TENGO OTROS DATOS

El Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) se ha propuesto romper la alta concentración en las compras y distribución de medicamentos que existe en el sector público por parte de algunas empresas privadas y así frenar los elevados costos en estos productos, y que afectan de forma importante el presupuesto público nacional.

La forma en que la administración encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pretende acabar con los oligopolios del sector será a través de compras consolidadas coordinadas por la de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Las columnas más leídas de hoy

Los contratos adjudicados por el Gobierno de México a la oficina de Naciones Unidas tienen un valor total mayor a los 18 mil millones de pesos (877 millones de dólares) para más de 210 claves de medicamentos, con lo que se ha logrado un ahorro inicial de dos mil 389 millones de pesos (117 millones de dólares), tomando como base los precios referenciales pagados por el comprador público el año pasado.

La dinámica actual de trabajo es pensando en que la UNOPS coordine la entrega de medicamentos priorizados junto con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien a su vez organiza el traslado de las medicinas a los puntos de destino con las instituciones de salud y los operadores logísticos seleccionados por cada dependencia.

La concentración que existía en la compra de medicamentos en el sector público era a todas luces injusta y significaba un gran gasto para el gobierno. Según datos proporcionados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, “De 2012 a 2018 sólo 10 empresas concentraron el 79.6% del gasto en medicamentos, un total de 241 mil millones de pesos. Esto es el equivalente al presupuesto de la UNAM de cinco años o al presupuesto de un año de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco juntos”.

También puedes leer

La excesiva concentración de empresas privadas en la adquisición y oferta de medicamentos que hay en México es un factor que influye en el elevado costo de estos productos, no sólo para el gobierno sino también para la población en general, por lo que habitantes del país que tienen ingresos bajos tienen muchas veces que prescindir de medicamentos indispensables para ellos, con el consiguiente deterioro en su salud.

La venta de medicamentos en México alcanzó un valor de 184.5 mil millones de pesos en el 2014, representando el 70% de este el consumo privado y el 30% el institucional (IMSS, ISSSTE, Pemex etcétera).

El gobierno de Enrique Peña Nieto estableció desde el 2013 la compra consolidada de medicamentos del sector salud, lo que supuestamente traería ahorros para las instituciones como el IMSS, ISSSTE, etcétera, pero esta acción del priista no fue suficiente para cambiar el control del mercado de los medicamentos por un puñado de grandes empresas privadas ni tampoco representó ahorros para el sector público.

Hasta enero del 2016 el gobierno federal había licitado 37 mil 513 millones de pesos para la compra consolidada de medicamentos, material quirúrgico, vacunas y material de curación; del total de estas licitaciones, el 59 por ciento de los montos asignados fue para tres compañías, según datos del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C. (IIIFAC), pero en el proceso participaron 407 proveedores.

El Grupo Fármacos Especializados, propiedad de José Antonio Pérez, fue el que se quedó con 31 por ciento, equivalente a 11 mil 730 millones de pesos, que ganó a través de licitaciones y adjudicaciones directas. La Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), una filial de Laboratorios Pisa, propiedad de Carlos Álvarez Bermejillo, obtuvo el 17 por ciento de la licitación, que representa 6 mil 486 millones de pesos. La compañía de Carlos Arenas, Farmacéuticos Maypo, tiene el 11 por ciento de la bolsa licitada, lo que significa 4 mil 130 millones de pesos para ese corporativo.

Las tres empresas que se llevaron la mayor parte de la licitación de las compras consolidadas de los medicamentos en 2016 no eran nuevas en el abastecimiento de productos y desde antes ya concentraban la proveeduría a las instituciones de salud pública.

La distribución y surtido de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo realizaba casi en su totalidad Grupo Farmacéutico Especializado, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre el 2004 y 2006, el IMSS pactó con tres empresas el sesenta por ciento de sus adquisiciones de medicamentos e insumos, cuyo monto fue de poco más de 14 mil millones de pesos. Dos de esas empresas, Fármacos Especializados y Selecciones Médicas, forman parte del corporativo de José Antonio Pérez.

En febrero de 2009 el ISSSTE adjudicó un contrato abierto hasta por 3 mil 220 millones de pesos a la Empresa Fármacos Especializados para hacerse cargo de la administración y operación de la cadena de suministros de medicamentos y materiales de curación para las 794 unidades del organismo durante el periodo 2009 al 2012. En dicha licitación había muchas sospechas de irregularidades y favoritismo a la empresa ganadora por parte de las autoridades encargadas, por lo que fue impugnada por los competidores de la misma, sin modificación alguna de la decisión.

El desabasto de medicamentos que había en el ISSSTE hace algunos años también era un excelente negocio para el consorcio Fármacos Especializados, ya que esta empresa también era beneficiaria del programa Medicamentos Express (Medex), dicho programa permitía a sus derechohabientes abastecerse en farmacias privadas cuando no había el producto en la Institución, así la empresa de José Antonio Pérez fue beneficiada con más de 3 millones y medio de cupones del programa de abasto, según reconoció el entonces director del instituto, Jesús Villalobos López, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados en julio de 2011.

Nadro y Marzan

La distribución de los medicamentos en México también está altamente concentrada, ya que dos empresas acaparan casi el 50% de este negocio, una de ellas es Nadro, que comanda Pablo Escandón Cussi, controlando el 32 por ciento del mercado y la otra es Marzan, que preside José Alberto Peña, con una participación del 17 por ciento.

La masiva filtración de los archivos internos de la firma de abogados Mossack Fonseca, expertos en la creación de empresas en paraísos fiscales y en resguardar la identidad de los verdaderos propietarios de los capitales para adquirir compañías, que se conoce como Panamá Papers, reveló que la aparente competencia entre Nadro y Marzan por el mercado de la distribución de medicamentos en México no es verdadera, ya que las dos empresas supuestamente competidoras pertenecen a la misma familia.

Según datos revelados por Panamá Papers, publicados por Aristegui Noticias, un supuesto grupo holandés llamado Moench Coöperatief, que encabezaba el banquero en inversiones Karl Frei, compró en junio de 2015 Marzan al grupo Genomma Lab de Rodrigo Herrera, pero en realidad los 83 millones de dólares con lo que los inversionistas europeos habían adquirido la empresa mexicana pertenecían a Marina Matarazzo, la esposa de Pablo Escandón, dueño de Nadro.

Presupuesto a la Salud

En el país actualmente hay más de 10 millones de personas que padecen diabetes, enfermedad crónica incurable, que únicamente aspiramos a controlar, y que la hace un padecimiento muy costoso para los sistemas de salud gubernamentales y para los pacientes que no están con un sistema de seguridad en salud, por ello se hace necesario que las autoridades responsables de la salud dediquen más presupuesto a la prevención de la obesidad y el sobrepeso, factores de riesgo importantes presentes en la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas en los mexicanos.

El Gobierno de la 4T necesita transparencia, revisar cómo se están haciendo las compras, porque de eso depende en buena medida el abasto que habrá en los próximos años y el éxito que tengan muchas de las campañas de salud. Un ejemplo de esto es el caso de la metformina, que es un medicamento diseñado para tratar diabetes del tipo 2, que tuvo un sobrecosto de 52 millones de pesos entre 2008 y 2018, y del que se ha presentado desabasto importante en los últimos años.

Debido a la pandemia de Covid-19 muchas de las empresas fabricantes de medicamentos tuvieron paros técnicos con lo que disminuyo el abasto de fármacos a nivel mundial sobre todo de medicinas especializadas en tratamientos oncológicos, lo que ha perjudicado el abasto y esto lo han resentido muchos países del mundo y en especial México.