LA POLÍTICA ES DE BRONCE
El Ajusco se ha convertido en un foco rojo en materia de seguridad y desapariciones en la Ciudad de México. Es una zona que amerita la atención especial y prioritaria de César Cravioto, secretario de Gobierno; de Pablo Vázquez, secretario de Seguridad; de Bertha Alcalde, fiscal general de la CDMX; de Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan; y, por supuesto, de Clara Brugada, jefa de Gobierno. Menciono a estos servidores públicos porque todos tienen un grado de responsabilidad en la situación que vive el Ajusco, y no se vale que se pasen la “bolita” en el laberinto de la burocracia.
El bosque de la Ciudad ya no es seguro. Se ha convertido en un sitio donde se abandonan cuerpos y en un paraje de sustracción y desaparición forzada de personas, en su mayoría jóvenes. De acuerdo con datos oficiales, las desapariciones en Tlalpan se duplicaron en un año: de enero a octubre de 2024 hubo 49 casos registrados; de enero a octubre de 2025, 105 casos. Con estos datos, Tlalpan se convierte en la cuarta alcaldía con más desaparecidos en la Ciudad de México.
No son simples datos: detrás de cada número hay una tragedia, una familia que vive un infierno permanente. El sábado 22, fui al Valle del Tezontle, en el kilómetro 25.5 de la carretera al Ajusco, a un acto de solidaridad con los padres de Olín Hernando Vargas Ojeda, secuestrado y desaparecido hace un año en ese paraje. Al terminar la mancha urbana, inicia el bosque y termina la señal. Es un bello lugar para pasar el fin de semana: hay comida, cabañas, sitios para hacer bici de montaña, motocross, cabalgatas… y, sin embargo, se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación.
Acudieron familiares, vecinos, amigos y compañeros de la familia. También asistieron familiares de otras víctimas de desaparición, que contaron sus historias, por lo menos once, como la de la joven Ana Amelí García Gámez y la de Luis Óscar García Ayala.
Ha pasado un año desde la desaparición de Olín y, a la acción de los delincuentes, se suma la incapacidad y negligencia de las autoridades.
Hay indignación ante la cadena de omisiones, negligencias y deficiencias que han caracterizado la actuación de las autoridades responsables de buscarlo. Por el contrario, se han ocultado o perdido pruebas, como un jirón de la playera de Olín Hernando, en el que se podrían encontrar huellas y ADN de los perpetradores del secuestro.
Desde el 28 de noviembre de 2024, la policía contaba con la identidad de dos de los criminales involucrados. A pesar de ello, no actuó de manera inmediata para detenerlos, investigarlos ni preservar la vida de Olín Hernando. Por el contrario, permitió que estos individuos ocultaran pruebas, se organizaran y tuvieran tiempo suficiente para intentar evadir la justicia.
Desde enero de 2025, el Ministerio Público dejó de investigar el chip telefónico recuperado; argumentan que, al tratarse de un nuevo chip, no contenía información, ignorando su uso como medio para recuperar acceso a redes sociales.
También hubo omisión en el análisis de la computadora portátil, entregada a la policía desde el 27 de noviembre de 2024, que contenía la información sobre el engaño del que fue víctima Olín Hernando.
En esta cadena de omisiones, ni siquiera hablamos de corrupción, sino de ineficiencia e incapacidad de las autoridades para llevar a cabo una investigación adecuada.
Al parecer, los ciudadanos de la capital realmente estamos solos ante la delincuencia, porque una cosa son los discursos grandilocuentes —declarar a los cuatro vientos que las cosas están cambiando— y otra muy diferente es actuar de manera correcta y honesta ante delitos que afectan a personas de carne y hueso.
Los padres de Olín Hernando seguirán en la búsqueda de justicia y en la localización de su hijo, lo mismo que los familiares de otras personas desaparecidas, a pesar de la ineficacia, corrupción y demagogia de las autoridades. Esa es la realidad que se vive en nuestra ciudad.
Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.