Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz:
Hoy en la mañanera se habló de abusos de las compañías aseguradoras. Viene al caso, lo sugiero respetuosamente, que la presidenta de la nación y el líder del poder judicial lean, con cuidado, la siguiente advertencia incluida en un contrato de seguro de gastos médicos mayores. Más que advertencia contractual pareciera una amenaza mafiosa dirigida a un grupo social altamente vulnerable: las personas aseguradas adultas mayores.
‘Advertencia: En este seguro de gastos médicos, a partir de que el asegurado alcance una edad avanzada, las primas tendrán incrementos anuales que pueden ser cada vez más elevados, lo cual se debe a que la frecuencia y monto de reclamaciones de personas de esas edades se incrementa en forma importante. En este sentido, se advierte que, a partir de esas edades, el pago de primas de este seguro podría representarles un esfuerzo financiero importante’.
Cínicos. Si alguien pagó su seguro de gastos médicos toda la vida y nunca enfermó, cuando se jubile —esto es, cuando tenga menos dinero disponible en su bolsillo— casi seguramente no podrá pagar la póliza que, como advierte la aseguradora, “podría representarle un esfuerzo financiero importante”. Es una amenaza de expulsión del sistema evidentemente añadida al contrato como defensa ante demandas judiciales.
Esa es una gran injusticia. La mayoría de los mexicanos y las mexicanas no se enferman antes de llegar a la categoría de personas adultas mayores. Es decir, habrán pagado anualmente sin nunca ir al hospital. Pero cuando tengan que internarse, simple y sencillamente por dolencias en la edad avanzada, ya no tendrán seguro privado, así que se atenderán en las instituciones del Estado, que sin duda son bastante buenas pero que no tienen por qué dedicar recursos a atender a gente que toda su vida pagó para estar asegurada en el sector salud privado.
Existe una iniciativa de ley en el Senado. La sintetizo: Si alguien estuvo 25 años en el sistema de los seguros privados, pagando puntualmente, y llegó a los 65 años de edad, la póliza deberá incrementarse anualmente conforme a la inflación del país, no conforme a la inflación médica. Esta iniciativa la presentó el año pasado el senador nuevoleonés Waldo Fernández y se va a dictaminar en febrero de 2026.
Deberían senadores y senadoras añadir a la iniciativa de ley una compensación justa a quienes ya pagaron, a partir de sus 65 años de edad, incrementos muy superiores a la inflación. Podría hacerse bajo un esquema de devolución o de aplicación de descuentos en las siguientes pólizas.
Las compañías aseguradoras dirían que la compensación que propongo no procede por la famosa retroactividad, pero las personas afectadas tendrían la oportunidad de ir a tribunales, vía amparos indirectos; el poder judicial, no lo olvidemos, está para interpretar las leyes y, en este sentido, también legisla.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe intervenir, con autoridad política y sobre todo con su autoridad ética, para que tal proyecto de ley avance. Y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, una vez aprobada la nueva ley, tendría que invitar a grupos de la sociedad civil a organizar a personas adultas mayores que cuenten con seguros de gastos médicos a organizarse para demandar a las empresas. No veo por qué quien encabeza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podría realizar activismo jurídico en beneficio de un sector de la población, en este caso, las clases medias y altas.
Las compañías de seguros dirán, para defenderse, que el cálculo actuarial les obliga a cobrar muchísimo a la gente de más edad. En los poderes legislativo y judicial tendrán que responderles que se metan por donde les quepa, enrolladito, tal cálculo actuarial.
No debemos olvidar que frente a los derechos humanos —en este caso, los de las personas adultas mayores— no hay probabilidad financiera que valga, menos si se trata de un abuso de una rama de las matemáticas cuyo nombre se origina en probo: recordemos que probabilis no es un concepto que inicialmente se desarrolló para nombrar algo que probablemente pasaría, sino para designar un hecho que sea aprobable.
Antes una opinión probable era la de una persona sensata y honrada, proba. Ahora, por lo visto, en los cálculos actuariales la opinión probable es la de gente desalmada especializada en matemáticas que colabora en las empresas aseguradoras.
Enseguida la opinión anónima de un jurista de primer orden, juez durante toda su vida —llegó a la SCJN—:
Es inaceptable considerar que nuestro régimen constitucional, que pondera los derechos humanos de manera significativamente superior a las actividades que generan un lucro, tolere fórmulas mercantiles que vuelvan rehén a quien contrata un seguro, dejándolo inerme frente a los aumentos indiscriminados que cada año tiene que cubrir, sin importar su historia frente a la misma compañía con la que contrató.
Ninguna interpretación justa de la ley permitiría tantas licencias a quien hace uso de una autorización para operar un sistema de aseguramiento. El Estado, sus autoridades legislativas y los jueces y juezas deben reaccionar ante estos atropellos. Los límites frente a estos aumentos, en determinadas circunstancias, son implícitos.
A partir de cierta edad, los incrementos no podrán ser excesivos bajo ninguna circunstancia. Menos aún, con advertencias intimidatorias que generan zozobra a sus asegurados, para luego salirse con la gastada expresión “se lo dije”. Estas advertencias, que son amenazas, podrían interpretarse como delitos para denunciar penalmente a quienes dirigen las compañías aseguradoras.