Las denuncias falsas no solo distorsionan la verdad: tienen consecuencias reales, profundas y muchas veces irreparables. El caso del senador Waldo Fernández lo evidencia con claridad. De acuerdo con lo resuelto judicialmente y lo que se ha hecho público, la mujer agresora que lo denunció falsamente pisó la cárcel y enfrentó consecuencias penales por conductas ilegales que lo afectaron no solo a él, sino también a las mujeres de su familia. Porque el daño no se limita al ámbito jurídico: alcanza la vida personal, la familia y, especialmente, a las hijas, que también quedan expuestas a un conflicto que nunca debió existir en esos términos.
Y cuando esto ocurre en la esfera pública, no es un hecho aislado: es una señal. Si un caso así emerge en el ámbito político, con visibilidad, recursos y defensa, cabe preguntarse qué ocurre todos los días en otros espacios menos visibles: en lo familiar, lo civil, lo mercantil. Este caso no es la excepción; es el reflejo de una práctica que, aunque pocas veces se reconoce abiertamente, sí existe y genera costos humanos e institucionales que no podemos seguir ignorando.
Las falsas denuncias por violencia “de género” han sido estimadas entre el 2% y el 10% en distintos estudios. Para algunos, eso basta para desestimar el problema. Pero ese argumento parte de una premisa débil: que el fenómeno no ha cambiado. Hoy el contexto es otro. Existen más incentivos para denunciar sin sustento, menos consecuencias para quien miente y una exposición mediática que amplifica el uso estratégico de la denuncia. A ello se suman políticas ministeriales y criminológicas que, en algunos casos, miden el “éxito” institucional por el aumento en el número de denuncias o en la apertura de carpetas de investigación, como si ese dato por sí mismo reflejara mejores resultados. No necesariamente es así. Lo sabemos bien. Incrementar registros no equivale a mejorar la justicia, y menos aún cuando no se distingue entre denuncias fundadas e infundadas. Es, en realidad, un efecto autoinmune institucional: un sistema que, al incentivarse mal, termina afectando su propia credibilidad y debilitando la confianza pública que le da sustento. Además, buena parte de estos casos nunca se contabiliza: no llegan a sentencia, no se investigan como falsos y, en muchos casos, quienes son absueltos prefieren no volver a enfrentar el desgaste de un proceso. Lo que se mide mal, se incentiva peor.
El derecho penal mexicano no es omiso. Existen figuras que sancionan la falsedad ante autoridades, la simulación de pruebas y la imputación indebida. No son normas decorativas: están diseñadas para evitar que el proceso se distorsione. Pero cuando no se aplican con la misma firmeza con la que se persiguen otros delitos, o no se impulsan desde la política criminal, se genera un desequilibrio.
Denunciar la falsedad no es revancha. Es defensa institucional. Es reconocer que el daño de una acusación infundada también merece respuesta. Porque nadie debería enfrentar un proceso, medidas restrictivas o un deterioro reputacional sin razón.
Además, hay un impacto colectivo. Las denuncias falsas no solo afectan a quien las padece: consumen recursos públicos, saturan a las fiscalías y retrasan la atención de víctimas reales. Cada caso sin sustento desplaza a otro que sí requiere justicia.
Pero el punto más delicado es la confianza. La justicia funciona como una válvula de presión social. Es el espacio donde las personas canalizan conflictos bajo reglas comunes. Si ese espacio puede manipularse —por venganza, estrategia o irresponsabilidad—, deja de ser confiable. Y cuando la justicia deja de ser confiable, la democracia se debilita. La discusión no debe quedarse en si los jueces se eligen o no: esa realidad ya está.
El verdadero reto es cómo fortalecer el sistema desde dentro.
Empoderar a quienes lo usan —denunciando delitos, pero también abusos como las denuncias falsas— es parte de esa ruta.
No es un acto individual, es corresponsabilidad democrática. Así se construye legitimidad real, no solo diseño institucional. Denunciar la mentira no es odiar. No es vengarse. Es creer en la justicia lo suficiente como para no permitir que se degrade.
Es, en el fondo, una forma de responsabilidad pública.
Y en una democracia, eso también es hacer lo correcto.