El diputado morenista Arturo Ávila forma parte, desafortunadamente, de la cúpula de la clase política mexicana. Sin hacer siquiera mención en este texto de sus consabidos lazos afectivos con miembros destacados del liderazgo partidista, se sabe que se ha ganado un espacio y un nombre en la mayoría de los medios de comunicación nacionales.
Privado de todo carisma, y con esa actitud soberbia y petulante que se ha hecho un rasgo común en la mayoría de los voceros del obradorismo, Ávila reconoció ayer, en un debate sostenido con Juan Zavala y Damián Zepeda en La Saga de Adela Micha, que las razones del SAT para prohibir que un cierto número de organizaciones de la sociedad recibiesen donativos deducibles de impuestos no eran otras que dañar a las personas morales independientes que, a su juicio, sirven a los intereses de la “derecha”. En otras palabras, expresó que, a diferencia de los argumentos esgrimidos por los funcionarios del SAT, la decisión derivó principalmente de razonamientos políticos.
Como ha sido informado, organizaciones como México Evalúa, IMCO y Mexicanos Primero, entre otras, no estarán habilitadas para que sus donantes puedan deducir sus aportaciones. En otras palabras, la decisión del SAT mermará gravemente los incentivos para que los financiadores de estos organismos continúen aportando recursos privados; cercenando, en los hechos, el actuar de estos organismos.
Otra organización que resultó severamente afectada en 2025 por la decisión del SAT fue Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Como se sabe, hoy es dirigida por Mario Amparo Casar; una mujer que ha sido, a su vez, vilipendiada por el morenismo por el supuesto fraude cometido tras la muerte de su esposo en las instalaciones de Pemex, y sobre todo, tras la publicación de su libro Los puntos sobre las íes. Desató en su momento, como pocos, la ira del expresidente AMLO.
MCCI fue la organización que sacó a la luz pública el escándalo de la Estafa Maestra, y desde luego, los reportajes relacionados con la corrupción morenista, incluido –no podía faltar- el propio Arturo Ávila y el supuesto tráfico de influencias que le condujo a insertarse en el círculo cercano de las élites militares y del senador Adán Augusto López.
En un país que se jacta de contar con un Estado de derecho vigente se esperaría que estas organizaciones pudiesen interponer un recurso de amparo ante las acciones del SAT. Sin embargo, se antoja como un escenario poco probable ante las más recientes reformas a la ley, y sobre todo, frente a la captura del poder judicial.
Frente al desmantelamiento de las instituciones del Estado responsables de vigilar el ejercicio del poder, las organizaciones de la sociedad civil y la prensa libre fungen hoy como únicos contrapesos. Si bien deben ser reguladas, pues ningún ente público o privado debe quedar al margen de la ley, la utilización facciosa de la autoridad en contra de organizaciones incómodas no puede ser interpretada sino como un elemento más de una estrategia perversa de concentración del poder.