LA POLÍTICA ES DE BRONCE
En México, tener una vivienda propia ha sido, por décadas, el emblema del esfuerzo, la constancia y la dignidad de las familias trabajadoras. Sin embargo, en el Estado de México y en la Ciudad de México, este símbolo de estabilidad se ha convertido, para decenas de miles de personas, en una pesadilla legal y social. El despojo de viviendas ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una auténtica epidemia. Una tragedia cotidiana, invisible para muchos, pero devastadora para quienes la padecen.
De acuerdo con cifras oficiales, al menos 140,000 viviendas han sido invadidas o despojadas en los últimos seis años. El problema no es menor, ni se puede relativizar: hablamos de 140 mil hogares, no de cifras abstractas. Hablamos de abuelos echados a la calle, de madres solteras que pierden su único patrimonio, de hijos que vuelven de la escuela para encontrar su casa habitada por extraños protegidos por notarios, abogados sin escrúpulos y funcionarios corruptos.
En el Estado de México, se han presentado 33,123 denuncias por despojo en seis años. Y aunque las cifras oficiales sólo reflejan una parte del iceberg —pues muchos afectados no denuncian por miedo, desconfianza o falta de recursos—, lo cierto es que la impunidad reina. Municipios como Ecatepec (580 casos), Tecámac (367), Nezahualcóyotl (255), Chimalhuacán (240) y Toluca (231) concentran una buena parte de las denuncias. Pero no es un fenómeno exclusivo de la periferia: también ocurre en fraccionamientos nuevos, en colonias consolidadas y en desarrollos financiados por instituciones públicas como el Infonavit.
La Ciudad de México tampoco está exenta. Desde 2018, se han denunciado 28,771 casos de despojo. Delegaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Coyoacán enfrentan un fenómeno similar: mafias de despojadores que, con documentos apócrifos, escrituras falsas o juicios simulados, arrebatan casas a sus legítimos propietarios. En algunos casos, los invasores se ostentan como “poseedores de buena fe”; en otros, directamente entran con violencia y se amparan en vacíos legales o en la complicidad de jueces y funcionarios del Registro Público de la Propiedad.
El patrón se repite una y otra vez: los responsables están perfectamente identificados. En muchos casos, se trata de redes bien estructuradas que operan con respaldo de servidores públicos, notarios, falsos gestores y hasta elementos policiacos. A esta mafia del despojo se le ha brindado impunidad durante años, disfrazada de procedimientos judiciales irregulares y tapaderas institucionales.
Es urgente una intervención coordinada entre el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y el del Estado de México. Se necesita una fiscalía especializada en delitos patrimoniales con enfoque en vivienda, una revisión profunda del funcionamiento de los registros públicos, y una limpieza urgente del gremio notarial y judicial.
Proteger el derecho a la vivienda no es solo cumplir con un mandato constitucional. Es resguardar el corazón mismo del tejido social. Porque cuando se permite el despojo sistemático de hogares, lo que se destruye no es solo una casa, sino un proyecto de vida. Y eso, en cualquier país que se diga justo, debería ser inadmisible. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
X: @onelortiz