El presidente Barack Obama ha sido tildado de xenófobo y antimigrante. En su momento fue calificado como el “deportador en jefe” como resultado del gran número de indocumentados que fueron devueltos a México durante sus ocho años de gobierno.
A raíz de estos sucesos, y como consecuencia de estos datos, el presidente demócrata se granjeó la enemistad y el repudio de un buen número de mexicanos que lo consideraron hipócrita, pues detrás de su carisma y mensaje de tolerancia, se escondía –aseguraban ellos– un cariz autoritario.
Sin embargo, lo que no nunca se entendió es que las deportaciones llevadas a cabo por el gobierno de Obama tuvieron lugar en la frontera, a la vez que los indocumentados detenidos por la patrulla fronteriza eran hombres y mujeres de reciente ingreso, y que por tanto, no habían echado raíces, no trabajaban y no pagaban impuestos, ergo eran sujetos de caer en el mundo de la delincuencia.
El gobierno de Trump ha cruzado una línea jamás rebasada por sus antecesores. A diferencia de otros como Obama, Biden y Bush, las presentes autoridades federales han penetrado en el corazón mismo de las ciudades santuario en búsqueda de migrantes indocumentados.
Sin embargo, ante la falta de información sobre su información personal y localización, han implementado acciones de “identificación racial” en sitios tales como tiendas, fábricas o centros de trabajo.
Como he señalado, en contraste con las acciones de gobiernos anteriores, la presente administración, bajo la dirección de la temeraria Kristi Noem, no va tras los ilegales de reciente ingreso, sino tras individuos que residen en las ciudades, que quizás tienen familias, y que como consecuencia de la disfuncionalidad del sistema migratorio han permanecido en las sombras de la ilegalidad.
Esta disfuncionalidad no es más que el resultado de una ausencia de consensos legislativos en Capitol Hill en torno a una reforma migratoria que haga posible que millones de trabajadores indocumentados cuenten con estatus legal de residencia en Estados Unidos.
La parálisis en el Congreso se encuentra lejos de ser resuelta, pues los legisladores republicanos, preocupados por conservar el apoyo de sus representados, saben bien que el movimiento MAGA dicta sus prioridades políticas.
Por otro lado, los gobiernos estatales y locales, como es el caso de California, bien conscientes de estos vacíos jurídicos, y decididos a proteger a sus indocumentados pues contribuyen enormemente en tanto que parte fundamental de su capacidad productiva, han decidido protegerles frente a la embestida de las autoridades federales.
Donald Trump y su gobierno han perdido irremediablemente la brújula moral. Han lanzado a su país hacia un espiral de caos, confrontación y polarización crecientes. Mientras millones de personas sufren sus acciones, el presidente, en un narcisismo escalofriante e indigno de cualquier jefe de Estado, sueña con ser el rey absoluto de un país cuya naturaleza misma hoy ha sido sacudida.