En relación con el caso de Andrés López Beltrán y la revocación de su visa, la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy han sido enfáticas en que no existen los mínimos elementos para que la FGR inicie una investigación en su contra, a pesar de que, como ha trascendido, el nombre del hijo del expresidente habría aparecido en un expediente relacionado con el huachicol fiscal, amén de los reportajes periodísticos que apuntan en esa dirección.
Al igual que en el caso de Rubén Rocha, insisten en las pruebas. Tienen razón. Mientras no existan elementos oficiales probatorios una investigación contra López Beltrán resulta inviable. Bajo el supuesto de que la FGR es el único organismo del Estado capaz de investigar y producir esas pruebas -pues esa es su razón de ser en materia de presuntos crímenes federales- y resulta evidente la ausencia de cualquier atisbo de voluntad para producirlas, entonces ¿como surgirán las pruebas?
En otras palabras, tras la exoneración pública de Sheinbaum y Godoy a López Beltrán, ¿cuál es la fuente a través de la cual puede aspirar la opinión pública mexicana a conocer la verdad detrás de estos escándalos? No quedan más que los reportajes periodísticos y lo que llegue desde Washington. Sí, por muy odioso que pudiese sonar, no queda más que confiar en lo que Mexicanos contra la Corrupción, Reforma, El Universal, The New York Times o el Departamento de Justicia de Estados Unidos puedan dar a conocer.
Decepcionante.
Ese ha sido el altísimo costo del desmantelamiento de los organismos autónomos del Estado, de la captura del Poder Judicial y del sometimiento de la FGR al poder político. Es una pena, pues se han perdido los canales institucionales públicos de justicia. Así las cosas en el México de hoy .