Los acontecimientos de los últimos meses dan cuenta de la creciente mostrada por la criminalidad que se vive en el país, a pesar de los datos que se anuncian sobre la reducción de los homicidios dolosos. La disminución posible de estos últimos contrasta con el brutal crecimiento de los desaparecidos y con los escandalosos sucesos de violencia que tienen lugar en las distintas regiones del territorio nacional.
El reciente asesinato de Carlos Manzo, ex- presidente municipal de Uruapan, Michoacan., conmocionó al país no sólo por tratarse de un artero crimen, también, y sobre todo, por la trayectoria y combatividad del ex edil para hacer frente a la delincuencia que aqueja a la entidad y a la región que gobernaba; había solicitado el apoyo y respaldo del gobierno del estado y de la federación para cumplir su cometido, sin que ello ocurriera, a pesar de lo cual se había demostrado decidido a combatir a la delincuencia aún sabiéndose en riesgo y de haber recibido amenazas.
Fue patético que la autoridad castrense a la hora de pronunciarse sobre el lamentable hecho se escudara en el apoyo que a través de efectivos del ejército había proporcionado a Carlos Manzo, y de aludir que él había optado porque su primer círculo de seguridad fuera integrado por policías municipales de su confianza, como una forma evidente de eludir responsabilidades. El tema tenía que ver con la demanda que había planteado con el propósito de la pacificación y la seguridad de la región y, en ese contexto, la protección de carácter personal, y no al revés. Fue evidente que los planteamientos que hizo como titular del gobierno municipal fueron desoídos por la instancia estatal y federal, lo cual sin duda molestaba al oficialismo.
Apenas unas semanas antes había sido asesinado el líder de los limoneros en la entidad, Bernardo Bravo, lo que se sumó a otros hechos criminales acaecidos en distintas partes de la República. Evidentemente la criminalidad se vive como un fenómeno que desborda lo meramente delincuencial y que debe mirarse como un tema de dimensión política y de negocios, en tanto involucra a autoridades y empresas.
El huachicol fiscal desnuda una magna operación que se dice alcanzó los 600 mil millones de pesos, significando una cantidad que impacta a la actividad económica de buena parte del país y de circuitos de negocios, que no puede ocurrir por actos de corrupción simples; por el contrario, impacta el desempaño de instancias gubernativas y empresas con organizaciones delictivas. Se dibuja una madeja de vínculos que compromete al gobierno y que redimensiona el significado de algunas de las decisiones y expresiones que acompañaron el diseño de las políticas públicas.
A la luz de los recientes acontecimientos y de la dimensión que han alcanzado ¿cómo se leen expresiones como las de abrazos y no balazos? ¿Qué significado tiene el haber decidido la liberación del hijo del Chapo una vez que fue capturado? ¿cuál es el significado de la entrevista personal a pie de carretera entre el expresidente López Obrador y la mamá de quien había sido liberado? ¿De qué forma entender eso de que los sobrinos del ex secretario de la Marina operaron la internación fraudulenta del huachicol fiscal y de que éste ya había hablado con la fiscalía de la necesidad de realizar investigaciones ante comentarios y sospechas sobre la materia?
La continuidad de la trama y las evidentes suspicacias que despierta la actitud de restringir el involucramiento de autoridades superiores, a pesar de lo presumible de la participación de gobernadores, líderes políticos y de otras figuras públicas e instituciones es más que sugerente. En ese contexto encuentra una explicación más amplia y contundente la agenda implementada por el gobierno para acreditar, sin freno, su mayoría calificada en ambas cámaras; en ese mismo plano la decisión de romper contrapesos al ejercicio del poder político, de reformar al poder judicial politizándolo y sometiéndolo, de proyectar un esquema que tienda al asegurar la mayoría política en la renovación de la Cámara de Diputados, reforzado ahora con la intención de hacer concurrente la consulta de la revocación de mandato presidencial con la realización de las elecciones intermedias de 2027.
En el plano del sentido político de la criminalidad, las posibles explicaciones a la feroz agenda de reformas para la desaparición de los contrapesos políticos y del control de la constitucionalidad, se entiende como una manera de proteger y garantizar complicidades que dieron lugar o acompañaron la explosión de ilegalidad que ha tenido verificativo en los últimos años.
Conforme a ello, no se trata sólo de un afán de dominio político asegurado y de la instauración de una nueva hegemonía de partido o del simple deseo de capturar ventajas que prolonguen la preeminencia que ahora detenta el partido en el poder a través de impulsar normas políticas y electorales que les beneficien. A más de eso, la razón de la agenda de reformas constitucionales y legales que se han implementado con el rostro duro del autoritarismo, encuentran su fundamento en blindar y controlar un proceso de criminalidad que involucró al poder político.