En una entrevista con The New York Times, el primer ministro Mark Carney reconoció que había estudiado la posibilidad de una acción militar estadounidense contra Canadá. No dijo que su país considerara probable ese escenario ni que llevara un año preparando una guerra contra Estados Unidos. Lo describió como un “riesgo extremo”: una posibilidad remota que, por la magnitud de sus consecuencias, sería irresponsable no examinar.
La probabilidad y las consecuencias son cosas diferentes. Un acontecimiento puede ser sumamente improbable y, aun así, exigir cierta preparación cuando sus efectos serían catastróficos.
Donald Trump ha insistido repetidamente en que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos y también ha hablado de incorporar Groenlandia. En el caso canadiense, descartó públicamente recurrir a la fuerza militar y dijo que emplearía “fuerza económica”. Pero escuchar que la soberanía de un país vecino se discute en Washington como una transacción comercial resulta inevitablemente perturbador.
Una provocación, una broma o una táctica de negociación pueden producir consecuencias estratégicas reales cuando proceden del presidente del país que posee las fuerzas armadas más poderosas del mundo.
Las Fuerzas Armadas canadienses tampoco ignoraron completamente el riesgo. Según informó The Globe and Mail, sus planificadores elaboraron un modelo conceptual sobre una hipotética invasión estadounidense y la posible respuesta de Canadá.
El ejercicio partía de una realidad evidente: Canadá no podría derrotar a Estados Unidos en una guerra convencional. De acuerdo con el reporte, la resistencia tendría que recurrir a métodos asimétricos: emboscadas, sabotajes, drones y ataques seguidos de rápidos repliegues, inspirados en tácticas empleadas por los muyahidines afganos contra la Unión Soviética y posteriormente por los talibanes contra la coalición encabezada por Estados Unidos.
Los funcionarios citados subrayaron que aquello no era un plan operativo, sino un modelo conceptual. Tampoco afirmaron que existiera información sobre un ataque inminente. Aun con esas reservas, el ejercicio resulta extraordinario: algo que hasta hace poco pertenecía a la política ficción fue considerado lo bastante concebible como para ser estudiado.
Ahora imaginemos lo que puede estar pasando por la mente de los funcionarios mexicanos.
El caso de México es diferente y, en un aspecto importante, bastante más concreto. Trump ha planteado repetidamente la posibilidad de emplear fuerzas estadounidenses contra los cárteles dentro del territorio mexicano. La discusión ha rebasado la mera provocación retórica.
En abril de 2025, NBC News informó que la administración estadounidense estudiaba posibles ataques con drones contra dirigentes e infraestructura de los cárteles en México. El reporte se basaba en seis funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas armadas, agencias policiales y servicios de inteligencia de Estados Unidos.
No se había tomado ninguna decisión y las conversaciones se encontraban en una etapa preliminar. Además, un alto funcionario del Pentágono reconoció ante el Congreso que las fuerzas armadas no tenían autorización para atacar a los cárteles en México.
Pero la posibilidad se discutía.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que México rechazaría categóricamente cualquier acción militar unilateral y sostuvo que una intervención de ese tipo “no resolvería nada”.
En mayo de 2025, el asunto se volvió todavía más explícito. Trump confirmó que había ofrecido enviar tropas estadounidenses para ayudar a Sheinbaum a combatir a los cárteles.
“Si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros entrar y hacerlo”, declaró.
Sheinbaum rechazó la propuesta con una frase igualmente clara: “La soberanía no se vende”. México podía cooperar con Estados Unidos, explicó, pero nunca aceptaría la presencia de tropas estadounidenses realizando operaciones de combate en su territorio.
La diferencia entre ambos casos es importante. Canadá examinó cómo respondería a una agresión hipotética contra su territorio. En el caso mexicano, Washington ha considerado instrumentos militares concretos —incluidos ataques con drones— como parte de su política contra los cárteles.
La finalidad declarada no sería anexionar territorio ni conquistar México. Pero la cuestión de soberanía es semejante: ¿sigue siendo indispensable el consentimiento del país vecino para utilizar la fuerza militar dentro de sus fronteras?
Aquí es donde las experiencias canadiense y mexicana comienzan a converger.
En Canadá, la retórica de Trump bastó para que el primer ministro y los planificadores militares examinaran un escenario hasta entonces inconcebible. En México, el problema no se limita a lo que Washington podría hacer teóricamente en el futuro: la administración estadounidense ha estudiado ataques con drones y el propio presidente ha ofrecido enviar tropas.
Esto no significa que la intervención sea inminente ni que Washington disponga actualmente de autorización jurídica para realizarla. La designación de varios cárteles como organizaciones terroristas tampoco concede automáticamente ese poder.
Pero sí demuestra que una frontera tradicional comienza a discutirse: la que separa la cooperación estadounidense contra el narcotráfico de una posible intervención militar dentro de México.
Para México, no se trata simplemente de comparar capacidades militares. Se trata, fundamentalmente, de soberanía.
México ha cooperado ampliamente con Washington contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, el contrabando de armas y las amenazas fronterizas. Pero cooperar no equivale a aceptar una acción unilateral. Lo primero supone coordinación entre dos Estados soberanos; lo segundo establecería un precedente según el cual Washington podría decidir cuándo un problema de seguridad interna mexicano justifica el empleo de fuerzas estadounidenses.
También existe una lección estratégica más amplia. Canadá y México ocupan posiciones diferentes, pero ambos comprueban que una enorme asimetría económica y militar no elimina la necesidad de pensar en los peores escenarios.
Canadá ha modelado cómo podría resistir una invasión que casi todos consideran sumamente improbable. México ha tenido que afrontar la posibilidad de que Washington utilice la violencia de los cárteles como justificación política para proponer —o eventualmente emprender— operaciones militares dentro de su territorio.
Por eso la pregunta central para México no es si Estados Unidos se dispone a invadirlo. Es si la cooperación antinarcóticos puede transformarse gradualmente en intervención antinarcóticos.
Esa diferencia podría convertirse en uno de los problemas de soberanía más importantes de la relación bilateral durante los próximos años. México puede aceptar inteligencia, equipo, asistencia financiera y operaciones policiales coordinadas. Lo que ha rechazado es algo fundamentalmente distinto: tropas estadounidenses realizando operaciones de combate en territorio mexicano.
El ejemplo canadiense no debe descartarse como una reacción excéntrica a las palabras de Trump. Demuestra la velocidad con la que la retórica política puede ingresar en la planificación de seguridad nacional.
Para México, la pregunta es todavía más inmediata: no si Estados Unidos tiene la capacidad de intervenir —porque evidentemente la tiene—, sino hasta dónde estaría dispuesto a llegar en nombre de la lucha contra los cárteles y dónde trazará México la línea que no permitirá cruzar.