Hay una verdad irrevocable: en el Distrito Sur de Nueva York existe una acusación formal —causa S9 23 Cr. 180 (KPF), certificada el 23 de abril de 2026 y firmada por el U.S. Attorney Jay Clayton— contra diez funcionarios mexicanos, actuales o recientes, por integrarse a una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos en alianza con los Chapitos. Existe, está firmada, está fechada. Y eso, por sí solo, nos obliga a investigar en México. Sigue siendo acusación, no sentencia; pero sostiene que vendieron poder político por sicarios y sobornos.
El listado, conviene leerlo despacio: el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya; un senador de la República en funciones, Enrique Inzunza Cázarez; el ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra; dos sucesivos jefes de la Policía de Investigación —Almanza Avilés y Contreras Núñez “Cholo”—; un exsecretario de Seguridad Pública, Mérida Sánchez; un ex subdirector de la Policía Estatal, “Tornado”; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y un excomandante de la Policía Municipal, “Juanito”. No es un par de manzanas podridas. Es la estructura de un Estado.
A esa estructura el Departamento de Justicia le pone, según las listas manuscritas obtenidas en México y reproducidas en la propia acusación, precios mensuales: $10,893 dólares para el vicefiscal; $16,670 para el jefe de la policía investigadora; más de $100,000 para el secretario de Seguridad Pública; más de $10,000 para el alcalde. Y por encima de todo eso, un cargo cuatro que ningún litigante penal puede ignorar: secuestro con resultado de muerte —18 U.S.C. § 1201(a)(1)— de Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y un familiar, un niño de trece años, torturados y asesinados después de que agentes municipales en patrulla oficial los entregaran a sicarios. Octubre de 2023. Culiacán. La capital del estado.
Frente a eso hay dos reflejos predecibles. Los dos están mal.
El primero es el de los gritos: extraditarlos ya, entregarlos al juez de Brooklyn, lavarse las manos. Cómodo, simbólicamente potente, y profundamente equivocado. Si Rocha, Inzunza, Gámez Mendívil y los demás cometieron delitos en territorio mexicano —cohecho, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de atribuciones, secuestro agravado, homicidio calificado— el lugar para procesarlos es México. No por nacionalismo barato, sino por algo más serio: la soberanía no se defiende reclamándola en discursos, se defiende ejerciéndola en juicios.
El segundo reflejo es el de Palacio: encogerse de hombros, hablar de injerencismo, recordarle a Washington que somos un país soberano, pedirle al canciller que mande una nota diplomática y, en los hechos, no hacer nada. Ese reflejo, además de cobarde, es estratégicamente suicida. Si la presidenta blinda a diez funcionarios mexicanos —entre ellos un gobernador, un senador en funciones y un alcalde de capital de estado— con el pretexto de la soberanía, lo único que blinda es la sospecha de que Morena conoce, tolera y protege la trama que el indictment describe.
Hay una tercera ruta. Es la que corresponde, la que conviene, y la que casi nadie quiere transitar: procesarlos aquí.
Cooperar en todo. Ceder en nada.
Cooperar significa compartir información con la DEA y el Departamento de Justicia. Aceptar testimonios. Coordinar evidencia. Ser, por una vez, un socio confiable y no un agujero negro al sur del Río Bravo. Ceder en nada significa no entregar a un gobernador, un senador, un alcalde y siete funcionarios más por delitos cometidos en México mientras la FGR los mira pasar al avión.
Hacer lo contrario sería confesar, sin decirlo, que el sistema penal mexicano no sirve. Y aquí el argumento se vuelve incómodo para Morena: porque Morena lleva siete años diciendo que sí sirve, que la Cuarta Transformación purificó al Estado, que se acabó la corrupción, que ya no se miente, no se roba, no se traiciona al pueblo. Bien. Demuéstrenlo. Si no se miente y no se roba, que tampoco se encubra.
La Fiscalía General de la República tiene en sus manos un expediente que un fiscal estadounidense ya armó. Tiene fotografías de listas manuscritas de nómina con cargos y montos exactos. Tiene un patrón documentado de avisos de redadas, liberaciones de detenidos, captura de la Policía Ministerial, captura de la Policía Estatal, captura de la Policía Municipal de Culiacán, nombramientos hechos —según el indictment— “con la aprobación explícita de los líderes de los Chapitos”. Tiene, sobre todo, el secuestro y homicidio de un colaborador de la DEA y de un niño, ejecutados por agentes municipales actuando bajo órdenes formales de su comandante. Tiene, en otras palabras, todo lo que se requiere para integrar una carpeta sólida bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los tipos del Código Penal Federal: cohecho, abuso de autoridad, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro y homicidio calificado. Lo único que no tiene es voluntad política, y eso es precisamente lo que la presidenta puede aportar.
Procesarlos en México logra cuatro cosas que la extradición no logra.
Primera: ejerce la jurisdicción mexicana sobre delitos cometidos contra el Estado mexicano y contra víctimas mexicanas. El cohecho, la captura institucional y, sobre todo, el homicidio de Alexander Meza León y de un menor de edad ocurrieron en Culiacán, no en Manhattan. Son crímenes contra México y deben ser sancionados aquí.
Segunda: respeta el principio de doble incriminación sin entregarlo como concesión. México juzga lo suyo. Washington juzga lo suyo. El Tratado de Extradición MX–US de 1978 no obliga a entregar nacionales si el Estado requerido decide procesar; lo que obliga es a no dejar el delito impune.
Tercera: convierte el caso en un punto de inflexión para el Estado de derecho mexicano. Hace mucho que la FGR no procesa con éxito a un gobernador en funciones por vínculos con el narcotráfico. Tampoco a un senador en funciones. Tampoco a un alcalde de capital estatal. Aquí están los tres en el mismo expediente. Este es el momento.
Cuarta: le quita al gobierno estadounidense la palanca diplomática de “ustedes no hacen nada, así que nosotros sí”. Esa palanca solo existe mientras nosotros la regalamos.
La presidenta no tiene que escoger entre soberanía y cooperación. Esa es la falsa dicotomía que ya se está armando para justificar la inacción. La soberanía, ejercida en serio, es cooperación: significa hacerse cargo. Significa que Sinaloa no se gobierna desde Culiacán para los Chapitos ni desde Brooklyn para el SDNY, sino desde la Ciudad de México para la República.
Mano dura en México. Procesar aquí. Fortalecer el Estado de derecho. Cooperar en todo. Ceder en nada.
Cualquier otra cosa —el silencio, el blindaje, la nota diplomática, el discurso anti-injerencista, el “no tenemos elementos”— será confesión.
No de inocencia. De complicidad.
Fuentes: U.S. v. Rubén Rocha Moya et al., S9 23 Cr. 180 (KPF), Acusación de Reemplazo, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, certificada el 23 de abril de 2026. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, 4 de mayo de 1978, DOF 26 de febrero de 1980.
El autor es litigante, especializado en derecho penal y amparo. Las opiniones son personales.