Durante la conferencia matutina de la presidenta, la periodista Anahí Torres denunció haber sido víctima de un ataque armado el pasado 2 de octubre, luego de publicar reportajes sobre una presunta red de espionaje dentro del gobierno de San Luis Potosí. De ser cierto, sería un grave atentado a la libertad de expresión una vez más en México.
De acuerdo con su testimonio, cuatro hombres con armas largas la interceptaron afuera de su oficina y la amenazaron junto a dos colegas, en un claro intento de intimidación. La comunicadora responsabilizó directamente al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al secretario de Gobierno, Guadalupe Torres, a quienes señaló de encabezar una campaña de hostigamiento y censura contra periodistas y activistas críticos.
Torres advirtió que en San Luis Potosí “se vive bajo un clima de miedo e intimidación permanente”, donde el ejercicio periodístico se ha vuelto una labor de alto riesgo.
Su denuncia se suma a la lista de agresiones que colocan a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Ante la gravedad de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que el gobierno federal revise a fondo el caso y brinde acompañamiento a la víctima. “No puede haber impunidad ni persecución contra periodistas”, afirmó la mandataria.
Diversos colectivos y asociaciones de prensa exigieron protección inmediata para Anahí Torres y sus colegas, así como una investigación independiente que esclarezca el atentado y sancione a los responsables. El ataque, ocurrido apenas días después del aniversario de la masacre del 2 de octubre, revive el debate sobre la vulnerabilidad de los comunicadores en los estados y la urgencia de garantizar condiciones reales de seguridad y libertad de expresión en todo el país.
Como sociedad, no podemos permitir que quien debería velar por el respeto a la libertad de expresión la quiera coartar.