México enfrenta nuevamente los efectos de una política pública improvisada, ideologizada y alejada de la realidad global. Las recientes medidas del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) contra el sector aéreo mexicano no son un simple ajuste técnico ni una anécdota diplomática, son un duro golpe a la competitividad, la confianza y la reputación del país.
La decisión de cancelar trece rutas aéreas entre México y Estados Unidos, que incluían destinos estratégicos como Nueva York, Los Ángeles y Miami, llegó en el peor momento posible: antes de la temporada alta y a menos de un año del Mundial de futbol. El impacto es doblemente grave porque incluye la suspensión temporal de vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia territorio estadounidense.
El mensaje en términos diplomáticos es inequívoco: Estados Unidos ha perdido confianza en la gestión aeronáutica mexicana.
Más política que técnica
En febrero de 2023, el expresidente López Obrador emitió un decreto que prohibió las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Una decisión tomada sin consulta técnica ni coordinación con el sector, que obligó a las aerolíneas nacionales y extranjeras a trasladar sus operaciones al AIFA, que no reúne las condiciones óptimas para operar como hub internacional.
Estados Unidos consideró la medida una violación directa al acuerdo bilateral de transporte aéreo y una práctica anticompetitiva. En otras palabras, México incumplió compromisos internacionales, y los platos rotos los pagarán las aerolíneas mexicanas, los pasajeros y la economía nacional.
Exceso de discurso
Más preocupante que la sanción en sí, es la falta de autocrítica del gobierno federal. En lugar de reconocer errores, ha preferido recurrir al discurso del agravio externo. Claudia Sheinbaum, declaró: “México no es piñata de nadie; a México se le respeta”. Una frase vacía que pretende apelar al orgullo nacional, cuando en realidad se trata de un problema técnico y diplomático que exige negociación.
La narrativa de confrontación puede servir para consumo interno, pero no resuelve los problemas estructurales de la aviación mexicana, un sector que requiere planeación, inversión y respeto a los acuerdos internacionales.
Convertir la política aérea en un símbolo de soberanía es tan inútil como riesgoso.
La sanción
No es la primera vez que México enfrenta turbulencias en su relación aeronáutica con Estados Unidos. En años recientes, el país perdió la categoría 1 de seguridad aérea debido a deficiencias en supervisión técnica y capacitación. Aunque después de más de dos años se recuperó, las aerolíneas nacionales que ya operaban con costos elevados y limitaciones de expansión, hoy sufren un nuevo revés que encarece sus operaciones y deteriora su imagen.
En aviación, como en economía y diplomacia, las turbulencias no aparecen por azar. Son consecuencia de malas decisiones, negligencia y soberbia.
El intento del gobierno de reordenar el espacio aéreo mexicano desde la lógica del poder político, y no desde la técnica, ha derivado en sanciones, aislamiento y pérdida de confianza.
El AIFA y la sombra del NAIM
El AIFA nació como sustituto del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), una decisión que sigue generando controversia, principalmente porque la cancelación se realizó sin estudios financieros, de aviación ni comerciales.
Aunque el AIFA se presentó como alternativa “austera y nacionalista”, las críticas de organismos internacionales, expertos en aviación y empresarios fueron contundentes: el nuevo aeropuerto carecía de conectividad, infraestructura y planeación integral.
Hoy es un símbolo del modelo de improvisación. El traslado forzado de operaciones de carga fue interpretado por el gobierno estadounidense como una medida discriminatoria. Además, diversos decomisos de droga en sus instalaciones han incrementado la atención sobre su seguridad, a pesar de que las autoridades mexicanas afirmen que los aseguramientos demuestran eficacia, no vulnerabilidad.
Zedillo y la exigencia de auditoría
Uno de los críticos más duros de las megaobras de Morena, el expresidente Ernesto Zedillo, ha propuesto auditorías independientes e internacionales para el AIFA, el Tren Maya y Dos Bocas, argumentando que son enormes inversiones públicas sin la debida transparencia.
Zedillo calificó al AIFA como “la destrucción del aeropuerto de clase mundial para la Ciudad de México que estaba a medio terminar” y planteó que el proceso de revisión debería asemejarse al del Fobaproa, con total rendición de cuentas.
De llevarse a cabo, la auditoría revelaría fallas técnicas, contractuales y financieras que permitirían corregir errores y recuperar la credibilidad ante organismos internacionales. Pero en lugar de abrirse al escrutinio, el gobierno prefiere el discurso del orgullo nacional y el enfrentamiento con Washington.
Soberanía o aislamiento
El dilema que enfrenta México no es de soberanía, sino de credibilidad. Defender el AIFA y otras decisiones logísticas sin sustento técnico, coloca al país en una posición vulnerable frente a socios estratégicos. La política aérea debería ser terreno de cooperación internacional, no de propaganda interna.
Si el gobierno quiere evitar que “nos corrijan la plana”, debe asumir la responsabilidad de revisar sus políticas, transparentar sus procesos y restablecer la confianza con Estados Unidos y con la comunidad aeronáutica global.
La aviación exige rigor, técnica y visión de largo plazo, no caprichos y consignas que, no solo ponen en riesgo la conectividad del país, sino su reputación internacional.
Los cielos, como la ley y la razón, no admiten improvisaciones.
X: @diaz_manuel