Andrea Chávez y Julieta Ramírez son dos mujeres bien conocidas en el morenismo y en la opinión pública nacional. Ambas son senadoras, quieren ser gobernadoras y han sido sujetos de escándalos relacionados con posibles investigaciones y vínculos con la delincuencia organizada. Por otro lado, representan a la juventud femenina oficialista, cuyos valores, ética y convicciones políticas distan de generar confianza.
Chávez ha sido ligada al entorno inmediato de Adán Augusto López. Es considerada enemiga acérrima de la gobernadora chihuahuense Maru Campos, quien la ha acusado abiertamente de haber financiado su precampaña en el estado, mediante sus “unidades móviles”, con el dinero de la Barredora tabasqueña. Nada se ha comprobado, desde luego, y todo se ha limitado, hasta ahora, a dichos por parte de la prensa y de sus opositores. Su camino hacia la gubernatura de Chihuahua sigue en curso, pues no ha sido nombrada aún “defensora de la transformación” en su entidad. Sin embargo, es cuestión de tiempo.
Ramírez estuvo hace unos días en el ojo del huracán tras el reportaje de Televisa, que señalaba que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría revocado su visa por presuntos vínculos con el crimen organizado, y que estaría en conversaciones con el Departamento de Justicia. Ella lo ha negado todo, una y otra vez. Al igual que en el caso de Chávez, todo se mantiene en el campo de las investigaciones periodísticas, sin que exista confirmación oficial por parte del gobierno estadounidense, y mucho menos, de la FGR mexicana.
La legisladora bajacaliforniana, a diferencia de Chávez, ha sido recientemente confirmada como futura candidata de Morena al gobierno de su estado, por lo que se convertiría en la sucesora, como las encuestas parecen indicarlo, de su paisana Marina del Pilar Ávila, quien también ha sido protagonista de serias sospechas de involucramiento con los carteles de la droga. El caso de la gobernadora en funciones es sin duda más delicado, pues incluye un supuesto congelamiento de cuentas en el otro lado de la frontera.
Lo que sí es una realidad que Julieta Ramirez y Andrea Chávez son políticas controvertidas cuyas credenciales de honestidad y probidad han sido puestas en entredicho, y que pretenden convertirse en las mandatarias de los estados de Baja California y Chihuahua, dos entidades fronterizas con estrechos lazos de colaboración con Estados Unidos. Es lo que hay ¿Habrá sido la mejor opción para el futuro de los bajacalifornianos y chihuahuenses? Veremos.