“Cuando la arbitrariedad se impone como norma, la justicia se convierte en instrumento de dominio.”
Hannah Arendt
“La justicia sin fuerza es impotente; la fuerza sin justicia es tiránica.”
Blaise Pascal
Hace tiempo que el morenismo decidió que además de controlar a la Suprema Corte, la debía prostituir. Y el tribunal máximo, dócil como pocas veces en su historia, ya aceptó el nuevo papel: cobradora premium del SAT. La ministra Lenia Batres —sí, la que ha demostrado una y otra vez no entender ni el abc del derecho— logró que el Pleno reabriera un caso fiscal contra FEMSA, por 2,868 millones de pesos, pese a que apenas una semana antes la misma Corte había rechazado atraerlo.
Si esto no es arbitrariedad, ¿qué es? No estamos ante una discrepancia jurídica. Estamos ante una operación política. La Corte ya había dicho no. Pero Batres insistió, volvió a poner el expediente en la mesa y, mágicamente, esta vez sí. La razón no cambió. Los votos, sí. Ese tufo que se respira no es justicia: es presión, es cálculo, es miedo. Miedo no a un razonamiento jurídico sino a la revancha de un régimen.
Que nadie se engañe: violar el debido proceso no requiere encarcelar a inocentes. Basta con reabrir asuntos cerrados porque así conviene al poder. El artículo 14 constitucional existe para impedir exactamente esto: que el Estado se convierta en jugador que mueve la portería a conveniencia. Pues bien, la Suprema Corte acaba de moverla… y lo hizo sin sonrojarse. Cuidado, mucho cuidado.
Las alertas van por México, pero deben extenderse a todo el orbe. El daño no se queda en FEMSA. Al atraer el recurso de revisión fiscal 320/2024, la Corte establece un precedente tóxico: si el monto es grande, la Corte interviene. ¡Puffff!
No importan los criterios ni la técnica jurídica ni el proceso previo. Importa el dinero. La SCJN se transforma así en una autoridad fiscal encubierta, sin experiencia en materia tributaria, pero con la enorme predisposición —ya probada— a quedar bien con Palacio Nacional.
Batres, cuya imparcialidad está documentadamente comprometida —basta recordar los casos donde ha sido declarada impedida por sus propias declaraciones políticas—, fue la arquitecta de esta “re-revisión”. Y el resto de ministros, si no cómplices, se comportaron como testigos silenciosos de una erosión institucional que los sobrevivirá… pero destruirá la confianza de todos. Nacionales y extranjeros.
México no necesita más impuestos recaudados a la fuerza. Necesita certeza jurídica, reglas claras, un árbitro neutral. En cambio, tiene una Corte que decide litigar desde el estrado y que ya parece más preocupada por cobrar que por juzgar.
Y mientras tanto, el gobierno presume que está “combatiendo a los evasores”. No, señor: está ahuyentando a los inversionistas. La migración de capital mexicano hacia países con marcos regulatorios estables está documentada y creciendo. La 4T se jacta de soberanía, pero sus decisiones están empujando a miles a invertir fuera del país. Es simple: donde hay Estado de derecho, el dinero se queda. Donde hay derecho de piso, el dinero huye.
El caso FEMSA tampoco ocurre en un vacío. El ataque continuo al Grupo Salinas, obligado recientemente a enfrentar pagos que suman más de 48,000 millones de pesos, también terminó escalando hasta la Corte. El patrón es claro: el que incomoda al régimen, paga. A veces como contribuyente. A veces como enemigo.
Y la presidenta, lejos de poner distancia, se da el lujo de amenazar públicamente a quienes cuestionan las decisiones fiscales: “a ver qué anunciantes siguen ahí”. Eso no es advertencia: es mensaje mafioso. Es el tipo de frase que debería escandalizar a cualquier demócrata… salvo a los que ya se acostumbraron al abuso.
Hoy la SCJN no actúa como garante del orden constitucional: actúa como emisaria de un gobierno que confunde justicia con venganza. No estamos ante un Poder Judicial fuerte; estamos ante un Poder Judicial arrodillado y, a la vez, acomplejado y lleno, repleto de prejuicios, dispuesto a reabrir casos cerrados, reinterpretar criterios y acomodar procedimientos con tal de satisfacer el apetito recaudatorio del régimen.
No es Estado de derecho. No es justicia fiscal. Es, en el mejor de los casos, autoritarismo administrativo; y en el peor, derecho de piso institucionalizado.
Y cuando el máximo tribunal del país cambia de función y se vuelve cobrador, el país entero queda en riesgo. Porque sin Corte independiente no hay inversión, no hay certeza, no hay futuro. Solo queda la arbitrariedad.
Y ya sabemos cómo terminan los países que la normalizan: primero pagan las empresas. Después, las personas. Y al final, el país entero.
Giro de la Perinola
Es inaudita la falta de reacción de la sociedad, empezando por sus empresarios de todo tipo, ámbito e industria. Y es que ya conocemos este libreto. Primero corrompen las instituciones, las vuelven herramientas personales, las vacían de técnica y las llenan de obediencia. Luego viene la debacle económica, el estancamiento crónico, la fuga de inversiones y la contracción del empleo.
Y cuando la realidad nos alcanza —como siempre ocurre en los regímenes populistas que se consumen a sí mismos— aparece el mismo guion de manual: la culpa no es del gobierno, sino “de los empresarios rapaces”, “de los que no quieren cooperar”, “de los que sabotean al país”, “de los enemigos de la patria” y, por supuesto, “del imperio”.
Así pasó en Venezuela: hundieron la economía, pulverizaron el aparato productivo y aun así lograron convencer a muchos de que el desastre era obra de la iniciativa privada. La 4T va por el mismo camino: primero destruyen la confianza, expulsan el capital, estrangulan a las empresas, y cuando México empiece a hundirse —porque se va a hundir si siguen así— nos dirán que el culpable es el empresariado, grande, mediano y pequeño. Y no, no será cierto: será otro capítulo más del mismo cuento autoritario donde el poder jamás asume sus errores, pero exige que todos paguen por ellos.