Hoy se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, proclamado por la UNESCO en 1966. Durante décadas la meta fue enseñar a leer y escribir. Esa tarea sigue inconclusa en amplias zonas del país. Pero ha nacido un analfabetismo nuevo que no distingue clases sociales ni grados académicos: el de quien no sabe leer el entorno informativo en el que vive. Descifrar letras ya no basta. Hoy hay que descifrar pantallas, algoritmos e intereses. A ese saber se le llama alfabetización mediática e informacional. No es una moda pedagógica. Es una condición de ejercicio de derechos fundamentales. Y en México no existe como política pública. Conviene explicar por qué eso importa y qué hacer al respecto.

Primero. Hay que precisar el concepto. La alfabetización mediática e informacional es el conjunto de capacidades para acceder a la información, analizarla, evaluarla críticamente y producir contenidos propios de manera responsable. La UNESCO la impulsa desde la Declaración de Grünwald de 1982, cuando todavía se hablaba de televisión y prensa. El entorno digital multiplicó su urgencia. El fundamento jurídico no hay que inventarlo. Está en el artículo 6 constitucional, que garantiza el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Tres verbos que suponen un sujeto capaz. Quien no sabe distinguir un hecho de una opinión, una nota de un contenido pagado, un video real de uno fabricado con inteligencia artificial, tiene el derecho en el papel y carece de él en la vida. La titularidad formal sin capacidad real es una promesa incumplida. Nunca hubo tanta información disponible y tan poca capacidad instalada para procesarla: la abundancia sin criterio no informa, satura. Un doctorado, por cierto, no inmuniza contra un deepfake. La Corte Interamericana enseña desde la Opinión Consultiva 5/85 que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra social: comprende el derecho de cada persona a expresarse y el derecho de la sociedad a recibir información plural para formarse un juicio propio. Esa segunda dimensión es la que agoniza cuando las audiencias carecen de criterio, porque el mercado de las ideas solo funciona si alguien sabe comparar mercancías. La desinformación no se combate con censura, que siempre termina en manos del poder y castigando al crítico incómodo. Se combate con lectores que la detectan. El mejor antídoto contra la mentira no es el borrado: es el ciudadano que la reconoce, la descarta y la exhibe. Por eso la alfabetización mediática no es un tema educativo que le interese al derecho. Es un tema de derecho que se ejecuta en la educación. El matiz cambia todo: convierte una aspiración pedagógica en una obligación jurídica exigible.

Segundo. Si es condición de derechos, genera obligaciones estatales identificables. La primera vive en el artículo 3 constitucional, que ordena una educación orientada a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y a fomentar el pensamiento crítico. El mandato existe. El currículo lo ignora. No hay en la educación básica mexicana una formación sistemática y evaluable para leer medios, redes sociales y algoritmos, mientras países nórdicos la incorporaron hace años como materia obligatoria con resultados medibles frente a la desinformación. La segunda obligación habita en el apartado B del propio artículo 6: los derechos de las audiencias. La legislación de radiodifusión reconoce esos derechos y prevé defensorías de audiencia como garantes, y la nueva autoridad reguladora del sector ha emitido lineamientos en la materia. Ahí vive, casi clandestina, la alfabetización mediática: aparece en lineamientos y códigos de ética, sin presupuesto, sin dientes y sin evaluación. Las defensorías, que deberían ser escuelas cotidianas de lectura crítica, sobreviven como oficinas de trámite. Los medios públicos, que tendrían en esta materia su mejor justificación de existencia, tampoco la asumen como misión central. La autorregulación periodística, con defensorías del lector y códigos deontológicos, es el complemento natural: enseña con el ejemplo lo que la escuela debe enseñar con el método. La tercera obligación mira a las plataformas digitales. El Estado no puede ser censor, pero sí garante de condiciones: transparencia sobre el funcionamiento de los sistemas de recomendación, herramientas de verificación al alcance del usuario y protección reforzada de niñas, niños y adolescentes, cuyo interés superior ordena el artículo 4 constitucional. Las directrices de la UNESCO para la gobernanza de plataformas apuntan en esa dirección: capacitar al usuario, no administrar la verdad. Y el artículo 1o cierra la pinza con el principio de progresividad: lo poco que existe no puede desmantelarse. La ecuación es clara. Estado educador de capacidades, sí. Estado ministerio de la verdad, jamás.

Tercero. La paradoja mexicana es brutal. Somos un país hiperconectado y desprotegido. Decenas de millones de personas se informan principalmente en redes sociales, en plataformas diseñadas para capturar atención, no para formar juicio. Las encuestas oficiales miden cuántos se conectan; ninguna mide cuántos comprenden lo que consumen. Los menores socializan en ecosistemas algorítmicos que ningún adulto de su entorno domina del todo. Los adultos mayores son el blanco predilecto del fraude digital. Los costos ya no son hipotéticos: suplantaciones de identidad con voz e imagen sintéticas, extorsiones construidas con inteligencia artificial, linchamientos en línea que destruyen reputaciones en horas, desinformación sanitaria que cuesta vidas y desinformación electoral que envenena procesos, con las elecciones intermedias de 2027 ya en el horizonte. Cada uno de esos fenómenos tiene una víctima común: el ciudadano sin herramientas para dudar. Ningún ejército de verificadores profesionales alcanza para revisar lo que la inteligencia artificial generativa produce en un solo día. La brecha digital ya no es sólo de acceso, es de comprensión; la primera se cierra con antenas, la segunda únicamente con educación. La respuesta exige una política de Estado con cuatro piezas verificables. Uno: currículo obligatorio de alfabetización mediática e informacional desde primaria, con formación docente y evaluación periódica, no talleres decorativos ni ferias de temporada. Dos: defensorías de audiencia fortalecidas con autonomía, presupuesto y mandato educativo expreso. Tres: obligaciones de transparencia algorítmica y de herramientas de verificación exigibles a las plataformas que operan en México. Cuatro: medición oficial y periódica del criterio informativo de la población, porque lo que no se mide no se corrige. Nada de esto requiere reforma constitucional. Requiere decisión política. Y cuesta menos que cualquier campaña de comunicación social del gobierno en turno, con una diferencia de fondo: forma ciudadanos en lugar de administrar aplausos.

La alfabetización del siglo XIX formó ciudadanos capaces de leer la ley. La del siglo XXI debe formar ciudadanos capaces de leer al poder, venga de un gobierno, de un consorcio mediático o de un algoritmo sin rostro. Un país que celebra el acceso y descuida el criterio no forma audiencias: forma clientelas. La libertad de expresión necesita emisores libres. La democracia necesita, además, receptores lúcidos. Educar la mirada es, hoy, la primera política de derechos humanos. Todo lo demás llega tarde.

@evillanuevamx