El fantasma del viejo corporativismo se niega a morir en la Sierra Norte de Puebla. Cuando parecía que las reglas del juego para la entrega de apoyos sociales habían cambiado, apostando por la línea directa entre la federación y los ciudadanos, las viejas mañas de la movilización forzada saltan de nuevo a la escena. El escenario del más reciente atropello fue Huitzilan de Serdán; el botín en disputa, nada menos que un jugoso fondo de más de 10 millones de pesos.
No es un secreto para nadie que la gestión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) representa un tanque de oxígeno puro para las comunidades con mayor rezago. Son recursos destinados a lo más básico: agua, luz, caminos; obras que realmente muerden la periferia de la desigualdad. Sin embargo, donde la comunidad ve desarrollo, las organizaciones de presión ven presupuesto y control político.
La irrupción de Antorcha Campesina en la asamblea comunitaria de Huitzilan no fue un acto de participación democrática, sino una coreografía de presión de las que ya conocemos de memoria. Camiones repletos de “acarreados” —muchos de ellos ajenos al municipio— llegaron con la consigna clara de reventar la conformación del comité de vigilancia. El objetivo detrás de la gresca y los conatos de violencia es tan viejo como el clientelismo mismo: imponer a sus cuadros para secuestrar la toma de decisiones y, de paso, llevar el agua (y los contratos) a su propio molino.
Lo verdaderamente alarmante de este episodio no es solo la suspensión de la asamblea, sino el riesgo físico al que se expuso al personal de la Secretaría de Bienestar federal, quienes atrapados en el fuego cruzado del oportunismo, tuvieron que priorizar la integridad antes que el orden del día.
Las comunidades indígenas de Huitzilan han sido claras y contundentes en su rechazo. No quieren intermediarios, no quieren tutelajes políticos y mucho menos agrupaciones que utilicen la bandera de la pobreza para beneficio particular. La era en la que una organización decidía qué se construía y a quién se beneficiaba a cambio de lealtades corporativas debe quedar en el pasado.
La pelota queda ahora en la cancha de las autoridades municipales y delegacionales. Permitir que el chantaje de los autobuses y la provocación determine el destino de los recursos públicos no solo sería una cobardía institucional, sino una traición a los pueblos originarios. El dinero del FAISPIAM pertenece a la gente de Huitzilan, no a las franquicias políticas que viven de lucrar con la necesidad. Si no se pone un freno en seco, los 10 millones de pesos no se transformarán en obras, sino en el combustible de un conflicto social de pronóstico reservado.