En una escalada ascendente, se cumplen 7 años de un estilo de ejercicio de la política que niega el debate abierto. Se trata de dominar y construir escenarios que pretenden instaurar la razón única.
Las reglas son sencillas, se establece una pauta diaria hacia un diálogo acotado en el cual se controla el uso del micrófono, rompiéndose así la posibilidad de equilibrar el flujo de argumentos entre los participantes. Quien ordena el uso de la voz domina la interlocución y somete las réplicas posibles en el caso de que éstas se presenten.
A partir de ahí se edifican las líneas diarias del mensaje que orienta la polémica política y encamina la afirmación de la postura oficialista. En el caso de una persistente crítica por parte de otra persona a través de algún medio distinto, plataforma o red, se procede a su descalificación hurgando sobre la base de impugnar su actuación, posición pública, posible de polemizar, situación patrimonial, presuntas inconsistencias fiscales o trivialización de su trayectoria.
La pluralidad vive bajo acecho constante a partir de una super mayoría en el Congreso alineada al oficialismo y construida de forma artificial, pues no guarda correspondencia con el porcentaje de votos reportada en los comicios correspondientes. El reparto de escaños y de curules en ambas cámaras logró, en un caso, el milagro de la “multiplicación de los peces”, ya que convirtió un porcentaje de votos del 54% en una representación de más del 70% de los espacios; en el otro ámbito parlamentario y por medio del uso de métodos de corte gansteril, de intimidación o de negociación oscura, se alcanzó una mayoría calificada que los sufragios no habían otorgado, pero sí mediante el desistimiento de algún integrante de otro grupo parlamentario para inscribirlo en el mayoritario.
Dentro de esa perspectiva también se pretende descalificar actores desvinculados del oficialismo, de modo de desacreditar su arribo a escenarios de opinión, especialmente los de corte internacional, pues se asume que esos espacios sólo pueden ser dominados y sujetos a la participación de representantes del gobierno. Se propugna por una verdad única, surgida de una visión excluyente en la cual se evade discutir, deliberar y dialogar en lo interno, con quienes no militan en las filas del gobierno y de su partido, al tiempo de pretender que las voces disidentes no deben asistir a las asambleas, congresos, agencias y organismos internacionales.
Resulta claro que se postula un dominio propio del totalitarismo, en donde los planteamientos que se postulan desde el orden político establecido no pueden ni deben ser contrastados, ni polemizados y, en el supuesto de que alguien lo haga así, se le condena a la denostación por asumir una posición antipatriótica, especialmente si ello se realiza en auditorios del exterior. Se impulsa así una especie de autarquía política que pretende sostenerse en una falsa unidad, autonomía y autosuficiencia interna, pero que resulta demagógica puesto que parte de posiciones que no unifican, que evaden el consenso y en donde no existe preocupación alguna por hacerlo.
Todo esto resulta de una falsa integralidad, propia de los populismos y de sus antecedentes fascistas a través de la cual se asume la identidad integrada de la nación, el Estado, el gobierno, el pueblo y el partido en el poder; desde esta integralidad artificiosa, resulta una visión maniquea: de un lado quienes representan al pueblo verdadero; del otro, quienes huelen a traición y deben descalificarse. El pueblo que se representa es el que sufragó a favor de quienes están en el poder, mientras la parte del pueblo que se expresó de manera distinta está equivocada, se asocia a intereses mezquinos, aviesos, de una élite desbordada en ambiciones y que es corrupta.
Así el pueblo legítimo, trabajador, sabio y justo sólo tiene un representante que es el gobierno; la otra parte del pueblo no merece consideración, se ha corrompido, al tiempo que ha extraviado las causas auténticas que debieran legitimarlo.
La vida parlamentaria corre por la cuerda de la mayoría sobrerrepresentada, de modo que sirve sólo de obligado paso para una legitimación legal de los procesos legislativos, pero en donde se niegan posibles adecuaciones o modificaciones a las propuestas oficiales; bajo esa lógica ocurre el desahogo de una discusión viciada que desatiende el análisis detenido de los asuntos, puesto que no se concede modificación a las iniciativas a revisión, aunque sean evidentes sus inconsistencias, incluso errores de sintaxis o de formulación de los dictámenes.
Ahora que emerge la red de corrupción, de abusos y excesos de personajes del gobierno y de su partido, cobra visibilidad la protección de intereses y de un proceso de control de daños para evitar costos mayores.