Tras unos días de pausa personal, esta columna regresa con fuerza para abordar un tema que marca un punto de inflexión en la agenda pública nacional. El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, un paso importante para enfrentar una de las fallas estructurales más persistentes del Estado mexicano: la exclusión de las mujeres del acceso real y efectivo a la justicia.
Este anuncio no se puede leer de forma aislada. Es parte de una estrategia institucional más amplia que comienza a atar cabos fundamentales: por un lado, la propuesta de reforma judicial con integración paritaria, que busca cambiar la configuración de un Poder Judicial históricamente androcéntrico; por otro, la incorporación de más de 800 abogadas con enfoque de género, capacitadas para acompañar y defender a mujeres víctimas de violencia. Dos pasos en la dirección correcta, si lo que se busca es transformar de raíz el sistema de justicia en México.
Uno de los principales factores de impunidad para las mujeres ha sido la falta de defensores, pues las víctimas suelen enfrentar procesos sin asesoría legal adecuada, sin recursos personales para afrontar procesos legales y con disyuntivas que son aporta de supervivencia como trabajar o denunciar, cuidar o pagar abogados. Es por eso que lograr esta red posiciona a la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, como la maquinaria que garantiza justicia.
Esta red de abogadas tiene un objetivo muy claro: cerrar la brecha entre las víctimas y sus derechos, a través de asesoría jurídica gratuita, defensa integral y presencia estratégica en procesos legales. Es decir, dejar de condenar a las mujeres a enfrentar solas el laberinto institucional que muchas veces las revictimiza más que el agresor. La atención contempla una línea de servicio abierto las 24 horas en el número 079 opción 1.
Pero este avance evidencia también lo que aún está pendiente. Y el eslabón más débil de toda esta cadena sigue siendo el mismo: las fiscalías.
De nada sirve tener Juezas mujeres sin garantizar que todo el poder judicial resuelva con perspectiva de género ni abogadas feministas si los Ministerios Públicos siguen operando bajo lógicas machistas, corruptas y opacas.
Un ejemplo de eso es Maha Schekaiban, quien ante los ojos de la fiscal de acusación María Isabel González Chávez merece 36 años de prisión por un delito que fue completamente fabricado y que se exhibió como el iceberg de la corrupción en la Ciudad de México, un caso que atendió personalmente la secretaria Citlalli Hernández y que llegó hasta la presidencia así como a las manos de la fiscal Bertha Alcalde, quien de inmediato tomó acciones. Esa punta de iceberg hoy nos muestra que lo más difícil de eliminar no es la corrupción en las cabezas de los equipos, sino cuerpos completos en los que las influencias pueden más que el sentido común, en donde las verdades legales deforman las realidades sugiriendo qué una víctima de violencia vicaria extrema es una delincuente de alto nivel. Ni agresores o corruptos han alcanzado penas como la que se pide para Maha, una madre que ha hecho lo que puede para proteger a sus hijos.
El acceso integral a la justicia requiere fiscalías depuradas, sin espacios para la corrupción, sin funcionarios que filtren información o ignoren las denuncias. Necesitamos procesos de digitalización que permitan la trazabilidad de los casos, que impidan la pérdida de carpetas y que transparenten cada paso, desde la denuncia hasta la judicialización.
La justicia no puede depender de la voluntad individual de una servidora pública empática. Pero hoy, contar con la voluntad política de la presidenta, de Citlalli Hernández así como de la Consejera Jurídica Ernestina Godoy, la jefa de Gobierno, Clara Brugada y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quienes fueron los dos primeros gobiernos en sumarse a este programa, hace la diferencia. La justicia debe ser una garantía estructural, sistemática y transversal. Por eso es urgente que la propuesta de transformación del Poder Judicial también contemple la reingeniería total de las fiscalías, que hasta ahora han sido el cuello de botella del acceso a los derechos.
Este paso merece ser reconocido y aprovechado por las miles de víctimas que van peregrinando entre las estadísticas del 90 por ciento de impunidad y apenas el uno o dos por ciento, dependiendo de cada entidad, de sentencias.
La construcción de los Centros LIBRE, espacios que brindarán atención jurídica, emocional y social a mujeres en situación de violencia, es otra pieza clave. Se proyectan 678 centros en 2025 con el objetivo de llegar a cada municipio del país. Pero estos espacios deben estar articulados con fiscalías eficaces y jueces comprometidos con la igualdad, o corren el riesgo de ser solo espejismos institucionales.
Estamos, quizá, ante una oportunidad única: construir un sistema de justicia con rostro de mujer, donde la paridad no sea una cuota, sino una herramienta para redistribuir el poder judicial y reparar las desigualdades históricas.
Pero para que eso ocurra, el enfoque debe ser integral: paridad en las cortes, defensoras públicas feministas, centros de apoyo reales, colaboración con colectivas, asociaciones y agrupaciones qué suelen ser el primer contacto para el acompañamiento y fiscalías sin impunidad.
La justicia no puede seguir siendo un privilegio de clase, de género o de contactos. Tiene que ser una realidad cotidiana para todas, especialmente para quienes hoy siguen esperando que el Estado las escuche, las crea y las defienda.
Porque si no es para garantizar la vida digna de las mujeres, entonces ¿para qué sirve el Derecho?