Mucho se ha escrito sobre la ilegitimidad de la Suprema Corte de Justicia. Se sabe que la reforma judicial fue posible derivado de una sobre representación parlamentaria entregada al oficialismo por parte del Tribunal Electoral, y es más que conocida la operación dirigida a imponer, mediante la manipulación del voto a través de acordeones, al nuevo Poder Judicial.
Debe repetirse una y otra vez. Los nueve ministros de la Corte, incluido Hugo Aguilar, son el resultado de una estrategia del régimen gobernante de desmantelar el sistema de contrapesos en México. Sin embargo, el reciente caso de Ricardo Salinas Pliego podría servir de una perfecta cortina de legitimidad.
Nadie en su sano juicio puede refutar el argumento de que todos los ciudadanos de un Estado están obligados a pagar impuestos. Se trata, ni más ni menos, del costo asumido para sufragar los costos de un Estado responsable de ofrecer seguridad y servicios públicos.
En este contexto, si el caso de la deuda fiscal de Ricardo Salinas es legítima y no responde a una estratagema política, el empresario debe pagar, y de no hacerlo, las autoridades podrían proceder a embargarle sus bienes y empresas presentes en territorio nacional. La evidencia parece apuntar en este sentido, y por tanto, la Corte habría tomado la decisión correcta en aplicación del Estado de derecho en este país. ¡Enhorabuena!
No obstante por este acto de aparente congruencia y aplicación de la ley, la Suprema Corte no merece ganarse la legitimidad pública. En primer lugar, como he señalado, la elección judicial fue fraudulenta, y en segundo, el caso Salinas ha sido sobremanera mediático. Se desconocen las negociaciones que habrían tenido lugar entre los abogados del empresario y los enlaces de los ministros, o si se quiere, con los propios juzgadores.
La autoproclamada 4T buscará a partir de hoy anunciar la resolución como una justificación de la reforma judicial. ¡Ha sido la Corte del pueblo la que ha actuado contra los corruptos y la mafia del poder! Gritarán sin cesar. Sin embargo, a pesar de la decisión correcta en apariencia tomada por el tribunal, la verdad debe prevalecer en el espacio público ante el fraude cometido antes, durante y después de la infame reforma al Poder Judicial.