El Poder Judicial de la Ciudad de México enfrenta una delicada crisis institucional.
Desde principios de junio de 2025 cientos de trabajadores judiciales, secretarios, actuarios, peritos y personal administrativo que permanecen en paro mantienen paralizados juzgados civiles, familiares y penales, generando un rezago sin precedentes en la impartición de justicia.
Mientras el conflicto laboral escala, dos figuras han cobrado relevancia en la gestión y contención de la crisis: el secretario de gobierno César Cravioto, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Local, Rafael Guerra Álvarez.
Esta situación no puede seguir. Celebro que Cravioto y Guerra se hayan sentado a dialogar con los inconformes, quienes claramente no quieren llegar a un acuerdo.
Demandas no resueltas
El paro laboral estalló a raíz de una serie de demandas por parte del personal judicial, que incluyen aumentos salariales de entre el 7% y el 10%, pago de prestaciones pendientes como vales de despensa desde 2021, basificación de trabajadores eventuales y mejoras en las condiciones laborales y tecnológicas de los juzgados.
La situación ha derivado en la suspensión de más de 1,200 audiencias diarias, la acumulación de miles de expedientes y el colapso parcial del sistema de justicia afectando a más de 200,000 personas que tienen procesos abiertos.
El secretario de gobierno, César Cravioto, ha tenido un papel central en el intento de resolución del conflicto; manteniendo diálogo constante con las partes involucradas, facilitando espacios de negociación y haciendo pública la disposición del gobierno capitalino para contribuir con recursos y mediación.
Manipulación
No obstante, Cravioto también ha lanzado duras advertencias sobre lo que considera una manipulación del conflicto con fines políticos. El funcionario señala que, si bien ya se presentaron propuestas serias que responden a buena parte de las exigencias, como aumentos salariales, bonos compensatorios y compromisos para la basificación, algunos grupos se niegan a firmar la minuta final por razones que calificó como “ajenas al interés de los trabajadores”.
“Pareciera que no se busca un acuerdo, sino prolongar el conflicto con fines políticos. El daño que se está haciendo a la ciudadanía es gravísimo”.
Insistió en que solo una minoría mantiene el paro: “apenas el 5% de los trabajadores del poder judicial local son los que mantienen el paro… Obstaculizan la justicia en la Ciudad de México”.
Su postura ha sido clara: el gobierno capitalino no puede tolerar que el sistema judicial permanezca inoperante por tiempo indefinido cuando ya se han ofrecido soluciones concretas y viables.
Rafael Guerra: equilibrio entre autoridad y contención
En el centro del conflicto también se encuentra el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, quien ha enfrentado el desafío de mantener la institucionalidad en un momento de presión social y política.
Guerra Álvarez ha sido clave en la presentación de propuestas salariales y en la gestión del presupuesto, buscando canalizar recursos extraordinarios para atender las demandas, teniendo que maniobrar en un contexto adverso: por un lado, trabajadores que exigen justicia laboral; por otro, la presión social por reactivar los servicios judiciales; y al fondo, acusaciones sobre supuesta permisividad frente al conflicto.
Sin caer en confrontaciones, Guerra ha mantenido una línea de apertura y conciliación. Ha entablado negociaciones continuas, mostrando voluntad de mejora institucional e insistiendo en la necesidad de preservar la estabilidad del poder judicial.
Luego de 20 mesas de diálogo, ha exhortado a los trabajadores “a que regresen a sus áreas de trabajo para que el lunes 30 de junio se retomen las labores en nuestras áreas en los horarios habituales, sin represión ni violencia, con la finalidad de cumplir con el deber del ejercicio del cargo que se nos ha encomendado”.
Derechos laborales y acceso a la justicia
Sin embargo, el conflicto ha abierto una discusión más amplia sobre el funcionamiento del poder judicial capitalino, su financiamiento, la independencia de sus órganos y la tensión entre los derechos laborales y el derecho de acceso a la justicia.
La actuación de Cravioto ha sido firme y enfocada en destrabar el paro con diálogo, mientras Rafael Guerra ha buscado responder institucionalmente sin comprometer la estructura del Tribunal. Ambos han asumido roles clave para evitar un colapso mayor en uno de los pilares del Estado de derecho en la capital del país.
Sin embargo, a medida que el conflicto se prolonga, crecen las voces que piden una solución definitiva y transparente. Tanto el gobierno como el tribunal insisten en su voluntad de resolver, pero la decisión final recae en los trabajadores.
Mientras miles de capitalinos esperan que la justicia vuelva a operar y que quienes tienen en sus manos la negociación prioricen el interés público sobre cualquier agenda paralela, la gobernabilidad de la Ciudad de México se pone en vilo.
Una de las peores crisis en más de tres décadas, fiel reflejo de lo que sucede a nivel federal, ¿y la justicia chilanga? Detenida.
X: @diaz_manuel