente personal. Ese camino ya ha sido recorrido en otros países, y sus consecuencias son conocidas. La diferencia es que México aún está a tiempo de decidir si quiere recorrerlo completo o detenerse antes de que el cerco a la palabra se convierta en una condición irreversible.