Quién lo diría, aunque con múltiples cuestionamientos a cuestas, el político que pone contra las cuerdas al poderoso senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y figura central del obradorismo, es nada menos que Alejandro Moreno Cárdenas, senador del PRI y líder de un partido en crisis.
Pese a todo, Alito ha logrado poner al grupo Tabasco en aprietos al presentar una denuncia formal ante dos de las instituciones más poderosas del gobierno estadounidense: el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA) en la que acusa a Adán Augusto de presuntos vínculos con el crimen organizado, incluyendo una red de huachicol fiscal y operaciones de lavado de dinero.
“El cártel de Macuspana”
En conferencia de prensa, Moreno dio a conocer lo que llamó “El Cártel de Macuspana”. Una estructura delictiva en la que incluyó a quienes calificó como tres “narcogobernadores”: Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfonso Durazo (Sonora) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa), así como al exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, por presunto lavado de dinero, caso que, aseguró, ya motivó la intervención del Departamento del Tesoro de EUA en su casa de bolsa; además mencionó al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda y a dos de sus sobrinos como presuntos operadores del huachicol fiscal.
En el centro de esta red, situó a Adán Augusto López y a su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, actualmente recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano; como presuntos integrantes del grupo criminal “La Barredora”, al secretario de Educación y expresidente de Morena Mario Delgado y al hijo de AMLO, Andrés López.
La decisión de llevar la denuncia a instancias internacionales no es casual. Como se ha comentado en círculos políticos y mediáticos, el actual gobierno de Claudia Sheinbaum habría conformado un fuerte blindaje para proteger a sus figuras clave lo que ha imposibilitado que prosperen las denuncias presentadas en México.
Por ejemplo, el diputado del PAN Federico Döring denunció el 27 de agosto de 2025 a Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena y a otros actores del partido, por delitos relacionados con el huachicol fiscal; y, senadores del PAN y PRI han exigido que se investigue el supuesto financiamiento de campañas de Morena con recursos del crimen organizado, robo de combustibles y dinero público desviado, sin que nada pase.
Alito se preparó
Antes de su denuncia, Alito viajó al menos en tres ocasiones a Washington D.C. entre agosto y septiembre de 2025, para sostener reuniones con legisladores cercanos al presidente Donald Trump y con funcionarios de agencias clave del gobierno estadounidense.
Según sus propias declaraciones, aprovechó esos encuentros para advertir sobre los riesgos de que en México se instaure una “narcodictadura” encabezada por Morena.
No obstante, más allá del discurso, es evidente que detrás de la ofensiva también hay motivaciones personales. Moreno se considera traicionado por AMLO, Adán Augusto y Mario Delgado, luego de ser presionado mediante amenazas para que el PRI apoyara la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente en 2022.
En abril de ese año, Alito presentó el audio de una conversación telefónica con el senador Manuel Velasco, líder del Partido Verde y exgobernador de Chiapas. En la grabación, Velasco transmite una amenaza directa en la que advertía que si no apoyaba la reforma, “iban a ir con todo” en su contra.
Según Moreno, el mensaje provenía de Adán Augusto y del presidente. El audio sigue disponible.
El fondo de la reforma era encubrir la estructura legal que permitía la operación del huachicol fiscal.
Morena a la defensiva
El partido oficial ha cerrado filas para proteger a los tres personajes más señalados en esta trama: Adán Augusto López, Andrés López Beltrán y Mario Delgado.
Adán Augusto goza de fuero constitucional, cualquier acción legal en su contra requeriría un juicio de desafuero que, claramente, la mayoría morenista en el Congreso bloquearía. Andrés en su condición de hijo del expresidente y operador estratégico de Morena, tiene garantizada, hasta ahora, una total inacción por parte de la FGR; Mario Delgado, cuenta con el respaldo político de la presidenta Sheinbaum y no ha mostrado intención de separarse del cargo para enfrentar las acusaciones.
Ninguno ha dado señales de estar dispuesto a aclarar su situación legal. Por el contrario, todos se mantienen aferrados a sus cargos como escudos legales y políticos.
En este contexto, las denuncias promovidas por Alito ante instancias estadounidenses cobran una importancia estratégica. El Departamento del Tesoro, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional ya tendrían en su poder expedientes sólidos sobre el huachicol fiscal y los presuntos involucrados y, considerando que parte de las operaciones han tocado territorio norteamericano —en lavado de dinero y contrabando de combustibles—, no se descarta que en las próximas semanas se anuncien acciones legales.
Lo que parecía una jugada mediática de Alito Moreno, se ha convertido en una amenaza real para el círculo de poder de Morena. Logró no solo noquear políticamente a Gerardo Fernández Noroña con sus acusaciones previas, sino hacer tambalear a una de las figuras más influyentes del obradorismo: Adán Augusto López Hernández.
X: @diaz-manuel