Hace unos días, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, se develó un caso digno de documental político, casi un true crime: el misterio de la pensión vitalicia de María Amparo Casar, directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la ya conocida ONG del magnate Claudio X González. Una trama que se desenvuelve en el epicentro de Petróleos Mexicanos.

En octubre de 2004, un alto funcionario del gobierno de Fox, cayó del duodécimo piso de la Torre A de Pemex. Se trataba de Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien llevaba 129 días siendo director de la grandiosa institución mexicana, Pemex. Dejando a dos hijos y a una viuda, María Amparo Casar, quien entonces ya era conocida por su análisis político y su participación en el círculo de los intelectuales mexicanos, pero sobre todo porque también era funcionaria federal y se desempeñaba como coordinadora de Asesores de Segob.

Casar solicitó a Pemex el pago por Seguro de Vida de 17 millones de pesos, ayuda de gastos funerarios, pensión post-mortem a favor de sus dos hijos, la cual pidió cubrir hasta que llegaran a los 25 años de edad, y pensión post-mortem a su favor de más de cien mil pesos al mes.

Después de 20 años, esta historia vuelve a ser relevante con la publicación de los pagos generosos otorgados a Casar tras la muerte de su esposo. Más de 31 millones generan sospecha y preguntas como ¿Fue un acto de generosidad, una obligación legal o un pacto de complicidad entre las altas esferas del poder?

Los datos publicados del caso incluyen transferencias a cuentas bancarias personales y otros pagos. Y aunque un argumento del hoy director de Pemex, Octavio Romero, es que se otorgaron estas prestaciones antes de que la investigación terminara y que el tiempo que trabajó el esposo de Casar no le alcanzaba para tener una pensión vitalicia, queda la opción de haber sido un acto de generosidad. Y generosidad en una institución pública se puede entender como corrupción, sobre todo ¿si un trabajador común de Pemex hubiera enfrentado circunstancias similares, habría recibido un trato igual de generoso? En esto se sostiene la denuncia hecha por Pemex y mostrada en la conferencia.

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La denuncia es contra María Amparo Casar, acusada de encubrir la verdadera causa de la muerte de Márquez Padilla García, inicialmente calificada como un “accidente de trabajo” pero luego investigada como un suicidio.

La respuesta de Casar no se hace esperar. En entrevistas posteriores, ella niega las acusaciones y afirma que la suspensión del pago de su pensión ocurrió en febrero de 2024, iniciando trámites legales en respuesta a las denuncias. Se defiende, alegando que nunca se le informó sobre la causa real de la muerte de su esposo.

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Sin embargo, el ruido se generó cuando la dirección de Pemex declara su intención de recuperar los 31 millones de pesos otorgados a Casar.

En medio de las acusaciones y contraacusaciones, amigos de Amparo, opinadores, periodistas y gran parte de la oposición salieron a cuestionar el caso por la divulgación de los datos personales, caso que le toca investigar al INAI y que el gobierno justifica como caso de interés público,  incluso destacó que el Pleno del INAI resolvió un asunto con base en el artículo 112, Fracción II de la Ley de Acceso a la Información, el cual establece que no es factible reservar información vinculada con actos de corrupción.

El dilema que surge en medio de este escándalo radica en la delicada intersección entre la exposición de datos personales y la información de interés público. Si bien es fundamental proteger la privacidad de los individuos, especialmente en situaciones tan sensibles como fallecimientos, también es crucial mantener la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. En el caso de María Amparo Casar y la pensión vitalicia otorgada por Pemex, la revelación de datos personales se entrelaza con la necesidad de investigar posibles irregularidades y asegurar la integridad de las instituciones gubernamentales.