Australia ha nombrado por primera vez a una mujer como jefa del Ejército en los 125 años de historia de sus fuerzas armadas. Asumirá el cargo en julio. La decisión forma parte de una reestructuración del liderazgo militar y su carácter histórico no es menor: nunca antes una mujer de carrera había alcanzado el máximo puesto en una institución diseñada, desde su origen, como bastión de la masculinidad estatal.
La titular será la teniente general Susan Coyle, actual jefa de capacidades conjuntas, quien sustituirá al teniente general Simon Stuart, según informó el gobierno. Su nombramiento llega en un momento particularmente delicado. Por un lado, Australia intenta incrementar la presencia femenina en sus filas. Por otro, enfrenta una ola de acusaciones por acoso sexual sistemático y discriminación que pone en entredicho no solo prácticas individuales, sino la cultura institucional misma.
Los ejércitos son un laboratorio extremo sobre la naturaleza del poder. Como ha señalado Rita Segato, condensan el mandato de masculinidad en su forma más disciplinada y normativa: virilidad, fuerza, estrategia, frialdad, dureza, incluso crueldad. No es casual que hoy se romantice el estoicismo como filosofía de vida; su gramática emocional se parece demasiado a la que históricamente ha legitimado la violencia organizada. El ejército no solo protege al Estado, también lo encarna en su dimensión más áspera: el monopolio de la violencia que le otorga el contrato social.
Ahí radica una de las tensiones más incómodas para el feminismo institucional. La crítica al Estado ha insistido en que su arquitectura, sostenida en dispositivos de violencia, limita su transformación real incluso cuando incorpora a mujeres. Lo que suele ocurrir no es una feminización del poder, sino una adaptación de las mujeres a sus códigos. La incorporación no disuelve la estructura; la reproduce. En ese sentido, la llegada de Coyle plantea una pregunta incómoda: ¿qué tanto puede una mujer transformar una institución cuya lógica exige, para sobrevivir, la asimilación de los mismos valores que históricamente la excluyeron?
Dentro del ejército, esta tensión se intensifica. Resulta difícil imaginar una trayectoria militar femenina que no haya implicado confrontar, negociar o incluso espejear las conductas de sus pares varones, muchas veces en contextos donde está en juego lo más básico como la indemnidad sexual, la dignidad y la integridad física. La reciente demanda colectiva contra las Fuerzas de Defensa de Australia, que denuncia la falta de protección frente a agresiones sexuales y acoso se parece bastante a lo que pasa en nuestro país aunque con dimensiones e intensidades distintas pues vaya que México es cosa seria. Eso implica la desafortunada normalidad de una estructura que ha normalizado ciertas violencias como parte del costo de pertenecer. Tal vez el problema no es el país o el Estado si no la humanidad misma y la naturaleza de los hombres.
El ministro de Defensa, Richard Marles, calificó el nombramiento como un momento profundamente histórico. Lo es, sin duda. Pero la historia, por sí sola, no garantiza transformación. Actualmente, en aquel país las mujeres representan alrededor del 21% de las Fuerzas de Defensa y el 18.5% de los puestos de liderazgo. El objetivo es alcanzar el 25% para 2030. Las cifras importan, pero también importan las condiciones en las que esas cifras se producen.
Este episodio también tensiona una de las críticas más recurrentes al feminismo: aquella que equipara igualdad con la obligación de que las mujeres participen en la guerra o en el servicio militar. Detrás de ese argumento hay una premisa poco cuestionada: que el horizonte de lo político sigue siendo, inevitablemente, militar. Se reclama igualdad dentro del campo de batalla, pero rara vez se imagina un mundo sin él. Existen países que han prescindido del ejército y han apostado por modelos de seguridad civil, aunque estas alternativas suelen parecer ingenuas en un contexto internacional donde la violencia sigue siendo la lengua franca del poder.
A escala global, el problema es estructural. De poco sirve construir culturas de paz si el orden internacional continúa regido por liderazgos que conciben la guerra como instrumento legítimo, incluso cotidiano. La paradoja es evidente: se exige a los Estados desmilitarizarse en un entorno que premia, precisamente, lo contrario.
Por eso conviene observar con atención el caso australiano. No solo por el avance simbólico que representa, sino por la manera en que enfrentará su propia crisis interna de violencia sexual y su promesa de mayor equidad. Conviene también mirarlo en paralelo con otros contextos, como el de México, donde una mujer encabeza el Estado como presidenta y, por tanto, las fuerzas armadas, aunque no provenga de la carrera militar. Allí, como en Australia, persisten denuncias por acoso, abuso sexual y violencia feminicida dentro de las instituciones castrenses, en ocasiones perpetradas por superiores contra subordinadas.
La presencia de mujeres en la cúspide del poder militar no cancela las lógicas patriarcales, puede exponerlas, puede maximizarlas pero ahí está el interés en dar seguimiento a las fuerzas armadas australianas casi como un experimento que de ser exitoso, dará luces sobre cómo inyectar lógicas de paz a las armadas en tiempos de guerra. Y obliga a una pregunta más profunda, menos celebratoria y más necesaria: si la igualdad consiste en acceder a las mismas estructuras de violencia o en transformarlas hasta volverlas irreconocibles. Si se trata de que las mujeres se masculinicen con tal de pertenecer o de lograr que las instituciones se feminicen. Si es que tales palabras están cargadas de estereotipos y roles de género y en realidad, debamos nombrar en claves de violencia, si queremos instituciones menos violentas en su construcción o si asumimos alcanzar los estándares masculinos aceptados e institucionalizados de violencia para que las mujeres puedan ocupar aquellos espacios y ejercer de manera exitosa.