Durante su conferencia mañanera, el pasado 12 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una tabla comparativa de los presupuestos de los poderes legislativos estatales para 2026. En ella se destacó un indicador que llamó la atención pública: el costo por legislador en cada entidad.
El dato muestra contrastes evidentes. Por ejemplo, en Baja California un diputado puede costar más de 34 millones de pesos al año, mientras que en estados como Campeche o Colima el costo es considerablemente menor (5.5 millones de pesos aproximadamente). El contraste es llamativo y abre una discusión necesaria sobre el gasto legislativo. Sin embargo, ese indicador por sí solo no cuenta toda la verdad. El costo por legislador ignora un elemento fundamental: cuántos ciudadanos sostienen ese gasto y cuánto les cuesta.
Un ejemplo ilustrativo es el Estado de México. Cada legislador cuesta alrededor de 26.4 millones de pesos al año, lo cual puede parecer elevado a primera vista. Pero cuando ese presupuesto se distribuye entre casi 17 millones de habitantes (según el Censo 2020 del INEGI utilizado en la tabla presidencial), el costo real es de aproximadamente 117 pesos por persona al año. Es decir, cada mexiquense paga poco más de cien pesos anuales para financiar su Congreso, un nivel cercano al parámetro de eficiencia que proponemos en este artículo.
Esto revela una limitación en la forma en que se está planteando el debate público. El indicador relevante no es cuánto cuesta un diputado, sino cuánto paga cada ciudadano por su Congreso. A partir de esta observación proponemos una regla simple para evaluar la eficiencia del gasto legislativo.
La fórmula de eficiencia legislativa:
Presupuesto óptimo = Población × (40% × Salario mínimo diario)
La lógica del 40% del salario mínimo parte de un principio sencillo de justicia social: ningún trabajador debería destinar más de media jornada de su salario mínimo diario al año para sostener el funcionamiento de su Congreso local.
Con el salario mínimo vigente de $315.04 pesos diarios (2026), el límite razonable sería aproximadamente $126 pesos por habitante al año. Este monto funciona como un “techo de eficiencia legislativa”. Los congresos que superen ese nivel estarían operando con costos excesivos para la sociedad; aquellos que se encuentren por debajo se ubicarían dentro de un rango razonable de eficiencia institucional.
Es importante aclarar que este cálculo no pretende estimar el costo de un diputado individual. Un Congreso incluye asesores parlamentarios, investigadores especializados, personal administrativo, mantenimiento de edificios, seguridad, transporte y múltiples funciones de apoyo indispensables para la elaboración de leyes. Por ello el indicador correcto es el presupuesto total del poder legislativo dividido entre la población (datos del Censo 2020 del INEGI). Para garantizar estabilidad, la población se toma del Censo Nacional del INEGI (actualizado cada diez años), evitando distorsiones por cambios demográficos menores.
El salario mínimo, en cambio, funciona como el componente dinámico, vinculado a la inflación y al crecimiento del ingreso laboral. Aplicando esta fórmula a los datos presentados por la presidenta (con población del Censo 2020), se identifican distintos grados de eficiencia e ineficiencia: Estados que más rebasan el parámetro (costo por habitante superior al umbral):
• Baja California Sur: ~206% por encima• Morelos: ~156% por encima• Nayarit: ~145% por encima• Tlaxcala: ~141% por encima• Quintana Roo: ~129% por encima• Ciudad de México: ~62% por encima.
Estados que operan por debajo:
• Puebla: ~62% por debajo• Chiapas: ~51% por debajo• Coahuila: ~36% por debajo• Yucatán: ~25% por debajo.
El Estado de México destaca como un caso cercano al equilibrio (~117 pesos por habitante, alrededor de 7% por debajo del parámetro), lo que sugiere una combinación razonable entre tamaño institucional y población atendida. Además, al aplicar la fórmula, la variación en el costo por legislador entre los 32 estados se reduce en aproximadamente un 20% (medido por el coeficiente de variación). Esto demuestra que la fórmula no solo impone equidad por habitante, sino que también disminuye las distorsiones extremas en el gasto por legislador.
Austeridad con eficiencia
Este ejercicio permite introducir una idea clave: austeridad no siempre es eficiencia. Un Congreso puede gastar poco y funcionar mal si carece de capacidad técnica; un presupuesto grande puede ser razonable cuando se distribuye entre una población extensa. El objetivo no debería ser solo reducir el gasto, sino construir una austeridad con eficiencia: eliminar excesos donde existan, pero preservar capacidades institucionales para producir leyes de calidad.
El potencial de ahorro
Si los congresos que superan el parámetro ajustaran sus presupuestos al límite de $126 por habitante (sin afectar a los que ya están por debajo), el ahorro potencial anual sería de alrededor de 2,500 a 3,000 millones de pesos solo en el rubro legislativo estatal. El “Plan B” del gobierno federal estima ahorros totales de hasta 4,000 millones de pesos al incluir también la reducción de regidores y otros rubros, lo que muestra que hay espacio amplio para una austeridad responsable que beneficie directamente a estados y municipios. La democracia tiene un costo. Pero ese costo debe guardar proporción con la capacidad económica de la sociedad que la sostiene. Si queremos fortalecer nuestras instituciones, el debate no debe centrarse únicamente en cuánto cuesta cada diputado, sino en una pregunta más justa y clara:
¿Cuánto paga cada ciudadano por su Congreso?
X: @efortiza